Tras la aprobación de una norma vinculada a la actividad salmonera, la referente ambiental cuestionó con dureza el accionar legislativo, habló de irregularidades institucionales, denunció presiones políticas y aseguró que la medida será judicializada por inconstitucional.
Río Grande. -Por Radio Provincia, la referente ambiental Nancy Fernández manifestó su rechazo a la reciente votación legislativa vinculada a la habilitación de actividades salmoneras en Tierra del Fuego y denunció un clima de tensión inédito dentro de la Legislatura. “Estuvimos desde las diez de la mañana hasta las dos de la madrugada haciendo presencia en la Legislatura, y algunos se quedaron esperando a que salgan los legisladores para expresar el descontento de lo que habían decidido”, relató.
Fernández comparó lo ocurrido con antecedentes polémicos del pasado: “Esto me hace acordar al año que entregaron las 10.000 hectáreas del corazón de la isla. Fue algo parecido en términos políticos, ideológicos y ambientales”. En ese sentido, remarcó que el acceso del público estuvo severamente restringido: “No nos dejaban ingresar a la Legislatura, solo pudimos entrar tres personas, lo cual demuestra que estaban haciendo algo que al pueblo le molestaba”.
Sobre el momento de la votación, describió un clima de absoluto silencio y sorpresa: “Cuando se produce la votación se hace un silencio absoluto, nadie abría la boca. La gente quedó como que no se lo esperaba, sinceramente creo que muchos pensaban que iba a ser distinto”. Según contó, tras las expresiones de rechazo, la respuesta fue la intervención policial: “Las tres mujeres que estábamos adentro empezamos a gritar y nos mandaron a la policía para que nos saquen. Parece que les tienen miedo a tres mujeres”.
La ambientalista calificó la situación como “gravísima” desde el punto de vista institucional. “Es la primera vez que vemos tanta policía, que nos toman los documentos, que nos piden nombre y apellido para ver quién podía entrar. Evidentemente es gravísimo, institucionalmente es gravísimo”, sostuvo, y agregó que en temas ambientales “es la primera vez que vemos tanta tensión”.
Fernández apuntó directamente contra la legitimidad del proceso legislativo: “Lo que más enojó a la comunidad es que el proceso para sacar esta ley fue fraudulento, es un proceso enviciado, con vicios procedimentales que deslegitiman lo que acaban de aprobar”. En esa línea, aseguró: “Este proceso es absolutamente ilegítimo, es anticonstitucional, no se respetaron ninguno de los reglamentos que establece la propia Cámara”.
También cuestionó los argumentos de quienes defendieron el proyecto: “Usaron argumentos realmente infantiles, porque no había forma de defenderlo. Ninguno de los legisladores que defendieron el proyecto pudo decir una palabra sólida”. Incluso ironizó sobre errores durante el debate: “El legislador Greve ni siquiera sabía qué ley estaba cambiando, a ese nivel estamos”.
Uno de los puntos que generó mayor indignación fue el cambio de postura de algunos legisladores. Fernández señaló especialmente el caso de Matías Lapadula: “Hasta el viernes decía en todos los medios que no iba a acompañar este dictamen, y de repente dijo ‘no puedo no votar’. Fue el voto que dio los ocho votos para que salga”. Y añadió: “Yo todavía creo en la palabra, y lamentablemente no podemos creer más”.
La referente ambiental también cargó contra el Poder Ejecutivo provincial. “Mienten. El gobernador miente y juega con la ilusión y la desesperación de las personas, haciéndoles creer que esto va a generar trabajo”, afirmó. Según explicó, la instalación de salmoneras “no es redituable” y aseguró: “No se va a instalar una salmonera en Tierra del Fuego, ni una, porque se va a judicializar o se va a impugnar todo”.
En otro tramo, denunció la participación de funcionarios cuestionados: “Esto viene de la mano de un personaje muy cuestionado, el subsecretario Marcioni, que se escapó de otras provincias con causas judiciales por corrupción. El gobernador avala a este tipo de gente, esos son sus funcionarios”.
Fernández consideró que el accionar del gobernador fue especialmente grave por sus promesas previas: “En 2019 convocó a todas las organizaciones ambientalistas y nos pidió que lo ayudemos con la agenda ambiental. Nos necesitó para ganar las elecciones y ahora se dio vuelta como una media. Eso lo vuelve más perverso”.
Finalmente, confirmó que avanzarán por la vía judicial. “Vamos a ir con una causa de inconstitucionalidad y una causa por intereses difusos ambientales, principalmente por el principio de no regresividad ambiental”.
“Más allá de ganar o perder una votación, lo que tenemos que velar como ciudadanos es por la constitucionalidad y el respeto de las normas, porque si no, esa ley carece de todo valor”, cerró.
