El intendente de Tolhuin Daniel Harrington advirtió sobre la falta de debate, la desproporción en la asignación de recursos y reclamó que el Concejo Deliberante acompañe con proyectos que aporten soluciones concretas a la ciudad. De esta manera, el jefe comunal expuso su preocupación por el crecimiento del presupuesto legislativo y sostuvo que no se ve reflejado en una mejora tangible para los vecinos.
Tolhuin.- El intendente Harrington cuestionó con dureza al Concejo Deliberante de esta ciudad y advirtió sobre un “bloqueo institucional a la gestión municipal”.
En dialogo con FM Master’s, el jefe comunal denunció la “falta de debate, decisiones contradictorias, intereses ajenos a la ciudad y una dinámica institucional que lejos de contribuir al desarrollo de Tolhuin, se ha transformado en un obstáculo permanente para la gestión del Ejecutivo”.
Uno de los principales focos de conflicto expuestos por Harrington fue la aprobación de un presupuesto que calificó como “coactivo” para el municipio.
Según explicó, el Concejo Deliberante avanzó con una “quita de recursos al Ejecutivo sin ofrecer alternativas claras de compensación, en un contexto donde el municipio debe sostener servicios esenciales, ejecutar obra pública y responder a una creciente demanda social”.
El intendente remarcó que “el incremento del presupuesto del Concejo resulta desproporcionado en relación al resto de las instituciones”.
Detalló que el “cuerpo legislativo local concentra cerca del 26 a 27 por ciento de los recursos coparticipables, una cifra que consideró irrisoria si se la compara con otros niveles del Estado”.
En este sentido, realizó comparaciones y al respecto sostuvo que “el Concejo Deliberante de Ushuaia representa alrededor del 8 por ciento del presupuesto municipal, el de Río Grande poco más del 7 por ciento, y la Legislatura provincial cerca del 4 por ciento del presupuesto total de la provincia”.
“Que las instituciones tengan más recursos no me molesta, lo que no se ve es que eso se refleje en más trabajo o mejores respuestas para la sociedad”, sostuvo Harrington, quien cuestionó la “escasa actividad legislativa, la frecuencia de las sesiones y el tratamiento de los proyectos enviados por el Ejecutivo, muchos de los cuales pasan a comisión y terminan perdiendo estado parlamentario sin ser discutidos”.
En ese marco, el intendente planteó una “contradicción central, mientras el Concejo reclama mayores recursos, no acompaña iniciativas destinadas a mejorar la recaudación ni a optimizar el uso de los bienes municipales”.
Mencionó, entre otros puntos, el proyecto de actualización tarifaria impulsado por el Ejecutivo que “propone modificar el valor del módulo y que permanece sin tratamiento, a pesar del crecimiento de los servicios, la expansión urbana y las inversiones en infraestructura realizadas por el municipio”.
Harrington fue más allá y advirtió que el “accionar del Concejo no solo se limita a la discusión presupuestaria, sino que configura un esquema de control excesivo que invade competencias propias del Ejecutivo”.
“Hoy parece que todo lo que hacemos tiene que pasar primero por el Concejo. Se transforman más en un control interno que en un órgano legislativo”, señaló, cuestionando una lógica que, a su entender, se “superpone incluso con normativa vigente de orden provincial y nacional”.
En ese sentido, denunció que “algunos de los fundamentos utilizados para rechazar o modificar el presupuesto municipal se contradicen con leyes de contabilidad, normas de consenso fiscal y ordenanzas previamente sancionadas por el propio Concejo”.
“Se contradicen con su propia normativa y después no reconocen esa situación, y el perjudicado termina siendo el municipio”, afirmó.
El intendente también vinculó estas decisiones con consecuencias directas sobre los trabajadores municipales.
Al respecto, señaló que “el Ejecutivo no incrementó su planta política ni su estructura de personal, mientras que los recortes presupuestarios afectan partidas esenciales como alquileres, servicios básicos, seguros, combustible, mantenimiento de maquinaria vial y gastos vinculados a áreas sensibles como sanidad animal, en una provincia atravesada por la problemática del perro silvestrado”.
En contraposición, Harrington sostuvo que el “Concejo mantiene una estructura sobredimensionada, con alrededor de 80 empleados y una elevada carga salarial, al tiempo que acumula deudas que, en algunos casos, superan las del propio municipio, pese a contar con menos personal y mayores recursos”.
Recordó incluso que el “Ejecutivo debió recurrir a una medida cautelar para poder modificar partidas y transferir fondos al Concejo con el objetivo de garantizar el pago de sueldos, en un contexto donde las restricciones impuestas por el propio cuerpo legislativo hacían inviable la operatoria administrativa”.
Desde una mirada política más amplia, Harrington afirmó que “el conflicto excede las diferencias ideológicas y responde a intereses foráneos y a disputas vinculadas al ordenamiento territorial y a los recursos estratégicos de Tolhuin”.
Señaló que “decisiones como la regularización del uso del suelo, el desarrollo de senderos turísticos, la protección de áreas sensibles y el control sobre urbanizaciones en zonas como la costa del lago Fagnano o el acceso a las termas han afectado intereses económicos que ahora buscan condicionar la gestión municipal”.
“Tolhuin tiene tierra, recursos, potencial y ordenamiento. Eso genera apetencias y no es ilógico pensar que algunos actores políticos estén siendo utilizados para garantizar intereses a futuro”, sostuvo el intendente, quien aseguró realizar estas afirmaciones “con responsabilidad” y con pleno conocimiento del impacto que tienen en una comunidad pequeña.
Consultado sobre la composición del Concejo Deliberante, Harrington diferenció a los bloques que “acompañaron gestiones anteriores de aquellos concejales que, según dijo, cambiaron abruptamente de posición política tras los resultados electorales”.
En ese punto, denunció una oposición “por enojo” y una actitud “obtusa” que prioriza el conflicto antes que el diálogo institucional, a pesar de los reiterados intentos del Ejecutivo por canalizar las diferencias a través de instancias formales.
A pesar del escenario complejo, Harrington aseguró que “no bajará los brazos y que continuará gestionando con los mismos objetivos que trazó al asumir en 2019”.
Reconoció la dificultad del “contexto económico nacional y provincial, pero defendió los avances logrados en infraestructura urbana, servicios y calidad de vida, que, según afirmó, constituyen uno de los principales legados de su gestión”.
Finalmente, el intendente expresó su preocupación por el impacto que “este tipo de conflictos tiene en la convivencia institucional y en la percepción ciudadana sobre la política y lamento tener que hablar de estas cuestiones en una comunidad con tanto por desarrollar”, afirmó, al tiempo que “llamó a recuperar el diálogo, la responsabilidad y el compromiso con el interés general de Tolhuin”, concluyó.
