La referente de trabajadores de la obra social aseguró que el Ejecutivo provincial mantiene una deuda millonaria con OSEF y cuestionó decisiones administrativas tomadas en los últimos años. También advirtió sobre cortes de prestaciones, aumento de coseguros y dificultades para acceder a medicamentos.
Ushuaia. -La referente sindical de la obra social provincial, Elvia Aguero, cuestionó la situación financiera de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y aseguró que gran parte de la crisis se explica por deudas acumuladas por parte del Estado.
Según indicó, el Gobierno provincial mantiene una deuda cercana a los 7.000 millones de pesos correspondientes a diciembre, a lo que se suman otras obligaciones vinculadas a prestaciones. “Entre lo que debe el gobierno y otras instituciones que no han pagado, el total llega a 22 mil millones de pesos”, afirmó por Radio Provincia.
Aguero señaló que esa cifra prácticamente coincide con los compromisos que la obra social mantiene con prestadores. “Nosotros tenemos una deuda en tesorería de 21 mil millones, entonces si pagaran lo que corresponde por ley los afiliados tendrían un respiro con la cobertura que corresponde”, sostuvo.
Afiliados afectados por cortes y menor cobertura
La dirigente advirtió que la situación financiera se refleja directamente en las prestaciones: “Los únicos que pagamos los platos rotos acá somos los afiliados”.
En ese sentido, explicó que además de los problemas con sanatorios, también existen dificultades para acceder a medicamentos. “Hoy vas a una farmacia con convenio y tenés que bajar la cobertura al 40% para que te vendan la medicación”, señaló.
Aguero remarcó que la situación impacta especialmente en quienes tienen enfermedades crónicas o tratamientos en curso. “El que está sano quizás no lo siente, pero los que están enfermos son los que hoy padecen la obra social”, expresó.
Cuestionamientos a decisiones administrativas
La dirigente también criticó decisiones adoptadas por la conducción de la obra social en los últimos años. Según afirmó, muchas de las medidas fueron tomadas por funcionarios designados por el Ejecutivo. “Las decisiones dentro de la obra social las tomaron ellos, no los trabajadores”, sostuvo.
Aguero recordó además que desde 2020 vienen denunciando problemas en convenios y contrataciones. “Esto lo venimos contando hace años y recién ahora parece que se empiezan a despertar”, afirmó.
Además, precisó que “al parecer el Gobernador vino de vacaciones a Ushuaia y se enteró que algo está pasando en la obra social, porque esto lo venimos contando hace un montón”.
Irregularidades en convenios y prestaciones
Entre los cuestionamientos, mencionó la situación con prestadores sanatoriales y el cobro de coseguros por encima de lo establecido en los convenios. “Hay un acuerdo que dice que deben cobrar 10% de las prácticas y 35% de la consulta, pero están cobrando hasta un 50% más”, denunció.
También cuestionó que en algunos casos se cobren consultas privadas adicionales a los afiliados. “Cada cuatro o cinco turnos nos cobran una consulta privada y el afiliado no tiene forma de saber si corresponde o no”, explicó.
Por su parte, explicó que “nosotros no pagamos APROS, que es la obra social de los empleados públicos de Córdoba, porque tenemos muchos afiliados en Córdoba, le pagamos mensualmente 20 millones de pesos por 1.200 afiliados. Sin embargo, no le pagamos durante cuatro años, entonces le debíamos más o menos, en el último acuerdo que se hizo de deuda, 600 millones y la presidenta de la obra social y sus funcionarios, salieron a contratar una prepaga, donde pagamos 180 millones de pesos por 1.000 afiliados, 900. Y que no brindan el servicio que necesitan nuestros afiliados”.
“Entonces la obra social está contratando por fuera, los tratamientos que esta prepaga no brinda”, detalló.
Sobreprecios en medicamentos
Otro de los puntos señalados por Aguero tiene que ver con el costo de los medicamentos y posibles sobreprecios en las compras.
La dirigente aseguró que en algunos casos la obra social paga valores muy superiores a los del mercado. “Si lo compramos directamente sale 100, pero a través de algunos convenios se paga 800% más, y en otros casos hasta 1.100% más”, afirmó.
Según explicó, estas situaciones muchas veces se justifican bajo la figura de compras de emergencia. “Todo se disfraza detrás de la urgencia y así se termina pagando mucho más caro”, señaló.
Denuncias e investigación judicial
Aguero también hizo referencia a un dictamen del fiscal de Estado que advierte posibles irregularidades administrativas. “Se despertó el Fiscal de Estado y dijo que hay maniobras que deben investigarse y ordenó avanzar con una denuncia penal”, indicó.
En ese marco, la dirigente adelantó que aportará documentación. “Cuando hablo lo hago con papeles en la mano y con cruces de información”, afirmó.
“El fiscal de Estado dice de utilizar la urgencia o emergencia dentro de la obra social para contratar más caro, que fue una de las primeras denuncias que hice en el 2020. Nosotros teníamos una cuenta bloqueada que había que pagar y la Presidenta salió y pagó tres veces más una medicación disfrazada de emergencia porque el afiliado ‘lo necesitaba’, yo entiendo la necesidad pero hay que hacer las cosas con orden”, manifestó.
Asimismo, comentó que “para resucitar la obra social tienen que pagar lo que deben. Si ellos tienen problemas económicos no es problema de la obra social”.
Un sistema en crisis
Para Aguero, la situación actual es consecuencia de decisiones acumuladas durante los últimos años. “Hace siete años que estamos en esta situación y nunca quisieron escuchar lo que veníamos advirtiendo”, expresó.
Finalmente, insistió en que la prioridad debe ser garantizar la atención médica de los afiliados. “En el medio está la salud de la gente. Hay personas enfermas que necesitan sus tratamientos y no pueden esperar”, concluyó.
