Sin pronunciarse sobre la conveniencia política de la decisión legislativa, el Defensor Público Oficial Federal del Interior, José Bongiovanni, cuestionó la forma y el momento en que se impulsa la ampliación del ejido urbano de Ushuaia y reclamó mayor acceso a la información pública, participación ciudadana efectiva y aplicación del principio de precaución ambiental en una iniciativa que compromete derechos constitucionales y trasciende generaciones.
Ushuaia.- José Bongiovanni expresó su “profunda preocupación” por la iniciativa legislativa que busca extender el ejido urbano de la capital fueguina y reclamó mayor participación ciudadana, rigor técnico y respeto por los derechos ambientales protegidos por leyes federales.
La discusión por la ampliación del ejido urbano de Ushuaia sumó en las últimas horas una advertencia institucional de peso. A través de una nota formal dirigida a los legisladores provinciales, el Defensor Público Oficial Federal del Interior del País en Tierra del Fuego, José Bongiovanni, expresó su preocupación por el avance del proyecto de ley que propone extender la jurisdicción urbana de la ciudad capital, cuestionando tanto el momento político elegido para su tratamiento como la falta de debate ciudadano, planificación urbana y abordaje técnico de los impactos ambientales.
La intervención no es menor. Bongiovanni no se expresa como un actor sectorial ni como una voz militante, sino desde su rol de máxima autoridad federal local en materia de promoción y protección de los derechos humanos, función que ejerce conforme al artículo 120 de la Constitución Nacional y la Ley 27.149. Su pronunciamiento pone el foco en un punto central: decisiones de esta magnitud no pueden adoptarse sin legitimidad democrática suficiente, especialmente cuando comprometen derechos ambientales y territoriales de jerarquía constitucional.
Un llamado desde la institucionalidad federal
En su nota, el Defensor recuerda que la institución a su cargo ha mantenido históricamente una actitud de “responsable neutralidad”, acompañando demandas sociales vinculadas a derechos fundamentales, en particular aquellos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, incorporado a la Constitución Nacional por el artículo 75 inciso 22.
Bongiovanni respalda su autoridad citando antecedentes concretos de intervención del Ministerio Público de la Defensa en Tierra del Fuego: el monitoreo ambiental de la estación de servicio YPF del barrio Pipo, el Corredor del Beagle y el proyecto Fénix de exploración hidrocarburífera offshore. Es decir, no se trata de una opinión aislada, sino de una posición coherente con una línea de actuación sostenida en materia ambiental.
Una agenda legislativa cargada y decisiones que trascienden generaciones
El pronunciamiento se inscribe, además, en un contexto legislativo particularmente sensible. El Defensor observa que la Legislatura fueguina viene abordando en poco tiempo proyectos de alto impacto ambiental y estructural, como la modificación de la ley de acuicultura, el acuerdo con YPF y la gestión del pasivo ambiental a través de Terra Ignis, y ahora la ampliación del ejido urbano de Ushuaia.
Para Bongiovanni, este tipo de iniciativas afectan directamente la construcción de la identidad fueguina y la sostenibilidad de lo que el Papa Francisco denominó “nuestra Casa Común”. En ese marco, advierte que la velocidad del tratamiento legislativo no puede ir en detrimento de la calidad democrática del debate, sobre todo cuando se trata de decisiones que “trascienden generaciones”.
Falta de participación ciudadana y oportunidad política cuestionada
Uno de los ejes más críticos de la nota es la ausencia de un proceso amplio de participación ciudadana. El Defensor considera inconveniente que la ampliación del ejido urbano se impulse sin consenso social suficiente y en una época del año que “sin dudas no es la mejor para garantizar la transparencia y participación popular necesarias”.
El señalamiento no es técnico, sino político-institucional: una ley de estas características, aprobada sin un debate robusto y abierto, corre el riesgo de carecer de legitimidad democrática deliberativa, un concepto cada vez más relevante en el análisis de políticas públicas complejas.
La experiencia urbana de Ushuaia como advertencia
Bongiovanni refuerza su postura con un argumento difícil de rebatir: la historia reciente de la urbanización en Ushuaia. Recuerda que la ciudad arrastra graves consecuencias de la falta de planificación, visibles en desmontes injustificados, urbanizaciones precarias y familias asentadas en zonas no aptas, sin acceso adecuado a servicios básicos.
La advertencia es clara: ampliar el ejido urbano sin resolver los déficits estructurales del actual implica profundizar problemas ya existentes. Barrios altos y sectores populares continúan denunciando falencias severas en gas, agua, electricidad y gestión de residuos cloacales. Frente a esa realidad, habilitar nuevos territorios sin un plan integral aparece, en palabras del Defensor, como un riesgo concreto.
Un territorio atravesado por leyes federales
Otro punto central del rechazo es el encuadre jurídico del territorio que se pretende incorporar al ejido urbano. Bongiovanni subraya que no se trata de un espacio que pueda quedar bajo una gestión exclusivamente local: allí existen glaciares, humedales, bosques y cuencas hídricas protegidos por leyes federales, de máxima jerarquía normativa.
Además, recuerda que en estas materias el poder de policía lo ejerce el Gobierno Provincial, lo que complejiza aún más cualquier intento de simplificación administrativa o política del área involucrada. La advertencia es implícita pero contundente: una ampliación mal diseñada puede entrar en colisión con normas nacionales y provinciales vigentes.
Argumentos técnicos no refutados y rechazo de organizaciones ambientales
El Defensor también pone el foco en el debate técnico. Señala que los fundamentos expuestos por la especialista que representó al Colegio de Arquitectos no han sido debidamente refutados en comisión, lo que deja en evidencia un déficit en la calidad del tratamiento legislativo.
A ello se suma el rechazo público de organizaciones ambientales reconocidas, como la Asociación Manekek y otras ONG dedicadas a la protección del medio ambiente, que advierten sobre los riesgos de habilitar un espacio de gran envergadura sin una planificación concreta de usos y con intereses ambientales de máxima jerarquía en juego.
Prudencia, derechos preexistentes y legitimidad democrática
En su conclusión, Bongiovanni solicita “extrema prudencia” en el tratamiento del proyecto. Advierte que el procedimiento seguido hasta el momento no garantiza adecuadamente el acceso a la información ni la participación ciudadana, elementos esenciales para la validez democrática de una decisión de esta magnitud.
Además, subraya que los derechos en juego —bosques nativos, recursos hídricos, humedales— están protegidos por leyes nacionales y provinciales, y que su afectación exige un debate más amplio, profundo y participativo, capaz de resguardar los derechos preexistentes de la ciudadanía sobre el territorio.
Una advertencia que no debería ser ignorada
La nota del Defensor Público Federal no ordena ni prohíbe, pero sí marca un límite institucional claro. Ignorarla implicaría asumir el costo político y jurídico de avanzar con una ampliación del ejido urbano sin consenso social, sin respuestas técnicas suficientes y con serios interrogantes ambientales.
En un escenario donde las decisiones territoriales tienden a judicializarse, el mensaje de Bongiovanni funciona como una advertencia temprana: sin planificación, participación y respeto por el marco normativo, la expansión urbana puede convertirse en un nuevo foco de conflicto estructural para Ushuaia.
