La intervención del gobierno nacional en el puerto de Ushuaia desató un profundo conflicto sociolaboral, que mantiene en vilo a más de un centenar de familias estatales. Los trabajadores denunciaron un incremento del 1.400 por ciento en las nuevas contrataciones de limpieza y mantenimiento, al mismo tiempo que alertaron sobre la falta de estudios de impacto ambiental en las obras proyectadas. En medio de un complejo escenario judicial que involucra a la Procuración de la Nación y a los tribunales federales locales, los afectados apuntaron contra la discriminación gremial y calificaron el desembarco federal como “una verdadera usurpación del patrimonio provincial”.
Ushuaia – Valeria Barria y Gastón Castillo, trabajadores del puerto, en declaraciones a FM “Del Pueblo” analizaron el duro presente que atraviesan desde que la administración central tomó el control operativo de la terminal marítima. Al abordar la realidad de las familias afectadas por la medida que interrumpió sus actividades habituales a principios de año, recordaron que “sufren el impacto directo los 140 compañeros, que todavía siguen después de casi seis meses de intervención en la misma situación que aconteció el 21 de enero.
Frente a los motivos esgrimidos por la Administración Nacional de Puertos y Navegación para justificar su llegada, los trabajadores desmitificaron las supuestas reformas estructurales y apuntaron a una maniobra puramente económica. Detallaron que la decisión con el servicio de limpieza es un llamado a licitación, ya que todavía la contratación no se hizo, pero les resulta “extraño, como a cualquiera que lo lea, ya que habiendo la licitación provincial de puertos contratado los primeros días de enero un servicio de limpieza por 79 millones anuales, o sea, 6 millones y medio por mes, ahora se pretendan pagar cifras siderales. El nuevo organismo dice venir a solucionar todas las irregularidades y desmanes que había en el puerto, pero está llamando a una contratación por 565 millones de pesos por el mismo servicio, lo que implica un gasto mensual aproximadamente de 94 millones de pesos”, una cifra que tildaron de “enorme”.
La justificación de las tareas y la mentira de la reducción de personal
Respecto a las diferencias que la intervención alega para convalidar semejante erogación, como la inclusión de tareas de pintura, los referentes aclararon que esos trabajos “siempre estuvieron cubiertos por la planta permanente sin generar costos extra para el Estado”. Sostuvieron que el personal propio se hacía cargo del mantenimiento y limpieza, pero ellos le agregan un trabajo de pintura que antes realizaban con los empleados de la entidad portuaria, por la gente de servicios generales.
El argumento oficial sobre que el puerto puede operar de manera eficiente con una estructura mínima de treinta personas fue rebatido con dureza por los entrevistados. Explicaron que el staff de servicios generales se divide en un grupo de maquinistas, gente que hace provisiones de agua, mantenimiento de las instalaciones portuarias y demás, tareas que eran hechas diariamente por el personal de su staff. Agregaron que la mentira de la reducción de personal queda a la luz porque “están saliendo a contratar gente a través de esas licitaciones, ya que por la complejidad de la operatoria y la simultaneidad en la llegada de grandes embarcaciones resulta imposible operar con el número que declaran”, afirmaron.
Persecución gremial y el fantasma de la usurpación
Al indagar sobre los criterios utilizados por las autoridades federales para decidir quiénes podían ingresar al predio y quiénes quedaban excluidos, los trabajadores denunciaron una abierta discriminación hacia los empleados de la provincia amparados bajo convenios colectivos de trabajo. Afirmaron que los únicos que quedaron adentro son las 18 personas alineadas a un gremio ferroviario de Buenos Aires, “el cual propició la denuncia inicial que dio origen a la intervención, mientras que el resto de las organizaciones tradicionales de la provincia quedaron completamente afuera”.
La forma en que se ejecutó la toma de las instalaciones portuarias fue descripta como “un acto desprolijo y nocturno, respaldado exclusivamente por el despliegue de las fuerzas de seguridad nacionales”. Los operarios compararon la situación con “un despojo territorial” al asegurar que el Gobierno del Estado Nacional usurpó a la provincia el puerto, impidiendo el ingreso “incluso de las máximas autoridades políticas de Tierra del Fuego”. Manifestaron que se trata de “actos de facto porque vinieron a las 12 de la noche, pusieron una barrera con antimotines y terminaron notificando al presidente del ente vía WhatsApp”, repasaron.
El laberinto judicial y las obras bajo la lupa
La discusión sobre las nuevas obras de infraestructura y la colocación de defensas en el muelle también encendió las alarmas debido a “la total ausencia de controles ecológicos”, según dijeron. Los trabajadores lamentaron que se avance en tareas de magnitud sobre el canal “sin un estudio de impacto ambiental previo, dejando residuos químicos y desechos en las aguas sin que ningún sector civil o estatal intervenga para frenarlo”.
Finalmente, al evaluar el curso que tomó la batalla legal en los tribunales federales, expresaron su expectativa de “que la justicia se haga cargo de resolver el conflicto de manera urgente”. Mencionaron que el dictamen reciente de la Procuración de la Nación dejó en claro “que la causa debe tramitarse en la justicia federal local y no en la Corte Suprema, por tratarse de un litigio entre entes autárquicos”. Concluyendo que “el juez interviniente ya no puede lavarse las manos y tiene que resolver la situación de fondo, ya que el puerto pertenece a todos los ciudadanos de la provincia y constituye un motor fundamental para la generación de empleo genuino en la región”.
