La vocal por los activos de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Adriana Soria, advirtió sobre la crítica situación financiera que atraviesa la institución, marcada por una deuda millonaria de distintos organismos públicos, demoras en los pagos y consecuencias directas en la atención de afiliados. Además, cuestionó la forma en que se están definiendo los planes de regularización y denunció presiones tras sus declaraciones públicas.
Río Grande. -Soria explicó que la obra social enfrenta una deuda en concepto de aportes y contribuciones cercana a los 12 mil millones de pesos por parte de distintos organismos, entre ellos el Gobierno provincial, municipios y entes descentralizados. Por FM del Pueblo, detalló por FM del Pueblo que “esto nos lleva a la situación en la cual hoy nos encontramos, con afiliados que van a reclamar medicamentos o prestaciones médicas y tenemos cortes de servicio en farmacias y clínicas”.
En ese marco, precisó que “el Gobierno de la provincia mantiene una deuda de 9 mil millones de pesos, a la que se suman otros 10 mil millones vinculados a prestaciones de pacientes con pensiones RUPE, lo que eleva el total a unos 19 mil millones, también están gestionando acuerdos a que se hagan con un plan de pago. Claramente esto no nos alivia, porque nosotros necesitamos la plata ahora”.
Planes de pago bajo cuestionamiento
Respecto a los acuerdos recientes, indicó que “se firmaron convenios de pago con distintos organismos, como el Municipio de Río Grande por una deuda de 3 mil millones de pesos en 36 cuotas, y el Concejo Deliberante de Tolhuin con una deuda de 200 millones de pesos en 18 cuotas”.
Sin embargo, cuestionó los términos de estos acuerdos: “No puede ser que se hagan planes a uno, dos o tres años sin intereses acordes, porque eso termina beneficiando a los deudores”.
En ese sentido, sostuvo que la aplicación de intereses solo por mora -como establece la ley- resulta insuficiente cuando se trata de refinanciaciones a largo plazo. “Si me lo pagás hoy son 9 mil millones, pero si me lo pagás en tres años no puede ser el mismo monto. No parece que se ajusten a el artículo de ley”, ejemplificó.
Por su parte, remarcó que “estamos por hacer las presentaciones ante la justicia porque claramente esto sigue desfinanciado la obra social”.
Impacto directo en afiliados
La falta de recursos ya tiene consecuencias concretas en la cobertura. Soria advirtió que “existe una deuda de 4 mil millones de pesos con proveedores de medicamentos, lo que impide la compra de insumos esenciales. Hay gente que hace uno, dos o tres meses que está esperando la medicación, y eso es como volver a empezar de cero en muchos tratamientos”.
También señaló demoras en cirugías por falta de insumos y dificultades en prestaciones básicas como diálisis o tratamientos oncológicos.
A esto se suma la crítica situación de los pacientes derivados, quienes reciben montos desactualizados para su estadía: “Cuatro mil pesos es lo que se les da de ayuda económica, cuando hoy no conseguís nada por menos de 50 mil pesos. Es una vergüenza”.
“Presentamos un proyecto para actualizar esos valores porque eso fue firmado en el 2023. También para aumentar los valores de traslado porque solo estaban dando 2.500 pesos, es una locura, está totalmente desactualizado dé que ayuda hablan, es una vergüenza”, precisó.
Cuestionamientos al manejo político de la obra social
Soria también apuntó contra la estructura de decisiones dentro de OSEF, señalando que los acuerdos de pago “los define presidencia por indicación del Gobierno y no el directorio. Por más que votemos en contra, tienen mayoría y se termina imponiendo la decisión”, explicó.
En ese sentido, insistió en la necesidad de que los trabajadores recuperen mayor representación en la conducción: “Los recursos son de los trabajadores y deberían ser administrados por ellos”.
“Porque el propio gobierno, que es el principal deudor de la obra social, es el que firma los convenios con los otros deudores para que nos paguen en cuotas”, comentó.
Denuncia de persecución tras críticas
En otro tramo de la entrevista, la funcionaria denunció haber sido objeto de una maniobra intimidatoria luego de cuestionar públicamente al Municipio de Río Grande por su deuda con la obra social.
“Yo salí a decir que nada tiene que ver porque como empleador tiene la obligación de enviar todos los aportes y contribuciones tanto a la obra social como a la caja, más allá de las prestaciones y las políticas públicas que implemente dentro de su municipio”, manifestó.
Relató que, tras sus declaraciones, recibió una notificación que dejaba sin efecto la adjudicación de un terreno otorgado previamente. “Hace un año y medio atrás me dieron un terreno y en el escrito que llegó a mi casa decía en comodato o en alquiler cuando eso no fue así porque estoy haciendo los tramites que exige el Municipio para la habilitación de servicios, el movimiento del suelo y después llevar adelante la construcción”.
“Me presenté y en ese momento me dijeron que ya la decisión estaba tomada y que me habían dado de baja. Lo tomé como una persecución o un apriete por la denuncia que hice”, afirmó.
Si bien posteriormente la situación fue revertida y se le otorgó una prórroga del terreno, Soria aseguró que “no la pasé bien porque fue muy violenta la situación y la atención que tuve por parte de una empleada del área Hábitat, quien ni siquiera me dejaba dar explicaciones” y sostuvo que no dejará de denunciar irregularidades: “Esto no nos va a silenciar”.
“No sucedió con otros compañeros que tienen terrenos en el mismo barrio, solo fue conmigo, entonces claramente hubo, para mí una intención de apriete”, señaló.
Un sistema al límite
Finalmente, la vocal remarcó que la crisis de OSEF no es solo administrativa sino profundamente social. “Hay afiliados en toda la provincia atravesando problemas de salud y no contar con medicamentos o atención médica pone en riesgo su vida”, concluyó.
“Nosotros tratamos de darles respuestas, pero muchas veces nos encontramos con las manos atadas cuando sabemos que el problema es que porque no llega plata no se paga. Y no somos quienes tomamos las decisiones de qué se paga y qué no se paga”, cerró.
