El Jefe de Fiscales de Tierra del Fuego, Dr. Eduardo Urquiza, confirmó en declaraciones a PERIODISMO que se emite por Radio Provoncia que se tramitan alrededor de 60 denuncias en Ushuaia y Río Grande por amenazas en instituciones educativas. Subrayó que las manifestaciones, incluso anónimas o en tono de chiste, configuran delitos y pueden implicar responsabilidad penal de menores y de sus familias.
Río Grande.- El Ministerio Público Fiscal investiga actualmente unas 60 denuncias por amenazas en establecimientos educativos de la provincia. El Jefe de Fiscales, Dr. Eduardo Urquiza, explicó que se trata de un fenómeno “atípico” vinculado a desafíos virales en redes sociales:
“Lo atípico del fenómeno, porque si bien estamos acostumbrados a lidiar con delitos que se utilizan por ejemplo tecnologías de la comunicación, en este caso es una manifestación casi global por la cantidad de enlaces que tiene a partir de estas situaciones que se dan con TikTok y esas maniobras para medirse y hacer este tipo de cuestiones.”
El funcionario precisó que “hoy entre los dos lugares, entre los dos distritos, aproximadamente estábamos contabilizando 60 denuncias, con un número mayor en Río Grande que en Ushuaia”.
Urquiza enfatizó la gravedad de los hechos: “No se trata de bromas como he escuchado por ahí, se trata de delitos. Hay delitos que son muy graves, delitos que pueden establecer responsabilidad penal de menores.”
Consultado sobre la participación juvenil, señaló: “En principio pareciera ser que sí, porque los espacios comunes son las instituciones educativas, pero hasta el día de hoy no hay demasiada información sobre la participación de menores en concreto.”
El fiscal también destacó la responsabilidad de las familias: “Los padres claramente tenemos que hacer nuestro trabajo como responsables para garantizar el comportamiento correcto de nuestros hijos en el ámbito escolar, para evitar consecuencias de tener que responder en familia por daños o perjuicios que ocasione el comportamiento de un joven.”
Respecto a las consecuencias legales, advirtió: “Primero estar sometido a un proceso penal, que no es poca cosa. Si se confirma la participación, puede estar sujeto a ser declarado responsable por ese hecho y eventualmente recibir una sanción penal.”
Finalmente, Urquiza valoró la intervención temprana de algunas familias: “Me parece como lo más acertado confiar en familias y, obviamente, quien no lo haga deberá responder como corresponde.”
