La ministra de Trabajo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, reconoció la pérdida de más de seis mil puestos registrados desde la asunción de Javier Milei y cuestionó la conducta empresaria ante el pedido de quiebra de Ayres del Sur. En este sentido, confirmó que la empresa no se presentó a múltiples audiencias. Señaló que la ausencia de directivos con poder de decisión limita la intervención administrativa y podría trasladar el conflicto al ámbito judicial. Además, habló de herramientas limitadas, de un escenario macro adverso y de prácticas que rozan el vaciamiento.
Río Grande.- La crisis dejó de ser una advertencia para transformarse en dato concreto, donde la ministra Castilgione confirmó en dialogo con FM La Isla que “la provincia perdió alrededor de 6.100 puestos de trabajo registrados a enero de 2026, en comparación con diciembre de 2023”.
Además, agregó que “a esto se suman suspensiones en distintos sectores industriales y una caída del consumo que golpea de lleno al entramado productivo fueguino”.
El disparador inmediato es el pedido de quiebra presentado por la empresa Ayres del Sur, en paralelo a la negativa de acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Pero el trasfondo es más amplio: un modelo industrial tensionado por la baja de aranceles, la retracción del mercado interno y una macroeconomía que —según la propia funcionaria— “atraviesa a todos”.
Quiebra, conciliación y una empresa sin interlocutores
Castiglione relató que el “conflicto comenzó cuando los trabajadores cobraron apenas el 25% de sus salarios y denunciaron deudas adicionales”.
Desde entonces, el “Ministerio convocó a múltiples audiencias, la respuesta empresaria fue, según la ministra, preocupante: cambios de directorio no informados, ausencia de autoridades con poder de decisión y presentaciones judiciales que buscan dilatar definiciones”.
En paralelo, la firma solicitó su propia quiebra.
Para la ministra, la negativa a cumplir la conciliación obligatoria, una herramienta pensada para preservar la paz social y evitar despidos durante la negociación, es un “gesto significativo, la conciliación no es una formalidad, es el último recurso administrativo antes de que el conflicto escale al terreno judicial, donde los tiempos suelen jugar en contra de los trabajadores”.
El problema central, según explicó, es que “los directivos no están en la provincia y el Ministerio no tiene facultades fuera de su jurisdicción. La herramienta de compulsión por fuerza pública existe, pero carece de sentido si quienes comparecen no tienen poder real de decisión”.
En términos institucionales, la instancia administrativa “se agota”. Lo que sigue es la vía judicial, con la consecuente dilación.
Cambio de directorio y directivos desconocidos
Castiglione reveló que “Aires del Sur modificó su directorio entre octubre y noviembre del año pasado, pero nunca informó formalmente a las autoridades provinciales quiénes son las nuevas autoridades”.
“No sabemos quiénes son. Ni siquiera el Ministerio de Producción tiene información sobre el nuevo directorio”, explicó ante la falta de identificación dificulta cualquier intento de negociación.
La funcionaria agregó que “el representante legal local sólo presentó escritos judiciales, incluyendo una propuesta para que la Justicia avale un plan de producción y pago salarial, iniciativa que finalmente no prosperó”.
¿Quiebra o vaciamiento?
Castiglione fue prudente y admitió que “la provincia ya vivió escenarios parecidos en los años noventa y entre 2015 y 2019”.
Reconoció que “la línea entre quiebra y vaciamiento es “muy finita” y recordó antecedentes como Textil Río Grande o Digital Fueguina, donde los trabajadores tomaron las plantas para resguardar bienes ante el temor de maniobras de desmantelamiento”.
En este caso, el nuevo grupo inversor y la ausencia de interlocutores alimentan sospechas. Sin afirmarlo de manera categórica, la ministra dejó flotando la idea de un posible “modus operandi”.
El margen del Ministerio, sin embargo, es limitado porque “las herramientas están definidas por la ley y cualquier avance estructural depende del Poder Judicial”.
Seis mil empleos menos y el efecto dominó
Más allá de Ayres del Sur, el dato estructural es el empleo y la cifra de 6.100 puestos registrados menos no es menor para una provincia cuya matriz productiva depende en gran medida de la industria electrónica y textil.
Castiglione detalló que “sectores que llegaron a emplear más de mil trabajadores hoy no alcanzan los 300, también mencionó suspensiones en empresas electrónicas y textiles”.
El problema, dijo, ya no es únicamente la “competitividad frente a la baja de aranceles, sino la caída sostenida del consumo, el problema es que no se vende”, sintetizó.
“Ese fenómeno genera un efecto cascada, menos salario circulando implica menor actividad en comercio, servicios y construcción y la economía fueguina, históricamente apalancada por la industria, empieza a sentir el impacto transversal”, manifestó.
Entre la macro nacional y las herramientas provinciales
La ministra reconoció que “hubo gestiones conjuntas con el Ministerio de Producción y que incluso el Gobierno nacional implementó algunas medidas para sostener la rentabilidad industrial”.
Sin embargo, el escenario general responde a “decisiones macroeconómicas adoptadas desde diciembre de 2023”.
En ese contexto, dijo que “la capacidad de maniobra provincial se reduce al diálogo, la intermediación y la generación de antecedentes administrativos que fortalezcan futuras acciones judiciales de los trabajadores”.
Detalló que “no es un dato menor que el conflicto se desarrolle mientras avanza una nueva legislación laboral nacional que podría recortar derechos y modificar las condiciones de negociación colectiva, aunque, evitó especulaciones directas, dejó entrever que el contexto normativo también juega en la estrategia empresaria”.
Por último, Castiglione insistió en que lo mínimo esperable es que “las empresas se sienten a dialogar y expliquen su situación. Cuando eso no ocurre, la sospecha reemplaza a la transparencia y el conflicto se profundiza”, concluyó.
