La defensa de N. A. L, apeló la resolución del 1 de abril de 2026 del Juzgado de Instrucción Nº 1 del Distrito Judicial Norte a cargo de la Dra. Rosa Santana, que la procesó por falsa denuncia y falso testimonio. El escrito cuestiona pruebas digitales aportadas por Santiago Caballero —quien fue condenado en 2021 a 12 años de prisión por abuso sexual agravado en otro expediente— y denuncia la falta de perspectiva de género en la valoración judicial. El caso, iniciado con la denuncia de la joven en 2019, expone tensiones entre garantías constitucionales, pruebas tecnológicas y la obligación de evitar la revictimización.
Río Grande.- El caso de N. A. L. vuelve a ocupar el centro de la escena judicial fueguina. El Dr. Renán Uribe, defensor de la joven, presentó un recurso de apelación y nulidad contra la resolución del 1 de abril de 2026, dictada por el Juzgado de Instrucción Nº 1 del Distrito Judicial Norte, que la procesó por los delitos de falsa denuncia y falso testimonio. El escrito cuestiona la validez de las pruebas incorporadas y denuncia que el fallo carece de perspectiva de género, un aspecto clave en causas atravesadas por violencia.
La historia se remonta al 7 de mayo de 2019, cuando L. denunció a Santiago Caballero por abuso sexual con acceso carnal. El fiscal Jorge López Oribe intervino al día siguiente y la joven amplió su declaración el 24 de mayo, aportando un croquis del lugar y solicitando asistencia institucional. En 2021, Caballero fue indagado y reconoció un encuentro sexual, aportando un video y mensajes de Facebook. Dos años más tarde, en noviembre de 2023, el Ministerio Público Fiscal solicitó el sobreseimiento por el principio de “in dubio pro reo”, es decir, el beneficio de la duda, no por la inexistencia de pruebas, y Caballero quedó libre de cargos en esa causa. Desde entonces, el acusado inicial pasó a ser denunciante, y la denunciante, imputada.
El recurso presentado por la defensa de L. señala que la incorporación de pruebas fue parcial y discrecional, lo que vulneró su derecho de defensa. Se cuestiona especialmente el uso de un video considerado como cámara oculta y las capturas de mensajes en redes sociales, que según la defensa no prueban retractación alguna ni disculpas por una denuncia falsa. La apelación recuerda que el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego ha sostenido que la defensa en juicio es un derecho inviolable y que las garantías constitucionales deben aplicarse de manera dinámica, evitando la revictimización.
Un punto central del escrito es el dictamen pericial Nº 6452/2025, elaborado por la médica psiquiatra forense María Candela Sánchez. Allí se describe a la inicial denunciante, como una mujer atravesada por violencia de género desde temprana edad, aislamiento social y falta de contención familiar. El informe identifica indicadores de estrés postraumático, crisis de angustia e ideas de muerte vinculadas a la violencia sufrida en su primera relación. La pericia concluye que L. se encuentra en un cuadro de vulnerabilidad múltiple e interseccional y que ratificó su denuncia de 2019. La defensa subraya que la jueza no aplicó perspectiva de género al valorar este dictamen.
En paralelo, los fiscales que intervinieron en octubre de 2024 y junio de 2025 sostuvieron que L. se había disculpado con Caballero y reconocía no haber sido abusada, basándose en capturas de pantalla de Facebook. Por su parte, la defensa rechaza esa interpretación y pide la nulidad del requerimiento fiscal y de la precisión de los hechos.
El contexto se complejiza aún más si se recuerda que Santiago Caballero fue condenado en 2021 por el Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte a 12 años de prisión por abuso sexual agravado y exhibición de pornografía a una niña, y fue detenido de inmediato. Este antecedente, que forma parte de su historial judicial, pone en tensión su rol actual como denunciante en la causa contra la joven.
El caso expone una tensión que atraviesa la justicia argentina: cómo ponderar pruebas digitales frente a pericias profesionales y cómo garantizar que las decisiones judiciales no se conviertan en nuevas formas de violencia institucional. La apelación presentada busca no solo revertir un procesamiento, sino también instalar un debate más amplio: la obligación de juzgar con perspectiva de género y de asegurar que las mujeres que denuncian violencia no terminen procesadas sin que se haya garantizado plenamente su derecho de defensa.
