El consejero del Consejo de la Magistratura, Alejandro Pagano Zavalía, trazó un diagnóstico sin eufemismos sobre la Justicia fueguina y anunció un paquete de reformas que apunta a terminar con los sesgos en los concursos, frenar las jubilaciones estratégicas y acelerar los juicios políticos. “La demanda social de transparencia ya no admite privilegios”, advirtió.
Río Grande.- En los estudios de FM Ártika, el abogado y consejero del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego dejó en claro que “la Justicia de Tierra del Fuego atraviesa un momento bisagra, no habló de crisis terminal, pero sí de una etapa de redefinición institucional donde el sistema debe decidir si se aggiorna a las exigencias de transparencia o queda atrapado en lógicas corporativas que erosionan la confianza pública”.
Concursos anónimos: cambiar la lógica en una provincia chica
El eje más disruptivo de su propuesta es la implementación de concursos anónimos para la selección de magistrados, donde en términos técnicos, la iniciativa supone que “quienes corrigen los exámenes no conozcan la identidad del postulante hasta la instancia de entrevista personal”.
En una jurisdicción pequeña como Ushuaia o Río Grande, donde los vínculos profesionales y personales suelen entrecruzarse, Pagano Zavalía sostiene que “el anonimato es la única herramienta eficaz para neutralizar sesgos”.
“Cuando se corrige un número en lugar de una cara, se eliminan prejuicios e ideas formadas”, explicó, marcando un cambio de “paradigma que apunta a que el acceso a la magistratura dependa exclusivamente del mérito técnico”.
En este sentido, sostuvo que “la medida, de prosperar, implicaría modificar reglamentaciones internas y modernizar procedimientos administrativos, alineándolos con estándares de transparencia que ya rigen en otros sistemas judiciales”.
“No se trata solo de una cuestión formal, el trasfondo es desarmar la sospecha histórica de favoritismos o afinidades políticas en los procesos de selección”, dijo.
Jubilaciones para evitar el jury: una práctica “pésimamente mal”
Otro punto neurálgico fue la ética judicial y los mecanismos de remoción, donde Pagano Zavalía cuestionó con “dureza la práctica de magistrados que, frente a denuncias graves o la inminencia de un jury, optan por jubilarse para evitar la destitución y conservar sus beneficios previsionales”.
Desde el punto de vista institucional, la situación genera un “doble impacto, por un lado, frustra la potestad disciplinaria del Estado; por otro, deja sin respuesta a la sociedad que reclama esclarecimiento”.
Además, agregó que “una vez que una denuncia por mal desempeño adquiere sustento formal y avanza hacia la acusación, el magistrado no debería poder acogerse a la jubilación hasta que el proceso concluya”.
“La justicia debe dar un mensaje de claridad y demostrar que todos los ciudadanos son iguales ante la ley”, afirmó, instalando un debate sensible que toca intereses corporativos.
Juicios políticos más ágiles y menos extorsivos
En paralelo, el consejero abogó por “acelerar los plazos en los procesos de juicio político”, dijo, al tiempo que agregó que “el planteo combina dos dimensiones, por un lado, remover con rapidez a quien no esté a la altura del cargo y, al mismo tiempo, desestimar con celeridad denuncias infundadas que solo buscan presionar o condicionar decisiones jurisdiccionales”.
Crítica al Ejecutivo por contratar estudios externos
Consultado sobre la gestión administrativa provincial, Pagano Zavalía fue categórico respecto de la contratación de estudios jurídicos externos por parte del Ejecutivo para abordar temas estratégicos como el puerto y sin nombrar funcionarios, cuestionó el “criterio político detrás de esa decisión y defendió la capacidad técnica de la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego, a la que calificó como excepcional e hiperpreparada”.
Desde su óptica, delegar la defensa de intereses provinciales en bufetes porteños no solo implica un “gasto adicional, sino que transmite un mensaje de desconfianza hacia los cuadros técnicos locales diseñados precisamente para esa función”.
La crítica no es menor, debido a que toca la relación entre el poder político y los organismos de control y defensa del Estado.
Reforma de la Ley 525 y marzo como punto de inflexión
El consejero anticipó que “en marzo presentará formalmente estas propuestas ante el cuerpo colegiado, con el objetivo de modernizar la Ley 525 y adecuarla a las demandas actuales”.
La reforma del sistema de selección y control de magistrados exige consensos internos y voluntad política para tocar estructuras que llevan años funcionando bajo determinadas prácticas.
Con respaldo electoral dentro del estamento que representa y una agenda definida, Pagano Zavalía parece decidido a convertir la inquietud social en cambios reglamentarios concretos. El resultado dependerá de la correlación de fuerzas dentro del Consejo y de la capacidad del sistema judicial fueguino para asumir que la legitimidad ya no se construye puertas adentro, sino frente a una ciudadanía que exige transparencia real.
En un escenario donde la confianza institucional es un bien escaso, la apuesta del consejero no es menor: o la Justicia se reforma desde adentro, o corre el riesgo de que la presión social y política la obligue a hacerlo desde afuera.
