La diputada fueguina cuestionó con dureza el tratamiento exprés de la norma, denunció irregularidades en el proceso y advirtió que la modificación “es un retroceso tremendo” que pone en riesgo zonas claves como los ambientes periglaciares. En este marco, aseguró que la norma “tiene todos los elementos para ser impugnada” y anticipó una avanzada en tribunales por las irregularidades en el tratamiento y la audiencia pública. Además, sostuvo que el Congreso “ignoró deliberadamente” las advertencias técnicas de especialistas del sistema científico.
Río Grande.- En una sesión atravesada por la polémica y con asistencia casi perfecta —256 legisladores presentes—, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, mientras que 5 parlamentarios estuvieron ausentes. Entre quienes rechazaron la iniciativa se encuentra la diputada nacional Andrea Freites, quien no sólo fundamentó su voto en contra, sino que además lanzó fuertes críticas al proceso legislativo y al contenido de la norma.
En diálogo con FM del Pueblo, la legisladora fue categórica: “Los tres diputados de Unión por la Patria votamos en contra de la modificación, y los dos libertarios acompañaron la iniciativa del oficialismo. La verdad, Rulo, que es tremendo. Un retroceso tremendo para todo el país”.
Un voto en contra con fuerte carga política
Freites buscó despejar cualquier lectura simplista sobre su postura y dejó en claro que su rechazo no implica oponerse al desarrollo económico.
“Esto no significa estar en contra del desarrollo. Estamos en un momento con una necesidad urgente de reactivar la actividad económica, de que la producción empiece a moverse en la Argentina”, sostuvo.
Sin embargo, marcó un límite claro al sostener que “pero esta no es la forma”.
En ese sentido, trazó un diagnóstico crítico sobre la situación actual del país al manifestar que “hace dos años que está totalmente paralizada y destrozada la producción y la industria nacional”, afirmó, vinculando el debate ambiental con el contexto económico más amplio.
Irregularidades y un proceso bajo sospecha
Uno de los ejes más duros de su intervención fue la denuncia de irregularidades en el tratamiento legislativo y al respecto Freites cuestionó especialmente la forma en que se llevó adelante la votación al señalar que “cometieron muchísimas irregularidades, hacer la votación nominal, en general y en particular artículo por artículo, incluso le convenía al Ejecutivo”.
Según explicó, el “oficialismo optó por aprobar el paquete completo sin desagregar, definieron que no, que se aprobaba todo de una sola vez y entiendo que es mucho más cuestionable y más fácil de judicializar toda la ley”.
La diputada anticipó que ese camino ya está en marcha y en este marco dijo que “hay muchas demandas, no solo de quienes opinamos distinto en la Cámara, sino también de organizaciones y particulares”.
Impacto ambiental y advertencias técnicas
Freites también puso el foco en las consecuencias ambientales de la reforma, particularmente en relación a la actividad minera en zonas sensibles.
“No han escuchado ni a científicos ni a gente que sabe sobre el manejo de glaciares”, cuestionó.
En ese marco, detalló que mantuvo reuniones con especialistas y en este marco señaló que “tuve la oportunidad de reunirme con geólogos, ingenieros en recursos hídricos del Conicet, de la Universidad de Tierra del Fuego, del CADIC. Todos planteaban la gravedad de no proteger las zonas periglaciares”.
Y reforzó ese punto con una advertencia concreta al sostener que “son las zonas que están alrededor de los glaciares, y es específicamente eso lo que buscan modificar, particularmente en provincias como San Juan y Catamarca”.
Judicialización en puerta
La diputada no dudó en afirmar que la norma difícilmente quede firme en los términos en que fue aprobada.
“Esta va a ser una norma que va a ser prácticamente judicializada porque tiene todos los errores, todos los grises, hicieron trampa por todos lados”, lanzó.
En esa línea, detalló que ya existen acciones en curso porque “se impugnó la audiencia pública, que no fue tal, tuvo muchísimas irregularidades, se inscribieron más de cien mil personas y no permitieron que se expresaran ni siquiera doscientas”.
Además, denunció un sesgo en las exposiciones al sustentar que “sumaron gente que eran casualmente funcionarios de San Juan y representantes de las mineras defendiendo la norma”.
Para Freites, el escenario es claro, “hay denuncias penales presentadas y abogados ambientalistas siguiendo el tema, esto va a seguir la vía judicial”.
Críticas al rumbo del Gobierno
Más allá del caso puntual de la Ley de Glaciares, la legisladora enmarcó la situación en una política más amplia del Gobierno nacional.
“Es una gota más a este vaso que La Libertad Avanza sigue llenando”, afirmó.
Y agregó que “es muy complejo todo lo que se viene modificando en materia ambiental, laboral y productiva. Todo esto trae consecuencias, tarde o temprano”.
Incluso cuestionó la falta de cumplimiento de otras leyes, dado que “hoy la justicia le ordena al Gobierno que cumpla normas como el financiamiento universitario o la emergencia en discapacidad, y no lo hace”.
El rol de Tierra del Fuego y lo que viene
Desde una mirada provincial, Freites consideró que ahora el desafío será generar conciencia social, debido a que “hay que hacer entender a la sociedad que esto no hubiese pasado si se hubiese escuchado más a los especialistas y se hubiese pensado en el cuidado de nuestros recursos naturales”.
Finalmente, dejó una definición que sintetiza su postura al señalar que “confío en que la justicia puede despertarse y empezar a actuar”.
En un Congreso dividido y con una ley que ya nace bajo cuestionamiento, el voto negativo de Freites no sólo refleja una posición política sino también una advertencia: el debate por los glaciares, lejos de cerrarse en el recinto, recién comienza en los tribunales.
