En causas por delitos de desobediencia judicial, la Fiscalía de Género y la Defensoría Penal están aplicando una modalidad que busca no solo resolver los expedientes, sino también generar un impacto positivo en la comunidad.
Río Grande. – En el marco de lo previsto en el artículo 59 inciso 6° del Código Penal, ambos organismos lograron consolidar acuerdos en procesos en trámite que permiten cerrar las causas a través de soluciones alternativas.
El mes pasado se acordaron 4 causas bajo esta modalidad, 50% más que el mismo mes del año pasado.
¿En qué consisten? En lugar de continuar con todo el proceso penal hasta una sentencia, las partes acuerdan que la persona imputada realice una reparación concreta. Esa reparación puede traducirse en un aporte económico o en la donación de alimentos y otros productos de primera necesidad.
De esta manera, quien incumplió una orden judicial asume una responsabilidad tangible, mientras que instituciones de la ciudad reciben ayuda directa para sostener su tarea diaria.
Los principales beneficiarios de estos acuerdos son comedores barriales y asociaciones civiles sin fines de lucro, que acceden a insumos esenciales para continuar asistiendo a vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad.
Además, este mecanismo permite resolver los expedientes con mayor rapidez, evitando procesos largos y optimizando el trabajo del sistema judicial. La experiencia refuerza así el enfoque de Justicia Restaurativa, que prioriza la reparación del daño y el beneficio social por encima de la mera sanción.
