Luis Díaz, delegado portuario, expuso la crítica situación que atraviesan los trabajadores tras la intervención. Reclaman cambios legislativos, cuestionan la operatividad actual del puerto y alertan sobre el creciente malestar del sector.
Río Grande. -En medio de un conflicto que lleva meses sin resolverse, Luis Díaz explicó que los trabajadores están enfocados en modificar un punto clave del marco normativo vigente.
Por Radio Provincia, explicó que “nosotros, como trabajadores, estamos tratando de sacar el párrafo 3 del artículo 12 de OSEF, del cual es donde se sustenta hoy la denuncia de ANPYM, ya que milagrosamente apareció la copia del certificado de que el puerto está habilitado hasta el 2029”.
Según Díaz, el eje del reclamo no responde a alineamientos partidarios sino a la defensa de las fuentes laborales y precisó que “somos trabajadores y lo que nos interesa es recuperar el puerto. No somos actores políticos dentro de esto”.
En ese sentido, insistió en que “estamos en la mitad de un conflicto político y tratábamos de explicar a los legisladores que la intervención era política porque comprobamos que no era una cuestión estructural”.
Falta de diálogo y críticas a la intervención
Por su parte, advirtió “hay una ausencia total de interlocutores por parte de la actual conducción del puerto. Es directamente contacto cero. Los interventores y los trabajadores están protegidos, los pasan a buscar, los meten al puerto y cuando salen, salen protegidos”.
“Nadie tiene acceso, ni los periodistas, ni nosotros como trabajadores, ni el gobierno. No se ha conocido un interlocutor”, manifestó.
Operatividad en duda y avance de la tercerización
Díaz rechazó de plano las versiones oficiales sobre el funcionamiento del puerto tras la intervención. “Dicen que 16 personas lo manejan. Es una gran mentira”, afirmó.
“Hoy todos los servicios que daba la administración provincial del puerto los tienen tercerizados”, precisó.
Además, puso en duda la sustentabilidad económica del modelo actual: “Hoy hay una persona de la empresa de Lechman manejando la contenedora, pero sí tuvieron que traer un maquinista de afuera, no es tan rentable como dicen”.
El delegado también destacó “no es fácil conseguir un maquinista del puerto, y nosotros tenemos la mayor concentración de maquinistas de la provincia”.
Impacto social y tensión creciente
El conflicto ya afecta directamente a decenas de familias y precisó que “hoy tenemos 80 familias que están en esta situación. Vamos contra reloj hasta que se nos acaben los recursos”.
“Los de mi área somos 20 maquinistas, pero además de eso también hacemos trabajos de mantenimiento”, detalló.
Si bien reconoció que existe una garantía parcial de ingresos, remarcó la incertidumbre a futuro: “La parte básica del sueldo está, pero ¿y de acá para adelante qué hacemos?”.
En este contexto, lanzó una fuerte advertencia sobre el clima social: “El hilo está muy fino, los trabajadores están muy enojados y esto puede estallar en cualquier momento”.
Defensa del puerto estatal y tensiones con el sector privado
Díaz subrayó que “el único objetivo de nosotros es tratar de recuperar el puerto”.
También reveló que existieron intentos de captar trabajadores hacia el sector privado con mejores condiciones: “Nos quisieron decir ‘te vamos a pagar más, venite con nosotros’, y los trabajadores decidieron quedarse del lado del puerto provincial”.
En esa línea, planteó “sabemos que hay intereses por ser privados, no somos tontos, pero los que estamos de este lado tenemos que pelear todos juntos”.
Relación con la política y búsqueda de soluciones
Pese a las críticas, Díaz reconoció algunos avances en el vínculo con legisladores: “Nos han atendido y han entendido la postura que tenemos de sacar el párrafo del artículo 12”.
Sin embargo, cuestionó “los legisladores no hablan con los trabajadores, hablan siempre con la parte política”.
“Juntamos plata y contratamos un abogado. Hoy tenemos representación contra la intervención, pero lo que buscamos eran soluciones porque teniamos abogados que estan apunto de jubilarse o en licencia”, indicó el delegado.
Un conflicto abierto
A casi tres meses del inicio de la intervención, el panorama sigue sin definiciones claras. “Ya pasaron 90 días y recién nos juntamos para que nos digan que hicimos todo mal”, cuestionó Díaz.
“Tratemos de recuperar el puerto que es de todos, no solamente de unos pocos”, cerró.
