La senadora nacional por La Libertad Avanza, Belén Monte de Oca, salió al cruce de las versiones que advierten sobre una supuesta entrega de tierras argentinas a capitales extranjeros y defendió el proyecto de ley de propiedad privada que el oficialismo busca aprobar en el Senado. En una entrevista con Radio Provincia, aseguró que la iniciativa “ordena” el régimen vigente, endurece las condiciones para las expropiaciones, prohíbe que Estados extranjeros adquieran inmuebles y no altera las restricciones que rigen sobre las zonas de frontera y defensa. Además, sostuvo que los terrenos conocidos como el ex vivero de los coreanos pertenecen al Estado Nacional, cuestionó la interpretación realizada por funcionarios municipales sobre la provincialización y afirmó que existe un reconocimiento histórico de la propiedad nacional de esas tierras.
Río Grande.- En una extensa entrevista concedida a Radio Provincia, la senadora nacional por La Libertad Avanza, Belén Monte de Oca, abordó dos de los temas que actualmente generan mayor debate en Tierra del Fuego como es la situación jurídica de los terrenos nacionales administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el proyecto de ley de propiedad privada que el oficialismo intentará aprobar este jueves en el Senado, una iniciativa que despertó cuestionamientos por el capítulo referido a la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros.
Durante el diálogo, la legisladora defendió el proyecto impulsado por el Gobierno nacional, negó que la iniciativa implique una venta irrestricta del territorio argentino y sostuvo que existe una importante desinformación sobre el alcance real de la norma.
“Esas tierras son del Estado Nacional”
La entrevista comenzó con la polémica generada en Ushuaia por los terrenos conocidos popularmente como el ex vivero de los coreanos, luego de que desde el Municipio sostuvieran que esas tierras pertenecen a la Provincia en virtud de la Ley de Provincialización.
Monte de Oca rechazó esa interpretación.
“Leí la información que indicó la secretaria de Hábitat y, por supuesto, no es correcta, esto no es así. Es importante que intervengan quienes conocen no solamente la ley, sino también los antecedentes de la provincialización y cómo fue la distribución de las tierras”.
Explicó que la propia Ley 23.775 contempló excepciones respecto del traspaso de inmuebles al Estado provincial.
“La ley indicaba el traspaso de ciertos inmuebles a la provincia, pero también hacía la reserva de aquellos sitios que continuaban perteneciendo a la Nación por cuestiones estratégicas, de seguridad o simplemente porque la Nación conserva determinados territorios para sus propios fines”.
Según indicó, esa fue la razón por la cual diversos predios continuaron bajo la órbita nacional.
“Por eso la Armada conserva la custodia de esas tierras, aunque la propiedad corresponde a la Nación Argentina”.
La venta de inmuebles ociosos
La senadora explicó que la decisión de vender terrenos responde a una política nacional impulsada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
“La AABE está haciendo en Tierra del Fuego y en todo el país la puesta a disposición y venta de aquellos inmuebles que están ociosos”.
Recordó que incluso mantuvieron reuniones con las “autoridades nacionales del organismo, nos explicaron que la intención del Estado Nacional es no seguir conservando inmuebles que permanecen ociosos y que pueden ser utilizados de otra manera”.
Sin embargo, aclaró que la “AABE únicamente administra y comercializa los bienes nacionales y que no determina qué uso tendrán posteriormente, ellos no toman decisiones sobre qué puede hacerse en esos terrenos, esa es una facultad de las municipalidades mediante la zonificación urbana”.
El antecedente del Procrear
Para reforzar su postura, Monte de Oca recordó que el terreno cuestionado integró oportunamente el “proyecto nacional Procrear, ese terreno donde estaba el vivero de los coreanos formaba parte del proyecto Procrear. Cuando ese proyecto finalmente no se llevó adelante, las tierras fueron desafectadas y volvieron nuevamente a la AABE”.
Agregó además que ·esa situación constituye una prueba histórica de la propiedad nacional del inmueble, así como el sector de Los Cañones fue utilizado para el Procrear, ese terreno también estaba afectado al mismo proyecto nacional”.
La Municipalidad y el convenio con la Armada
La legisladora también hizo referencia al convenio firmado por la Municipalidad de Ushuaia con la Armada para utilizar parte del predio como depósito de sal y al respecto dijo que “producto de la desafectación del Procrear la Municipalidad pudo firmar un convenio con la Armada para guardar allí la sal y otros elementos”.
A su entender, ese acuerdo también demuestra que “el Municipio reconoció la propiedad nacional del terreno, entonces, si la Municipalidad no hubiera reconocido la propiedad del Estado Nacional nunca habría firmado un convenio con la Armada”.
“No existe una objeción estratégica”
Consultada sobre por qué un terreno nacional sin utilización militar continúa bajo custodia de la Armada, respondió que “no existen actualmente razones estratégicas que impidan su venta, la Armada consultó si esas tierras podían ponerse a disposición y no hubo ninguna objeción vinculada con cuestiones de seguridad o logística”.
No obstante, señaló que “cualquier desarrollo futuro estará condicionado por las normas locales, está muy cerca del aeropuerto y seguramente habrá limitaciones para construir, pero eso dependerá de las normas provinciales y municipales”.
“La AABE no decide qué se construye”
Monte de Oca remarcó que muchas críticas mezclan competencias que corresponden a distintos organismos.
“La AABE solamente dice que un inmueble está ocioso y puede venderse. Después quien lo compre deberá ajustarse a toda la normativa municipal, provincial y ambiental”.
Explicó que “ningún comprador podrá desarrollar proyectos incompatibles con la zonificación vigente, si alguien quiere construir un edificio de seis pisos cerca del aeropuerto y la normativa no lo permite, simplemente no podrá hacerlo”.
La discusión sobre la provincialización
Durante la entrevista también se analizó el artículo 15 de la Ley 23.775, utilizado por algunos funcionarios municipales para sostener que los terrenos pertenecen a la Provincia.
Monte de Oca consideró que “esa interpretación resulta insuficiente, habría que revisar por qué ese terreno quedó originalmente bajo custodia de la Armada. Ese dato seguramente explica el fundamento jurídico”.
Añadió que nunca existió un conflicto sobre la “propiedad del inmueble, desde siempre ese terreno fue tratado como propiedad nacional, así ocurrió con el Procrear y con todos los convenios posteriores”.
En ese sentido cuestionó las interpretaciones actuales al sostener que “es muy vago interpretar una ley diciendo que de repente el Estado Nacional nunca tuvo propiedades allí cuando históricamente todas las municipalidades firmaron convenios reconociendo esa situación”.
La ley de propiedad privada
Respecto al proyecto que este jueves debatirá el Senado y que despertó preocupación por el régimen de venta de tierras a extranjeros, Monte de Oca buscó desactivar esos cuestionamientos y al respecto sostuvo que “nunca estuvo prohibida la venta de tierras a extranjeros, lo que hace esta ley es ordenar la cuestión”.
Recordó que “actualmente existen inmuebles pertenecientes a ciudadanos extranjeros incluso en Tierra del Fuego, eso no es nuevo y mucho menos para nuestra provincia”.
“La ley endurece las expropiaciones”
La senadora sostuvo que uno de los objetivos centrales del proyecto consiste en “proteger el derecho de propiedad, la ley limita aún más las posibilidades de expropiación para que las personas puedan desarrollar sus proyectos sin quedar sometidas a decisiones políticas”.
Afirmó que “el proyecto incorpora mayores exigencias para justificar cualquier expropiación, lo que hace es volver mucho más estrictos los requisitos”.
“Los Estados extranjeros no podrán comprar”
Uno de los puntos que más destacó fue la incorporación de una prohibición que, según explicó, actualmente no existe que es que la “ley agrega la imposibilidad de que los Estados extranjeros puedan comprar tierras”.
Explicó que esa limitación constituye una “diferencia importante respecto del régimen vigente, hasta ahora un Estado podía comprar tierras, con esta ley eso deja de ser posible”.
“No van a venir a comprar toda la Patagonia”
Monte de Oca también rechazó las advertencias sobre una eventual adquisición masiva de territorio argentino por parte de extranjeros y al respecto dijo que “estamos muy lejos de considerar que van a venir ingleses a comprar toda la Patagonia, eso no es así”.
Explicó que “toda persona que adquiera un inmueble deberá respetar la legislación argentina, por lo cual, quien compra una tierra queda sometido a las leyes nacionales. No importa cuál sea su nacionalidad”.
Además, recordó que “muchos inmuebles directamente no podrán comercializarse, hay propiedades que no están sujetas a la venta y todo depende de los procesos de loteo, administración y disponibilidad”.
Las zonas de frontera no cambian
Otro de los aspectos que enfatizó fue que la iniciativa no modifica la legislación vinculada con la seguridad nacional porque “la ley de zonas de frontera y la ley de defensa no se modifican”.
Precisó que “Tierra del Fuego posee un régimen aún más restrictivo, toda la provincia está considerada zona de frontera y zona de seguridad, por lo que los requisitos para comprar tierras rurales siguen siendo muchísimo más exigentes”.
Incluso sostuvo que “esas limitaciones prácticamente dejan a Tierra del Fuego fuera de cualquier riesgo, prácticamente Tierra del Fuego quedaría exenta porque la mayoría de los terrenos están alcanzados por esas restricciones”.
También recordó que existen otras limitaciones ambientales, donde “tenemos reservas naturales muy importantes como Corazón de la Isla donde tampoco pueden desarrollarse determinadas actividades”.
El supuesto consulado de Israel
Consultada sobre las versiones vinculadas con una posible instalación de un consulado israelí en Ushuaia, Monte de Oca aseguró que no existe ninguna solicitud formal.
“No tenemos otra información que la periodística porque no hay un pedido formal presentado ante Cancillería”.
Reconoció que “existieron consultas preliminares, nos dijeron que hubo consultas y que, por la cantidad de turistas israelíes que recibe Ushuaia, eventualmente podría analizarse”.
Explicó que uno de los requisitos para instalar un consulado consiste en “contar con ciudadanos a quienes representar, eso es lo primero que se evalúa”.
“No hay que discriminar a la comunidad israelí”
La senadora también fue consultada sobre el conflicto internacional que involucra al Estado de Israel y si “bien reconoció la complejidad del escenario internacional, consideró que ese contexto no debe trasladarse a los ciudadanos israelíes, la comunidad internacional no debe negarles derechos a los ciudadanos israelíes por decisiones adoptadas por su Estado”.
Y agregó que “me parece que no le hace bien a la paz del mundo poner el foco solamente en Israel con toda la discriminación que ya padecen sus ciudadanos y la comunidad judía”.
Balance de la visita del secretario de Turismo
Finalmente, Monte de Oca valoró la presencia del secretario de Turismo de la Nación durante la Fiesta Nacional del Invierno y consideró que “es muy positiva la presencia de funcionarios nacionales porque le da un empujón más a un evento tan importante como nuestra Fiesta Nacional del Invierno”.
Explicó que “pudo mantener un breve encuentro con el funcionario durante las actividades desarrolladas en Cerro Castor, nos acompañó durante la entrega de reconocimientos a los jóvenes olímpicos que participaron en Italia y Andorra, está bueno que los funcionarios nacionales acompañen este tipo de eventos”.
A lo largo de la entrevista, la senadora defendió tanto la política de administración de bienes nacionales como el proyecto de ley que debatirá el Senado, insistiendo en que la iniciativa no implica una apertura indiscriminada a la compra de tierras por parte de extranjeros, mantiene intactas las restricciones vinculadas con la seguridad de frontera y busca fortalecer la protección del derecho de propiedad frente a eventuales expropiaciones.
