La legisladora de La Libertad Avanza justificó la avanzada nacional sobre el Puerto de Ushuaia, habló de entre 5.000 y 6.000 millones de pesos desviados, defendió la intervención financiera y apuntó directamente contra el gobernador Gustavo Melella. Mientras promete “orden y transparencia”, evita responder sobre el “impacto real en los trabajadores y admite zonas grises en el destino de los fondos”.
Ushuaia.- La intervención del Puerto de Ushuaia dejó de ser un conflicto técnico para convertirse en un campo de batalla político, y la legisladora de La Libertad Avanza, Natalia Graciania, decidió pararse sin matices del lado del Gobierno nacional.
En una extensa entrevista con Radio Provincia, la parlamentaria defendió la medida adoptada por la Administración Nacional de Puertos (ANPYN), respaldó el desplazamiento de las autoridades provinciales y apuntó de lleno contra el gobernador Gustavo Melella, a quien acusó de “desmanejo, mala administración y abandono de las áreas estratégicas del Estado”.
Según Graciania, la “intervención no fue una decisión improvisada ni arbitraria, sino la consecuencia directa de auditorías y advertencias reiteradas que el Gobierno provincial habría ignorado durante meses”.
“La Autoridad Portuaria Nacional encontró una situación muy compleja”, sostuvo, al “enumerar deficiencias estructurales, operativas y de gestión que, dijo, ponían en riesgo la seguridad, la funcionalidad y la sustentabilidad del puerto.
Fondos desviados y obras inexistentes
Uno de los ejes más duros del planteo de la legisladora libertaria fue el uso de los recursos del puerto y al respecto dijo que “de acuerdo a la información que le brindó el interventor designado por ANPYN, se detectaron convenios de colaboración por al menos 5.000 a 6.000 millones de pesos firmados con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud de la provincia”, afirmó.
“Ese dinero, que debía reinvertirse en infraestructura portuaria, habría sido utilizado para financiar déficit del gobierno provincial, mientras el muelle acumulaba deterioro”, sostuvo. Graciania fue contundente y manifestó que “apenas el 1,3% de los fondos recaudados por el puerto se destinó a obras, frente a un 30% usado para asistencias al Ejecutivo provincial y un 55% absorbido por gastos salariales”.
“Eso explica por qué el puerto no estaba en condiciones mínimas”, sentenció, y justificó así la intervención financiera al señalar que “el dinero que ingresa tiene que volver al puerto, no tapar agujeros de la provincia”.
La intervención como “mal menor”
Lejos de presentar la medida como un atropello a la autonomía provincial, Graciania la describió como “la decisión menos gravosa” que podía tomar Nación.
Según su mirada, la alternativa era aún peor como “el cierre total del puerto”, algo que advirtió “hubiera tenido consecuencias devastadoras para la economía fueguina, la temporada de cruceros y el rol estratégico de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida”.
“ANPYN hizo lo que tenía que hacer, el problema es que se encontró con un gobierno que tuvo tiempo de corregir y no lo hizo”, disparó.
En ese marco, descartó de plano las versiones que hablan de una supuesta entrega del puerto a intereses extranjeros o estadounidenses, calificándolas de “disparatadas y funcionales a desviar la atención del verdadero problema como es la gestión provincial”.
Trabajadores en el medio y respuestas incompletas
Sin embargo, cuando la discusión se trasladó al impacto concreto sobre los trabajadores del puerto, el discurso comenzó a mostrar fisuras. Graciania reconoció que “una parte del personal fue desafectada temporalmente, bajo licencias mientras dure la intervención, y aseguró que las relaciones laborales están claras”.
Respecto al resto de los empleados, trasladó la responsabilidad al Gobierno provincial y afirmó que la Dirección de Puertos “tiene fondos suficientes” para afrontar los salarios.
No obstante, evitó precisar cómo, con qué recursos y por cuánto tiempo, en un contexto donde desde la conducción provincial se advierte que no está ingresando un solo peso de la recaudación portuaria.
Consultada sobre las denuncias de desorden interno y falta de información desde la intervención, se limitó a repetir que “la intervención es administrativa, técnica y financiera, y que recién después de la temporada alta de cruceros se iniciarán las obras prometidas”.
OSEF, una ley votada y un destino incierto
Otro punto sensible fue la relación entre el puerto y la crisis de OSEF, para lo cual, Graciania admitió que “votó junto al resto de la Legislatura la ley que habilitaba el uso de fondos portuarios para asistir a la obra social, pero que lo hizo en un contexto desesperante y bajo el aval del propio Ejecutivo provincial”.
“La ley está vigente, pero no me consta que el dinero haya sido transferido”, afirmó, dejando al descubierto un circuito opaco que nadie termina de explicar.
Una definición política sin matices
En el cierre, la legisladora de La Libertad Avanza dejó en claro su posicionamiento señalando que “la intervención del puerto no es un ataque a Tierra del Fuego, sino el resultado de años de mala gestión del gobierno de Melella”.
Además, extendió esa crítica a educación, salud y seguridad, áreas que “muestran el mismo patrón de abandono”.
“El puerto es estratégico y debería haber sido cuidado, no lo fue, Nación vino a ordenar lo que la provincia desordenó”, resumió.
Mientras el conflicto sigue abierto, con trabajadores en alerta, fondos retenidos y una pulseada judicial en marcha, la intervención del Puerto de Ushuaia expone algo más profundo como lo es la fractura política entre Nación y Provincia, y un escenario donde los discursos de transparencia chocan con una realidad cargada de interrogantes que, por ahora, siguen sin respuesta.
