El legislador provincial Matías Lapadula analizó la situación parlamentaria y económica de la provincia ante la inminente reunión de comisión prevista para este jueves, donde se abordarán dos proyectos vinculados a una moratoria impositiva solicitada por el sector comercial.
Río Grande. -En una entrevista con FM Master’s, el legislador Matias Lapadula explicó que en la reunión “tenemos prevista una reunión que tiene que ver con los dos asuntos que hay referidos a una moratoria de AREF, que fueron solicitadas, por las cámaras de comercio, que tienen que ver con la crisis que están atravesando, sobre todo de ventas, y que muchos afiliados se han retrasado en el pago de sus impuestos y están en una situación sumamente delicada”.
En esa línea, sostuvo que el objetivo es unificar los proyectos y brindar una herramienta de alivio, aunque advirtió: “la verdad que yo no lo veo como una solución, lamentablemente, porque si no se revierte la situación económica que tiene que ver con la caída profunda de las ventas en todo lo que es el comercio, por más moratoria que hagamos, dentro de un año vamos a volver a estar igual”.
Remarcó que la moratoria “no tiene Estado parlamentario”, pero aseguró que existe consenso político para avanzar: “hay por un lado un proyecto del Poder Ejecutivo que obviamente está consensuado con el AREF, y un proyecto de la Libertad Avanza que ha presentado y que seguramente más allá de que no tenga Estado parlamentario podemos trabajarlo y ponernos de acuerdo para tener un proyecto que pueda ser aprobado en una sesión sobre tabla”. Consideró “importantísimo que esté antes del fin de año” y enfatizó que “estamos todos los legisladores de acuerdo en que lo necesita el comercio”.
En relación con la suspensión de la última sesión, Lapadula fue contundente: “primero pedir disculpas a todos los fueguinos porque es vergonzoso lo que está pasando en la Legislatura, esto de no sesionar en más de cuatro meses y que al momento de sesionar se cancele la sesión”.
Criticó que el presupuesto no haya tomado Estado parlamentario y advirtió que el calendario legislativo está al límite: “ya estamos entrando a diciembre, el 15 de diciembre se terminan las sesiones ordinarias, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué es lo que pretende el gobierno?, no tener presupuesto, la verdad que es una vergüenza”.
Si bien reconoció que hubo una asamblea de APEL, sostuvo que la rapidez con la que se levantó la sesión genera dudas: “cuando uno tiene que dar muchas explicaciones, evidentemente algo hay”. Ante la consulta sobre si observa intencionalidad, respondió: “yo creo que sí”, y añadió que “todavía no había venido ningún legislador del oficialismo, yo estaba desde las diez de la mañana, por ejemplo, con el legislador Raúl Von der Thusen, sentados, esperando, y no llegó ni un solo legislador del bloque Forja”.
Sobre la reprogramación de la sesión, afirmó que “tiene que hacer el llamado nuevamente la Presidencia”, pero estimó que se realizará la semana próxima. Sin embargo, alertó: “tomando Estado parlamentario el presupuesto, ¿cómo vamos a hacer para analizarlo en una semana, en 10 días? Me parece muy poco tiempo”.
En ese sentido, insistió en que “creo que no hay intenciones de tener un presupuesto aprobado, me parece que otra vez el gobierno quiere tener un presupuesto reconducido que eso en definitiva les posibilita hacer un montón de cambios discrecionales y manejar discrecionalmente el presupuesto”.
Consultado sobre el dictamen de acuicultura, Lapadula sostuvo que mantiene su postura a favor del desarrollo pero criticó el texto acordado: “estoy totalmente de acuerdo con el dictamen de mayoría que está firmado y que se iba a tratar, y estoy en desacuerdo porque me parece que deja puertas abiertas a cuestiones y daños ambientales que pueden ser irreversibles”. Señaló como ejemplo que “cuando el artículo 3 del dictamen prohíbe la instalación de jaulas, por ejemplo, en el Beagle, claramente deja abierta la posibilidad de que se puedan instalar en cualquier otro lugar”.
Comparó la redacción del dictamen con la ley original: “la ley 1.355 establecía que se prohíba en aguas jurisdiccionales, lacustres y marítimas de la provincia, entonces era mucho más amplia la restricción”. Y cuestionó los argumentos de parte del oficialismo: “seamos serios, no existe autorizar algo, la ley es al revés, está todo permitido salvo lo que se prohíbe”.
Lapadula aclaró que considera viable la actividad solo bajo sistemas en tierra: “yo lo autorizaría solamente por lo que son sistemas RAS, que son sistemas en tierra, sistemas cerrados que no generan ningún tipo de impacto en nuestros ríos, en nuestros lagos, en nuestro mar”.
Indicó que la ley necesita una modificación porque el cupo permitido es demasiado bajo incluso para emprendimientos pequeños.
Sostuvo que la provincia podría tener oportunidades con especies como la trucha arcoíris: “hablamos siempre con sistema RAS, en tierra, no en las aguas de la provincia. En cambio, ir a lo que es Trucha Arcoíris podría permitir otras cosas, por ejemplo, desarrollo de genética propia, que eso es lo que hoy más vale en el mundo, el conocimiento”.
Finalmente, cuestionó que la normativa impulsada priorice únicamente la cría de salmones: “la ley está promoviendo únicamente la cría de salmones, no está promoviendo que la cadena de valor sea mucho mayor y quede en la provincia”. Y advirtió que competir con Chile, que tiene “30 a 40 años de experiencia” y maneja “el 50% del mercado internacional de salmón”, deja a Tierra del Fuego en una posición desventajosa si no diversifica su estrategia productiva.
