La directora general de Hábitat, Verónica Moreno, confirmó nuevas urbanizaciones, un padrón histórico de 13 mil inscriptos y sólo 5 mil legajos en regla. Reivindicó la antigüedad como criterio central, defendió los cupos y apuntó a “transparentar” un sistema atravesado por reclamos y sospechas. En este sentido, sostuvo que es “el factor fundamental en la asignación de lotes, aunque aclaró que no alcanza con estar inscripto desde hace 10 o 15 años si no se renueva la documentación anualmente, tal como establece la ordenanza 895”.
Río Grande.- La apertura de nuevas urbanizaciones representa una señal política en un contexto donde el Estado nacional ha reducido programas habitacionales y transferencias para obra pública.
En ese escenario, el Municipio intenta posicionarse como actor central en la planificación urbana, aunque la ecuación sigue siendo compleja, alta demanda, recursos limitados y una ciudad que continúa creciendo.
El desafío es profundamente social y político porque detrás de cada número en el registro hay una familia que alquila, comparte vivienda o vive en condiciones precarias esperando que, esta vez, el turno le llegue.
Por lo cual, en un contexto de crisis económica, alquileres en alza y un mercado inmobiliario inaccesible para miles de familias trabajadoras, la directora general de Hábitat del Municipio de Río Grande, Verónica Moreno, confirmó la “apertura de nuevas inscripciones y actualizaciones para el Registro Único de Demanda Habitacional, defendió el esquema de adjudicación de lotes y reconoció la magnitud de un problema estructural que hoy tiene más de 13 mil personas anotadas”.
La funcionaria habló en FM del Pueblo y encuadró la política habitacional dentro de los anuncios realizados por el intendente Martín Pérez en la Casa de la Cultura con nuevas urbanizaciones, algunas de gestión municipal y otras bajo convenios público-privados, que ampliarán el banco de tierras disponible.
13 mil inscriptos, 5 mil en regla: la dimensión real del déficit
Moreno fue precisa al resaltar que “el registro histórico de demanda habitacional ronda los 13 mil inscriptos, aunque sólo unos 5 mil legajos están activos y en condiciones formales de participar en adjudicaciones”.
“Se hace una verificación constante, hay bajas por no renovación de documentación, por irregularidades, por poseer otra propiedad o por no residir ya en la provincia”, explicó.
Además, agregó que “la cifra no es menor, implica que casi el 60% del padrón histórico no cumple actualmente con los requisitos administrativos”.
Desde el Municipio argumentan que “la depuración permanente, mediante cruces de datos con organismos provinciales y nacionales, apunta a garantizar transparencia y evitar discrecionalidad”.
Sin embargo, el número también revela la “magnitud del déficit habitacional acumulado durante años, en una ciudad que creció demográficamente más rápido que su infraestructura urbana”.
Antigüedad sí, pero con renovación anual obligatoria
Uno de los ejes más sensibles del sistema es la antigüedad y al respecto Moreno sostuvo que es “el factor fundamental en la asignación de lotes, aunque aclaró que no alcanza con estar inscripto desde hace 10 o 15 años si no se renueva la documentación anualmente, tal como establece la ordenanza 895”.
“Hay personas que dicen estar inscriptas hace quince años, pero no actualizaron su legajo, la antigüedad por sí sola no garantiza continuidad”, advirtió.
Puntualizó que “la actualización hoy es digital y simplificada, DNI y libre deuda municipal, pero el trámite debe realizarse todos los años, la omisión implica la baja automática”.
De esta manera, el Municipio busca blindarse ante cuestionamientos por supuestas entregas “a personas que se inscribieron después”, una crítica recurrente entre vecinos.
Cupos, plusvalía y convenios: la ingeniería del acceso
Moreno explicó que “las nuevas urbanizaciones no estarán concentradas en un único sector de la ciudad, algunas surgirán de tierras fiscales municipales; otras, de convenios público-privados donde rige el mecanismo de plusvalía urbana”.
La funcionaria municipal resaltó que “la plusvalía obliga a desarrolladores privados a ceder un porcentaje de tierra urbanizada al Estado local, que luego puede destinarla a soluciones habitacionales, a esto se suman cupos específicos previstos por ordenanza, discapacidad, situaciones sociales críticas y otras categorías”.
“Cada cupo tiene su porcentaje y está regulado”, remarcó.
La funcionaria defendió el esquema como una “herramienta de equidad, aunque en la práctica los cupos suelen generar tensiones con quienes esperan por antigüedad pura”.
Bicentenario y Centenario: lotes con servicios y entrega paulatina
En cuanto a los barrios ya en marcha, Bicentenario y Centenario, Moreno afirmó que “se trata de urbanizaciones financiadas íntegramente por el Municipio, con infraestructura completa y lotes aptos para construir de inmediato”, dijo, al tiempo que agregó que “las entregas continúan de manera gradual, mientras se avanza en nuevas etapas”.
No obstante, el ritmo es “necesariamente más lento que la demanda, cinco mil postulantes activos frente a etapas parciales de adjudicación implica que el proceso será necesariamente prolongado”.
Inscripciones abiertas: dos semanas clave
Por otro lado, Moreno manifestó que “entre el 2 y el 13 de marzo se habilitarán nuevas inscripciones en las oficinas de calle 9 de Julio 601, la actualización de legajos, en cambio, se realiza todos los meses entre el 20 y el 30, mientras que para los estudiantes que residen fuera de la provincia, el trámite puede realizarse vía correo electrónico institucional”, expuso.
El Municipio anticipó que “reforzará personal durante esas semanas para absorber la demanda, lo que sugiere que se espera una alta concurrencia”.
Transparencia bajo presión social
Moreno insistió en que el “sistema busca garantizar transparencia y equidad, el que esté en regla y tenga la necesidad real debe acceder”.
También afirmó que “cualquier vecino puede acercarse a plantear dudas, realizar consultas o presentar notas formales si considera que hubo alguna irregularidad”.
La aclaración no es casual, dado que, en un escenario de crisis económica, donde el alquiler absorbe una porción creciente del salario y el acceso al crédito hipotecario es prácticamente inexistente, la política de tierras municipales se convierte en uno de los pocos instrumentos concretos de movilidad habitacional para trabajadores formales e informales.
