Tras meses de tensión entre el Consejo de la Magistratura y el Superior Tribunal de Justicia, María Elena Guerrero fue designada jueza de Familia y Minoridad N° 1 de Ushuaia. El mismo Tribunal que frenó su nombramiento envió, junto con la designación, un proyecto de 169 artículos para reformar el sistema de selección de magistrados. El abogado Raúl Aciar analizó ambos procesos en el programa Periodismo de Radio Provincia y no ahorró críticas: calificó de «irregular» el camino que llevó a la designación y calificó de «mejorador» el nuevo reglamento propuesto.
Ushuaia. – La designación de María Elena Guerrero como jueza de Primera Instancia de Familia y Minoridad N° 1 de Ushuaia, luego de meses de un inédito conflicto institucional entre el Consejo de la Magistratura y el Superior Tribunal de Justicia (STJ), volvió a poner en agenda una pregunta que rara vez se discute puertas afuera de Tribunales: ¿cómo se eligen los jueces en Tierra del Fuego?
El Consejo de la Magistratura había propuesto a Guerrero para el cargo luego del concurso realizado para cubrir esa vacante, pero el Superior Tribunal rechazó la propuesta mediante la Acordada 24/2026, al advertir la ausencia de parámetros objetivos que justificaran esa selección por sobre otras candidatas con mayores antecedentes. El organismo de selección de jueces respondió ampliando los fundamentos de su propuesta original —de la Acordada 674/26 pasó a la 693/26— sin realizar un nuevo concurso. Finalmente, mediante la Acordada 70/2026, el STJ dio marcha atrás y designó a Guerrero, considerando «satisfechas las exigencias de motivación» que antes había reclamado.
En esa misma Acordada, el Tribunal aprovechó para remitir al Consejo de la Magistratura un proyecto de Reglamento General de Concursos, de 169 artículos, que busca reemplazar el actual sistema de selección de magistrados por uno con parámetros objetivos y un puntaje predefinido.
«El proceso ha sido sumamente irregular»
Consultado en el programa Periodismo, que se emite por Radio Provincia, el abogado Raúl Aciar fue categórico al describir el camino que llevó a la designación de Guerrero. «Ha sido sumamente irregular», afirmó, y agregó que la última acordada del Superior Tribunal «tiene unos ciertos costados de incoherencia, de poca razonabilidad, hasta diría de poca seriedad».
Aciar explicó que el propio Superior Tribunal, al rechazar la primera propuesta, había señalado que la selección tenía «mucha y grave discrecionalidad». Lo llamativo, dijo, es lo que ocurrió después: «No se entiende por qué ahora el Consejo de la Magistratura, ante la negativa del Superior Tribunal, dice que va a ser una acordada mejoradora de la anterior». Para el letrado, ese solo hecho ya reconoce que «el proceso de selección no ha sido regular, no se ha bastado a sí mismo».
Sobre el desenlace —la aceptación final de esa acordada «mejorada»— fue igual de crítico: «Eso es la incoherencia, la poca razonabilidad, lo que no aparece como muy serio». Y llevó la reflexión a un plano personal: «A mí no me gustaría que me designen así, como que hicieron todo un procedimiento que primero estaba mal, pero después lo enmendaron». Consultado sobre si esto configura un «manoseo» de la candidata, Aciar prefirió matizar: «Más que nada un manoseo del proceso de elección. El candidato, el nombre en este caso no interesa, porque cualquiera que hubiera sido, a mí no me gustaría que me elijan así».
El abogado remarcó además que la designación irregular «genera una serie de efectos», entre ellos los intereses legítimos de los demás postulantes del concurso, quienes —dijo— están a tiempo de reclamar formalmente.
Aciar también llamó la atención sobre los tiempos de publicación: la acordada de designación lleva firma del día 8, pero se dio a conocer recién el 22, coincidiendo con la feria judicial de invierno. «Son detalles», planteó, «será para que ocurra en un momento en que todo el mundo está con una distensión de vacaciones, de recreo, en mi opinión, eso yo no lo puedo asegurar, pero lo cierto es que el calendario es el mismo para todos».
El otro proyecto: bajar la discrecionalidad con un sistema de puntaje
El segundo eje de la entrevista fue el proyecto de reglamento que el Superior Tribunal remitió al Consejo de la Magistratura junto con la Acordada 70/2026. Aciar lo leyó apenas se conoció y su valoración fue positiva: «Me parece sumamente mejorador del proyecto que hemos tenido hasta ahora», sostuvo, porque «disminuye los niveles de discrecionalidad» y suma «un poco más de objetividad, un poco más de transparencia, un poco más de detalle de cómo se hace».
El cambio más visible es la incorporación de un sistema de puntaje de 100 puntos para ordenar a los postulantes: 30 puntos para antecedentes profesionales y judiciales, 15 para la entrevista personal, 35 para el examen y 20 para los antecedentes académicos. Con ese esquema se conformaría una orden de mérito objetiva, algo que —según Aciar— no ocurre con el sistema vigente, donde el examen y la entrevista se toman, pero nadie les pone una nota concreta.
El abogado destacó también una exigencia que, según explicó, nunca había existido en más de treinta años de designaciones en la provincia: la obligación de fundamentar cada decisión. Citó el artículo del proyecto que exige que toda valoración sea «suficientemente clara y precisa» en su motivación. «Anteriormente, en treinta y pico de años que ya tiene la provincia, nadie fundamentó, nadie expresó por qué elegía a tal o cual candidato para cubrir tal cargo», remarcó.
Aciar situó además el origen de esta figura —el Consejo de la Magistratura— en el derecho continental europeo, incorporada a las constituciones argentinas para garantizar mayor transparencia y menor injerencia política en la Justicia. En esa línea, señaló que el proyecto fueguino toma elementos de reformas presentadas en otros consejos de la magistratura del país y del mundo, incluyendo perspectiva de género y uso de inteligencia artificial.
Por ahora, se trata de una propuesta que deberá discutirse con el Consejo de la Magistratura, los colegios de abogados y los legisladores antes de convertirse en reglamento definitivo. Mientras tanto, la designación de Guerrero quedó firme: la jueza asumirá su cargo una vez que preste juramento ante el Superior Tribunal, tras la feria judicial de invierno.
