El comisario Héctor Bordón confirmó la gravedad de la crisis financiera que atraviesa el organismo previsional. Falta de liquidez, propiedades que no se logran vender, más de un centenar de reclamos judiciales y una relación cada vez más desfavorable entre aportantes y beneficiarios configuran un escenario que expone el deterioro estructural del sistema.
Ushuaia- La Caja de Previsión de la Policía de Tierra del Fuego atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Atrasos en los pagos, falta de liquidez, intentos fallidos de vender activos y una estructura previsional cada vez más debilitada dibujan un panorama que pone en jaque a un organismo clave para cientos de retirados de la fuerza.
Así lo reconoció el comisario Héctor Bordón, quien en una entrevista con FM Ártika expuso con crudeza la dimensión de la crisis financiera que golpea a la institución y que, desde hace meses, impide cumplir con obligaciones básicas hacia sus beneficiarios.
“Tenemos un problema serio de liquidez desde el mes de julio del año pasado”, admitió Bordón, confirmando que “la Caja lleva ocho meses sin poder liquidar compensaciones destinadas a un sector de los retirados policiales”.
En este marco, manifestó que “la situación, lejos de ser coyuntural, revela un deterioro profundo del sistema previsional policial fueguino, que hoy enfrenta una tormenta perfecta: menos aportantes, más beneficiarios y una estructura económica que ya no logra sostenerse”.
Una caja sin liquidez y con activos que no se pueden vender
Uno de los intentos más inmediatos para obtener recursos fue la venta de inmuebles propiedad de la Caja. Sin embargo, esa estrategia tampoco logró dar resultados.
Según explicó Bordón, la “institución intentó en dos oportunidades vender un terreno para generar ingresos que permitieran cumplir con las obligaciones pendientes, pero el proceso fracasó por falta de interesados”.
“Tratamos en dos oportunidades de liquidar un terreno y no hemos podido concretar la operación a partir de la falta de ofertas”, detalló.
“El problema no es menor, en un sistema previsional con dificultades de liquidez, la imposibilidad de convertir activos en dinero inmediato genera un cuello de botella financiero que termina impactando directamente en los beneficiarios”.
Mientras tanto, esos “bienes inmobiliarios continúan representando más un costo que una solución”, dijo.
“La idea es redirigir esta situación a algo que realmente le sea beneficioso a la entidad. Hoy tenemos un montón de propiedades que no están reportando beneficios”, explicó Bordón, defendiendo la necesidad de avanzar con operaciones de venta que permitan transformar patrimonio inmovilizado en recursos líquidos.
Pero incluso ese camino está lleno de obstáculos administrativos y legales que ralentizan cualquier decisión.
Un sistema previsional que ya no cierra
Más allá de la falta de liquidez, la crisis revela un problema estructural más profundo como es el sistema previsional policial ya no tiene la relación de aportantes necesaria para sostenerse.
Bordón lo explicó con números claros y al respecto sostuvo que “para que un sistema previsional funcione con estabilidad financiera debería existir una relación de entre tres y medio y cuatro aportantes activos por cada beneficiario retirado”.
“La realidad de la Caja policial fueguina está muy lejos de ese equilibrio”, explicó.
“Nosotros estamos con un número de dos y medio aportantes por beneficiario”, señaló.
Este desfasaje significa que “los recursos que ingresan al sistema ya no alcanzan para cubrir las prestaciones, una situación que, según el propio Bordón, se viene arrastrando desde hace años”.
El problema no surgió de un día para otro.
“Esto también tiene que ver con falta de previsiones técnicas en gestiones anteriores que ya advertían sobre la fragilidad del modelo”, deslizó el referente de la Caja.
En otras palabras, el “sistema siguió funcionando durante años sin resolver una ecuación que tarde o temprano iba a explotar”.
Los retirados, los más golpeados
Detrás de los números y los balances hay una realidad humana que agrava la dimensión de la crisis.
Los retrasos afectan a retirados de la policía que en muchos casos dependen de esos ingresos para cubrir gastos básicos, especialmente en un contexto económico complejo como el actual.
La situación se volvió aún más tensa con la acumulación de reclamos judiciales contra la institución.
Según Bordón, ya “existen más de cien demandas iniciadas contra la Caja por el incumplimiento en los pagos”.
“Entendemos la inquietud y la angustia, porque es un dinero con el que venían contando todos los meses”, reconoció.
Pero al mismo tiempo insistió en que “la crisis no responde a decisiones arbitrarias”.
“No es una cuestión caprichosa, sino el resultado de la situación que hoy afrontan estas entidades”, afirmó.
Sin embargo, para “muchos beneficiarios esa explicación no alcanza cuando el ingreso que esperaban simplemente deja de aparecer”.
Salarios bajos y menos vocación policial
Otro factor que agrava el panorama es la situación salarial de los efectivos activos, cuyos aportes alimentan el sistema previsional.
Bordón admitió que “la Caja no está ajena a la crisis general de los salarios en el sector público y privado, lo que impacta directamente en la recaudación del organismo”.
A esto se suma un fenómeno que preocupa dentro de la fuerza la “caída en el interés por ingresar a la carrera policial”.
“Menos aspirantes significa menos aportantes futuros, lo que profundiza el desequilibrio previsional”, indicó.
“Nuestra profesión demanda un alto nivel de compromiso. No es fácil”, reflexionó Bordón.
Si bien evitó señalar al factor económico como la única causa, reconoció que “la realidad salarial influye en la decisión de los jóvenes que evalúan ingresar a la fuerza”.
El Estado provincial, fuera de la ecuación
En medio de la crisis, también surgieron cuestionamientos sobre el rol del gobierno provincial en la situación financiera de la Caja.
Bordón fue tajante al “descartar deudas del Estado o el uso de fondos previsionales para otros fines”.
“El Estado provincial hoy está al día con nosotros”, afirmó.
También aclaró que “la legislación vigente prohíbe terminantemente utilizar fondos previsionales para financiar al Estado, una práctica que en otras provincias generó graves conflictos”.
Según explicó, la búsqueda de soluciones se “está desarrollando dentro del propio marco institucional del organismo”.
Un problema que excede a Tierra del Fuego
Para Bordón, el colapso que hoy amenaza a la Caja policial “no es un fenómeno aislado”.
Los sistemas previsionales, tanto en Argentina como en el mundo, enfrentan tensiones similares vinculadas al envejecimiento poblacional, la reducción de aportantes y la presión creciente sobre los recursos.
“Estamos en un contexto nacional e internacional donde los sistemas previsionales están en crisis”, señaló.
Sin embargo, esa explicación global no alcanza para aliviar la presión que enfrenta la Caja en el día a día.
La urgencia de encontrar una salida
Mientras continúan los reclamos judiciales y crece la preocupación entre los retirados, la conducción de la Caja busca alternativas para recuperar liquidez y estabilizar el sistema.
Entre las opciones sobre la mesa aparecen la venta de activos inmobiliarios, la reorganización patrimonial del organismo, y la implementación de nuevas estrategias financieras.
Pero ninguna de estas soluciones ofrece resultados inmediatos.
La realidad, hoy, es que la Caja previsional policial atraviesa una crisis profunda que expone las debilidades acumuladas durante años.
“Estamos poniendo las mejores alternativas para salir de esta situación dramática lo antes posible”, aseguró Bordón.
El problema es que, mientras las soluciones se discuten en los despachos, cientos de retirados siguen esperando que los números finalmente vuelvan a cerrar.
