El trabajador de planta permanente del Puerto de Ushuaia e integrante de la comisión de la Asociación del Personal de la Dirección de Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA), Juan Segovia, volvió a cuestionar con dureza la intervención del organismo y sostuvo que nunca existieron fundamentos técnicos ni legales para desplazar a las autoridades provinciales. Responsabilizó directamente al gobernador Gustavo Melella por no defender los intereses fueguinos, denunció que los recursos portuarios dejaron de beneficiar a la provincia para concentrarse en Buenos Aires, cuestionó la pasividad de la Justicia y de algunos gremios y advirtió que detrás de la intervención existe un proceso orientado a favorecer intereses privados y abrir la puerta a una futura privatización del patrimonio portuario.
Río Grande.- La intervención del Puerto de Ushuaia continúa generando fuertes cuestionamientos por parte de los trabajadores. En esta oportunidad, el integrante de la comisión de la Asociación del Personal de la Dirección de Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA) y trabajador de planta permanente del organismo, Juan Segovia, volvió a cargar contra la decisión adoptada por el Gobierno nacional y aseguró que, con el correr de los meses, lejos de aparecer fundamentos que la justifiquen, cada vez quedan más evidencias de que se trató de una medida “arbitraria e injusta”, que terminó perjudicando a Tierra del Fuego.
En una extensa entrevista concedida a Aire Libre FM, Segovia realizó un duro análisis de la situación institucional del puerto, cuestionó el accionar del Gobierno provincial, de algunos dirigentes gremiales y de la Justicia Federal, además de advertir que el verdadero objetivo de la intervención sería quedarse con los recursos económicos que genera la actividad portuaria.
“La intervención es totalmente arbitraria e injusta”
Al comenzar la entrevista, Segovia sostuvo que con el paso del tiempo quedó demostrado que ninguno de los argumentos utilizados para justificar la intervención logró sostenerse.
“Como ustedes observarán, y también son gente que con el transcurso del tiempo va entendiendo esta situación, la intervención es algo totalmente arbitrario, injusto y no corresponde”.
Recordó que “el conflicto comenzó con el intento de modificar el destino de los recursos portuarios para financiar el sistema sanitario provincial, una iniciativa que finalmente fue dejada sin efecto”.
“Empezaron con el tema de que los recursos portuarios fueran a la obra social y al sistema de salud de la provincia, cosa que no corresponde”.
Explicó que el régimen vigente desde el traspaso del puerto de Nación a Provincia establece claramente cuál debe ser el destino de esos fondos y al respecto explicó que “nosotros tenemos un traspaso Nación-Provincia de 1992 que obligaba a la institución a volcar sus recursos en todo lo que es la utilidad y el funcionamiento del puerto”.
Posteriormente, según indicó, aparecieron otros argumentos relacionados con el estado del muelle y el mantenimiento de las defensas, aunque consideró que “esas situaciones forman parte del funcionamiento habitual de cualquier infraestructura portuaria, como cualquier herramienta de trabajo, el muelle necesita mantenimiento permanente, en el Estado comprar hasta una resma de papel implica un procedimiento administrativo enorme, imagínese traer defensas que se fabrican en China o en otros países”.
Duras críticas al gobernador y a la dirigencia política
Uno de los pasajes más fuertes de la entrevista estuvo dirigido al gobernador Gustavo Melella, a quien responsabilizó directamente por no haber defendido el patrimonio provincial.
“Hoy, con el tiempo y la distancia, le tengo que decir que la responsabilidad máxima es del mismo gobernador”.
Para Segovia, el mandatario provincial tenía la “obligación institucional de proteger los intereses del puerto y de sus trabajadores, el Gobernador es quien nos representa como institución portuaria y como personal”.
Asimismo, sostuvo que “el puerto representa uno de los motores económicos más importantes de Tierra del Fuego, el puerto derrama todos los recursos que ingresan indirectamente en la provincia, en sueldos, en prestaciones de servicios y en muchísima gente que trabaja alrededor de la actividad portuaria”.
Sin embargo, denunció que “actualmente esos ingresos ya no permanecen en la provincia, hoy vemos que todos esos recursos están yendo a Buenos Aires, a una caja de la AGP que supuestamente ya ni existe”.
Aunque reconoció no conocer en profundidad el funcionamiento administrativo de esos fondos, afirmó que “el dinero ya no beneficia directamente a Tierra del Fuego, los representantes políticos no defendieron a la provincia”.
Segovia también apuntó contra la dirigencia política fueguina por considerar que priorizó disputas internas antes que la defensa del patrimonio provincial y al respecto expuso que “acá hay una responsabilidad máxima que son nuestros representantes políticos, que están más preocupados por sus internas y sus apetencias”.
En ese marco mencionó que “existen sectores que impulsan el desarrollo del puerto de Río Grande, una idea con la que dijo estar de acuerdo siempre que responda a una planificación seria, yo siempre estuve de acuerdo con que Río Grande tenga un puerto operativo y logístico o un dique seco para prestar servicios a los buques”.
No obstante, lamentó que “actualmente no exista una estrategia integral para el sistema portuario fueguino, hoy no hay una planificación portuaria ni una planificación de desarrollo para toda la provincia”.
Cuestionamientos a la conducción del puerto
Segovia también cuestionó las designaciones políticas al frente del organismo y sostuvo que muchas veces se eligen funcionarios sin conocimiento específico sobre la actividad portuaria.
“Todos los políticos ponen como presidente a una persona de Prefectura pensando que son el summum de la sapiencia”.
Sin embargo, advirtió que “administrar un puerto requiere conocimientos mucho más amplios, el puerto tiene una ambivalencia entre puerto y mar, y muchas veces hay gente que no entiende nada de la actividad marítima”.
Como ejemplo mencionó la construcción de infraestructura que nunca llegó a utilizarse y al respecto recordó que “con Caleta La Misión está el mejor ejemplo, hicieron un muelle y un espigón que no sirvieron para nada, fue solamente una acción política para conseguir votos”.
Críticas a la Justicia y a algunos gremios
Consultado sobre la presentación realizada ante la Justicia Federal para cuestionar nuevamente la legalidad de la intervención, Segovia manifestó su “decepción por la falta de respuestas, hasta ahora no hubo ninguna respuesta”.
Explicó que APDFA realizó todas las presentaciones correspondientes, aunque consideró que el proceso avanza con extrema lentitud.
“Yo veo a los abogados muy laxos, muy tibios”.
Aclaró que se trata de una opinión personal como trabajador, aunque insistió en que “si la Justicia hubiera actuado con mayor rapidez la situación sería completamente distinta, si hubiera una respuesta de la Justicia Federal, todos tendríamos que estar nuevamente trabajando en nuestros puestos”.
También cuestionó el rol desempeñado por otros sindicatos, para lo cual, manifestó que “nosotros hicimos lo que pudimos, pero quienes tenían mayor representación podrían haber hecho mucho más”.
“Vinieron por la caja”
Para Segovia, el verdadero motivo de la intervención nunca estuvo relacionado con cuestiones operativas ni de seguridad, sino que “lo único que hicieron fue venir por la caja”.
Incluso sostuvo que “muchas de las personas que hoy ocupan funciones dentro del puerto carecen de experiencia en la actividad, vinieron con gente incompetente”.
En ese contexto volvió a cuestionar al presidente del organismo al sostener que “nuestro presidente es el responsable máximo de haber permitido el ingreso de toda esta gente”.
Asimismo, recordó declaraciones anteriores vinculadas con posibles procesos de tercerización y al respecto indicó que “en su momento también dijo que estaban trabajando para una tercerización con Mirgor, hay una doble jugada que, aparentemente, les salió mal”.»
Temor por una futura privatización
Uno de los aspectos que más preocupa al dirigente sindical es la posibilidad de que la intervención termine facilitando un proceso de privatización.
Recordó que “recientemente existió un intento de alquilar galpones pertenecientes al puerto, nos opusimos total y rotundamente”.
Para Segovia, ese tipo de decisiones forman parte de un proyecto más amplio que “desfinanciar el puerto para que después realmente pase a ser una institución privada”.
Frente a quienes sostienen que la gestión privada resulta más eficiente, respondió con firmeza al sostener que “es mentira que cuando están privatizados son más eficientes”.
Recordó además que “el puerto fue construido durante décadas con recursos públicos y el esfuerzo de distintas generaciones de trabajadores, este puerto lo hicimos todos, primero la Armada fue poniendo una piedra, un poco de cemento y fuimos avanzando”.
También destacó el papel que desempeñaron antiguas autoridades provinciales que impulsaron importantes obras de infraestructura mediante créditos que luego fueron devueltos.
“No hubo mejoras en seguridad”
Otro de los argumentos utilizados para justificar la intervención fue la necesidad de reforzar la seguridad portuaria.
Sin embargo, Segovia aseguró que “eso nunca ocurrió, lo único que hicieron fue sacar al personal del Estado que hacía seguridad e imponer seguridad privada”.
En ese sentido remarcó que “la última temporada de cruceros transcurrió con absoluta normalidad, no he visto ninguna modificación, el puerto siguió operando normal y habitualmente”.
Reconoció que en ocasiones el “muelle requiere reparaciones debido al desgaste propio de la actividad, las defensas muchas veces faltaban porque los mismos barcos golpean el muelle, son miles de toneladas acercándose y eso genera movimientos e impactos”.
Explicó además que “el personal de mantenimiento continúa realizando tareas, aunque ya no cumple las funciones específicas para las cuales fue preparado”.
“La Justicia no está dando respuestas”
El dirigente insistió en que los trabajadores continúan afectados por la intervención mientras esperan definiciones judiciales.
“Estamos hasta diciembre sin nuestra función específica porque la Justicia no está proveyendo justicia para nosotros”.
Incluso comparó la situación con una ocupación ilegal de un domicilio particular y al respecto dijo que “si yo ingreso intempestivamente a su casa, las autoridades reaccionan porque usted hace una denuncia. Acá eso no pasó”.
El puerto como patrimonio de todos los fueguinos
Sobre el cierre de la entrevista, Segovia agradeció a los legisladores que revisaron su postura inicial respecto de los recursos portuarios y sostuvo que muchos actuaron por falta de asesoramiento.
A su entender, el futuro del puerto debe discutirse de manera amplia entre todos los sectores políticos, gremiales y empresariales como son la “Cámara de Comercio, los gremios y los legisladores tendrían que juntarse porque esto es parte del patrimonio y de los recursos de la provincia”.
Finalmente advirtió que “cuando prevalecen intereses económicos particulares el puerto deja de ser un activo estratégico para Tierra del Fuego”.
“Cuando hay ambiciones de hacer negocios, sea con Mirgor o con quien sea, el puerto deja de ser patrimonio de la provincia para convertirse solamente en un botín de guerra”.
Con ese mensaje, Juan Segovia volvió a ratificar el rechazo de los trabajadores a la intervención del Puerto de Ushuaia y reclamó que tanto la dirigencia política como la Justicia adopten decisiones que permitan recuperar la administración provincial del organismo, preservar los recursos fueguinos y garantizar la continuidad de un patrimonio que, según remarcó, pertenece a todos los habitantes de Tierra del Fuego.
