El legislador del MPF cuestionó los fundamentos del Ejecutivo para avanzar con la elección de convencionales constituyentes y aseguró que el plazo fijado por el Superior Tribunal aún no comenzó a correr. Planteó que la clave está en que la Corte Suprema no resolvió la queja presentada por el legislador Lechman.
Río Grande. -El legislador Damián “Loli” Loffler puso en duda la legalidad del proceso de reforma constitucional en Tierra del Fuego al afirmar que el decreto de convocatoria a elecciones es “inconstitucional” porque se apoya en una sentencia que aún no está firme.
Por Radio Provincia, dijo que “la sentencia no está firme del Superior Tribunal de Justicia de darle el plazo de los 210 días dice claramente en los fundamentos de la doctora Battaini y lo dicen también cuando dictan sentencia ‘la presente queda firme una vez que la Corte rechace la queja presentada por el legislador Lechman’”.
En ese sentido, explicó que “cuando una sentencia no es rechazada va en queja y hasta tanto no se rechace la queja, la sentencia no tiene firmeza, por lo tanto el decreto dictado es inconstitucional”, aseguró.
“Claramente todavía no empezaron a correr los 210 días. La sentencia no está firme. Hasta que la Corte Suprema no se expida, no empezaría a correr este plazo”, resaltó.
Para graficarlo, utilizó un ejemplo concreto: “Cristina fue en queja a la Corte cuando la condenaron; la Corte le rechaza la queja y a partir de ahí se aplica la sentencia. Pero mientras la Corte trataba la queja, esto no ocurrió”.
Críticas al decreto del Ejecutivo
Loffler apuntó directamente contra los fundamentos del decreto provincial, al considerar que contiene una premisa incorrecta. “El decreto, básicamente, en sus fundamentos, dice que la sentencia está firme cuando la sentencia no lo está. El gobernador no tiene la atribución en razón del tiempo, por lo que el decreto es inconstitucional, porque es incompetente”.
Además, cuestionó el accionar del equipo técnico del Ejecutivo y señaló que “han dictado un decreto que resulta claramente inconstitucional. No leen, porque no saben, porque no están formados”.
Posible judicialización: presentación ante la jueza electoral
Frente a este escenario, el legislador adelantó que “nosotros vamos a pedir a la jueza electoral la inconstitucionalidad del decreto o lo hago solo o lo haremos los legisladores que estemos de acuerdo con este tema”.
También señaló que “la jueza electoral puede dictar la inconstitucionalidad, y si no, a pedido de parte”.
El dirigente del MPF reconoció que “algo que parecía que en principio estaba resuelto, sin embargo, sigue abriéndose cada vez que hay una decisión”.
Si bien remarcó que existen otros aspectos “opinables” como la discusión sobre las facultades del gobernador frente al veto legislativo, insistió en que el punto de la firmeza del fallo es determinante: “El fallo del Superior es claro, la queja está abierta en la Corte, no hay firmeza”.
Desconexión con la agenda social
En el tramo final, Löffler introdujo una mirada política más amplia y cuestionó “a la gente es lo que menos le interesa, son temas que no le resuelven los problemas. El que tiene laburo hoy tiene miedo a perderlo; el que tiene negocio le cuesta horrores cumplir con sus obligaciones”.
Finalmente, expresó que “esperemos que se resuelva rápido y que todos los dirigentes políticos nos pongamos a ocuparnos de la agenda de la gente”.
