Griselda Fuentes, presidenta de la Asociación Taximetristas Unidos de Río Grande, respaldó la regulación de aplicaciones como Uber, pero advirtió que el verdadero desafío será hacerla cumplir. Reclaman controles estrictos, denuncian competencia desleal y alertan por la crisis del sector.
Río Grande.- La reciente aprobación de la ordenanza que regula el transporte de pasajeros mediante aplicaciones en Río Grande abrió un nuevo capítulo en un conflicto que llevaba años sin resolución. Para el sector tradicional, la norma llega tarde, pero necesaria.
Así lo expresó Griselda Fuentes, presidenta de la Asociación Taximetristas Unidos, quien celebró el avance, aunque dejó en claro que la clave será su implementación.
“Deseábamos que saliera esta regulación para trabajar en igualdad de condiciones”, afirmó en diálogo con Aire Libre FM, sintetizando el reclamo histórico de los taxistas frente al crecimiento descontrolado de plataformas como Uber.
De la “competencia desleal” a la regulación
Durante años, el sector convivió con una realidad que describen como caótica, conductores sin habilitación, sin seguros adecuados y sin controles, compitiendo directamente con quienes cumplen con todos los requisitos legales.
“Era pelear vecinos contra vecinos”, graficó Fuentes, al explicar el malestar que generaba ver a otros trabajar sin las mismas exigencias.
La dirigente fue contundente al señalar que “mientras al taxi se le exige licencia profesional, habilitación, controles técnicos y seguros específicos, las aplicaciones operaban sin regulación clara, a nosotros nos piden todo, a la otra parte, nada”, cuestionó.
Con la nueva ordenanza, el objetivo es “equiparar las condiciones, ahora vamos a ver si realmente sirve o no, pero primero necesitamos igualdad”, sostuvo.
QR, controles y registro: cómo funcionará el nuevo sistema
Uno de los puntos centrales de la normativa es la implementación de un sistema de control mediante código QR en los vehículos habilitados. Este permitirá a los inspectores verificar en tiempo real quién está autorizado a prestar el servicio.
“Cuando escaneen el código, van a saber quién es el titular, si tiene los papeles en regla y si es la persona autorizada la que está manejando”, explicó.
Además, la ordenanza establece requisitos similares a los del transporte tradicional como documentación obligatoria, seguro para pasajeros y límites en la antigüedad de los vehículos.
También fija un número estimado de hasta 800 conductores habilitados, lo que podría dejar afuera a quienes no cumplan con las condiciones.
Seguridad vs. informalidad: el eje del debate
Uno de los argumentos centrales del sector es que la regulación no solo apunta a la competencia, sino a la seguridad de los usuarios.
“Lo importante no es lo que a mí me guste, lo principal es la seguridad de la gente”, remarcó Fuentes.
La dirigente defendió, por ejemplo, el “límite de antigüedad de los vehículos, una de las medidas más cuestionadas por algunos conductores de aplicaciones, es la gente la que nos da de comer todos los días, y es a la que hay que cuidar”, insistió.
Crisis económica y rentabilidad en duda
Más allá del debate por las aplicaciones, Fuentes dejó al descubierto un problema estructural como es “la crisis económica golpea con fuerza al sector”.
“El aumento constante del combustible y de los insumos básicos para mantener un vehículo, aceite, filtros, repuestos, está poniendo en jaque la rentabilidad del taxi”.
“Sube el combustible y sube todo, es impresionante lo que cuesta mantener el auto”, advirtió.
Además, agregó que “a esto se suma una limitación clave que es que las tarifas están reguladas por ordenanza y se ajustan por índices que no reflejan el impacto real de los costos, especialmente el del combustible”.
“Estamos atados a un índice que no contempla lo que más nos afecta”, explicó.
Expectativa y tensión por la implementación
Si bien la ordenanza ya fue aprobada, ahora comienza una etapa crítica como es la reglamentación y puesta en marcha.
Fuentes advirtió sobre posibles complicaciones en el proceso de inscripción y control y al respecto sostuvo que “puede convertirse en un cuello de botella”.
El plazo previsto es de hasta “60 días para que todos los conductores se regularicen. A partir de allí, quienes no cumplan con la normativa deberían ser sancionados”.
“Las herramientas ya están. Ahora hay que hacerlas cumplir”, sostuvo.
“Si no hay control, no sirve”
La dirigente fue clara al plantear que el éxito de la medida dependerá “exclusivamente de su aplicación efectiva”.
“Si alguien trabaja sin estar inscripto, tiene que ser multado e impedido de trabajar. Si no, esto no sirve”, advirtió.
Incluso anticipó que “podrían surgir conflictos judiciales, aunque remarcó que la ordenanza brinda respaldo legal al municipio para actuar”.
Un nuevo escenario… con final abierto
La regulación de las aplicaciones marca un punto de inflexión en el transporte de pasajeros en Río Grande. Sin embargo, lejos de cerrar el conflicto, abre una nueva etapa de disputa.
Para los taxistas, la consigna es clara “competir sí, pero en igualdad”.
“Primero pongámonos en las mismas condiciones, después veremos si este trabajo sigue siendo rentable o no”, concluyó Fuentes.
En una ciudad atravesada por la crisis económica y la informalidad creciente, el desafío no será solo ordenar el sistema, sino garantizar que las reglas se cumplan. Porque, como advierte el propio sector, sin control real, la regulación corre el riesgo de quedar en letra muerta.
