El secretario general de APEL, Jorge Brua, apuntó sin rodeos contra las declaraciones de la legisladora Myriam Martínez, quien había asegurado públicamente que la sesión del 19 de noviembre se suspendió “por una cuestión netamente gremial”. Lejos de esquivar la polémica, Brua no solo desmintió la versión, sino que acusó a sectores de la política de “buscar excusas donde no las hay” para justificar decisiones que, según él, “respondieron a internas y cálculos propios de la dirigencia”.
Ushuia.- Jorge Brua fue categórico al afirmar que “lo desmentí el mismo día, la suspensión no fue por APEL”, aseguró en diálogo con Radio Provincia.
En este sentido, resaltó que “el gremio ya había aclarado públicamente, e incluso antes de que se formalizara la suspensión, que la organización sindical no tenía ninguna responsabilidad en la caída de la sesión”.
Recordó que “yo lo desmentí el mismo día, antes de que se suspenda la sesión ya había salido en dos medios porque se empezó a correr que la iban a suspender por un problema gremial, eso es absolutamente falso”.
El dirigente explicó que “APEL se encontraba en asamblea permanente, una medida legítima que, según remarcó, no interfiere con el funcionamiento institucional ni implica un paro o una acción que impida sesionar”.
“Estábamos en asamblea, no de paro, las asambleas duran un tiempo determinado y después se sigue funcionando normalmente, la Legislatura podía funcionar como siempre.”
Brua detalló que “la asamblea se llevó adelante en el recinto porque la mayoría del personal legislativo trabaja allí durante las sesiones”,dijo, al tiempo que agregó que “no podíamos trasladar a los compañeros a otro lugar”, expresó, dejando en evidencia que el gremio actuó dentro de la normalidad y de sus facultades.
Críticas a la dirigencia política: “Van a sostener su mirada, aunque no sea verdad”
Consultado sobre si la situación fue tratada directamente con la vicegobernadora, Monica Urquiza, el titular de APEL confirmó que “sí, aunque reconoció que el eje de la reunión estuvo puesto en el reclamo salarial”.
No obstante, volvió a remarcar la “responsabilidad política en la construcción de un relato que, a su entender, buscó depositar la culpa en el sindicato”.
“Obviamente que la dirigencia política va a sostener su propia mirada, pero nosotros lo desmentimos totalmente, fue una decisión política suspender la sesión, no una cuestión gremial”.
El mensaje fue nítido para Brua, señalando que “Martínez y quienes repitieron su versión buscan trasladar a APEL un costo político que no les corresponde”.
Un acuerdo salarial que destrabó el conflicto y obligó a fijar posiciones
Brua confirmó que “APEL finalmente alcanzó un acuerdo con la Legislatura, lo que permitió levantar las medidas y normalizar la actividad”.
El esquema salarial pactado contempla incrementos para noviembre y diciembre, similares a los que obtuvieron otros gremios de la administración pública, un componente de la discusión del adicional legislativo, que se aplicará en enero y el segundo tramo de ese adicional quedará para negociación en el primer trimestre de 2026.
“A partir de hoy se va a aplicar el 50% del adicional legislativo que veníamos reclamando, la otra parte la discutiremos en marzo”.
Según explicó, los aumentos rondan entre 9% y 10%, en línea con lo acordado en otros sectores como Justicia, Ejecutivo Provincial y SUTEF, entre otros.
Sobre el impacto directo en los salarios, evitó precisar cifras por no tener la escala actualizada a mano, pero sí adelantó que las categorías más bajas llegarán al salario mínimo, vital y móvil, uno de los reclamos centrales del sindicato.
Río Grande: el conflicto del Concejo Deliberante sigue abierto
El dirigente también fue consultado por la situación salarial del personal del Concejo Deliberante de Río Grande, donde existe un reclamo paralelo.
Brua aclaró que “el acuerdo alcanzado en la Legislatura no abarca a esos trabajadores, ya que se trata de un reclamo de naturaleza distinta”.
Sin embargo, anticipó que el diálogo está encaminado, dado que “tengo entendido que vamos a llegar a un acuerdo, hay conversaciones avanzadas y esperamos que se concrete en las próximas horas o días”.
Un cierre en tono desafiante
Antes de finalizar la nota, Brua volvió a subrayar el punto central de la polémica, donde APEL no fue responsable de la suspensión de la sesión del 19 de noviembre.
“Lo repito: no fue culpa de APEL. No somos responsables de esa suspensión. Fue una decisión política, no gremial”.
Por último, Brua, optó por un cierre seco, casi a modo de mensaje interno hacia la política fueguina al sostener que “negamos absolutamente esa versión y ellos también lo saben”, concluyó.
