Mientras sigue fresca la polémica por la designación de la jueza María Elena Guerrero, hay al menos tres iniciativas en danza para reformar el sistema de selección de magistrados: una del Superior Tribunal de Justicia (169 artículos), otra del Colegio de Abogados y una tercera que impulsan los legisladores. El consejero Marcelo Castelli, en diálogo con PERIODISMO (Radio Provincia), repasó en detalle las diferencias entre los proyectos y contó cómo se resolvió puertas adentro el conflicto por Guerrero.
Río Grande. – El conflicto por la designación de María Elena Guerrero como jueza de Familia de Ushuaia dejó una pregunta instalada en Tierra del Fuego: ¿cómo se eligen los jueces en la provincia y qué tan discrecional es ese proceso? La respuesta empezó a tomar forma en las últimas semanas, con la aparición de al menos tres proyectos de reforma del reglamento de selección que hoy se discuten en paralelo, según confirmó el Dr. Marcelo Castelli, abogado de Río Grande y consejero de la Magistratura en representación de los abogados, en una entrevista con el programa PERIODISMO de Radio Provincia.
«Me parece un buen proyecto»
Consultado sobre el proyecto que presentó el Superior Tribunal de Justicia, Castelli fue cauto pero elogioso: «Sí, me hice el proyecto ayer, o sea que lo he leído, pero bueno, he hecho un análisis no exhaustivo del mismo. Me parece un buen proyecto». Y agregó una observación sobre su origen: «Me da la impresión que tiene mucho del proyecto que ha enviado la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Consejo de la Magistratura Nacional. Ha tomado varias cosas de ese proyecto».
Según explicó, la iniciativa del Superior también es «producto de la reunión que hemos tenido con los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y los integrantes del Consejo de la Magistratura, donde acordamos trabajar en conjunto para lograr este reglamento y mejorar el proceso de selección». Pero aclaró que no partieron de cero: «Te cuento que nosotros ya veníamos trabajando desde el Consejo en un reglamento bueno también para la selección de los postulantes a jueces y bueno, ahora la tarea que nos sigue es ver qué es lo mejor de cada uno de los proyectos y tratar de obtener el mejor proyecto posible para lograr que sea más adecuado en nuestros tiempos la selección de magistrados».
Tres proyectos, un mismo objetivo declarado
Para Castelli, más allá de las diferencias, hay coincidencias de fondo: «Ambos proyectos coinciden en reducir la discrecionalidad, en aumentar la transparencia, en definitiva en fortalecer la legitimidad del proceso de selección». Y sumó que «hay cuestiones que se pueden aggiornar y acomodar y buscar cuál de las posturas de estos dos proyectos son coincidentes y trabajar en función de ello y ver cuál es el resultado final».
Sobre el tercer proyecto, el de los legisladores, dijo no tener información: «yo no tengo conocimiento sobre el que están trabajando los legisladores». En cambio, sobre el del Colegio de Abogados fue explícito: «sí tengo conocimiento del que presentó el doctor Pagano Zavalía, que es el representante de los abogados del Distrito Judicial Sur. Efectué algún aporte, lo he hablado con él y ya venimos trabajando en ese proyecto».
El plazo: antes del 17 de diciembre
El consejero fue claro sobre los tiempos políticos que corren detrás de la reforma: «La idea por lo menos mía y entiendo que el doctor Pagano Zavalía es poder resolverlo este año porque nuestro mandato termina el 17 de diciembre de este año». Y explicó por qué: «quisiéramos irnos con esto resuelto, ya que entendemos que hay un consenso de la mayoría en que hay que modificar el sistema de selección y por otro lado los principios creo que están claros, que todos entendemos que hay que reducir la discrecionalidad de los consejeros, que sea más objetivo el proceso, que tenga mayor transparencia, que quien se postule un cargo para ser juez tenga una decisión fundada en cuanto a por qué sí o por qué no, por qué ganó un postulante sobre otro».
169 artículos contra un esquema de 220 puntos
Al comparar ambos proyectos, Castelli marcó una preferencia de estilo: «entiendo el proyecto del Superior es bastante extenso, yo lo he leído, 169 artículos. A mí en particular me gustan las cuestiones más concisas, más cortas y más fáciles de llevar a la práctica».
Sobre el sistema de evaluación, precisó que «ambos proyectos estructuran el sistema de evaluación en puntaje», pero que el del Colegio de Abogados va más a fondo: «el proyecto del Colegio, que está presentado por el doctor Pablo Zavalía, hace una distinción más clara, a mi entender, en cuanto a los antecedentes, exámenes, es más exhaustivo, la calificación está basado en más puntaje, no en 100 puntos, sino hay 220 puntos, los divide». Y ubicó ahí el verdadero nudo de la discusión: «más allá de los principios que ambos proyectos adoptan en cuanto a la trazabilidad y mejorar todo el proceso de selección, ambos proyectos se estructuran sobre puntajes y la discusión va a estar dada, a mi entender, en ver qué tiene mayor preeminencia en cuanto a evaluar y a tener en cuenta de los postulantes a la hora de ser seleccionados».
El jurado académico que se cayó del proyecto
Uno de los puntos más sensibles es quién corrige el examen escrito y cómo. Consultado sobre si el proyecto de los abogados contempla un jurado académico independiente, Castelli fue franco: «te voy a ser sincero, en un principio lo contemplaba, después se eliminó, pero entiendo que es una discusión válida y a mi entender sería beneficioso que exista». Y explicó el motivo del retroceso, ligado directamente al caso Guerrero: «esto surgió, el proyecto original lo contemplaba, cuando vino toda esta situación de la doctora Guerrero y demás, el doctor Pagano Zavalía prefirió presentar algo más simple para ver si se podía ya instrumentar para el proceso de selección». Aun así, dejó la puerta abierta: «entiendo que es el motivo por el cual él lo eliminó, pero entiendo que está dentro de las discusiones que hay que dar, sí, el tema es después instrumentarlo, los costos que eso implica y bueno, y ver cómo se lleva adelante, pero sí, la idea está y bueno, es uno de los temas que hay que discutir».
Sin difusión pública, por ahora
Ninguno de los proyectos se dio a conocer oficialmente todavía. Castelli contó que ya lo comparte puertas adentro: «yo ya lo he compartido con todos los profesionales del Distrito Judicial Norte, yo se los he enviado a todos ni bien llegó a mi poder para conocer cuál es su opinión sobre el tema. Yo ni bien corte te lo reenvío, no tengo problemas, ingresó y yo insisto, se lo trasladé a todos los profesionales abogados del Distrito Judicial Norte, que siempre que terminó la sesión les envío las acordadas y los temas que se han tratado».
Sobre cómo sigue el proceso institucional, explicó: «el primer paso era que nos envíen el proyecto que ellos estaban elaborando, insisto, yo recién ayer de manera extraoficial lo obtuve, me lo envió Lorena, y bueno, la próxima reunión es la semana que viene del Consejo y ahí ya veremos cómo nos organizamos para empezar a trabajar sobre esto y bueno, veremos cómo lo estructuramos con el Superior». Y remarcó dónde recae la decisión final: «la facultad de dictar el reglamento es del Consejo, pero bueno, lo acordado en la reunión fue trabajarlo conjuntamente para obtener el mejor proyecto posible».
El trasfondo: cómo se resolvió el caso Guerrero
Castelli no formó parte del concurso original —»no, no, yo no participé el año anterior del concurso»— pero sí de la resolución del conflicto posterior, del que se enteró, dijo, «también me enteré de casualidad… me enteré por los medios también».
Su relato es el más detallado que dio hasta ahora un consejero sobre lo ocurrido: «la realidad que varios de los consejeros habían estado en las entrevistas y de la reunión lo que surgió, más allá de que yo estoy convencido de que el rol específico del Consejo de la Magistratura es la selección y proposición y el rol que tiene el Superior Tribunal es meramente un control de legalidad y alguna cuestión por ahí de irrazonabilidad manifiesta de la selección, lo que pidieron ellos y nos dieron a entender en el momento de la reunión fue que no estaban cuestionando la designación, sino simplemente que como objetivamente surgía que las otras candidatas tenían mejores antecedentes académicos, una justificación de los motivos por los cuales se había elegido a la doctora Guerrero por sobre las otras candidatas».
Frente a ese pedido, el Consejo no volvió a votar: «los consejeros que habían participado y por supuesto yo cuando se instaló este tema y los consejeros que no habíamos participado, hemos visto las entrevistas, hemos analizado los antecedentes, hemos escuchado los consejeros que han participado y bueno, ampliamos los fundamentos en el sentido de darle mayor, perdón la redundancia, fundamentos al Superior porque era la candidata elegida, seleccionada». Sobre el resultado original del concurso, precisó: «tené en cuenta que la votación fue seis votos a favor de la doctora Guerrero y un solo voto no obtuvo el acompañamiento».
Castelli calificó lo sucedido como un hecho inédito: «más allá del proceso de selección que es el que venimos teniendo desde hace un montón de tiempo, yo en mi opinión personal, la primera vez que veo esto y creo que es la primera vez que acontece una situación así. Entiendo que no es la forma para rechazar una postulación».
Fue insistente en marcar que no hubo una nueva evaluación: «no fue una evaluación, no se hizo una nueva votación. No insistimos en la decisión que ya se había adoptado. Lo que se hizo fue ampliar los fundamentos de esa decisión». Y defendió la competencia exclusiva del Consejo: «no es que nosotros tomamos decisión, nosotros sostuvimos la facultad del Consejo de la Magistratura de seleccionar y proponer al candidato que considerábamos más idóneo, y que bueno, que no era una atribución del Superior hacer ese control que se estaban atribuyendo, porque, bueno, insisto, no veo yo que constitucionalmente puedan ocupar ese rol por sobre un órgano que está creado específicamente para cumplir con esa función». Sobre los límites de esa facultad de control, explicó: «la facultad que tiene de control al designar es si existe alguna ilegitimidad manifiesta, alguna arbitrariedad evidente o algún incumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo».
Y cerró el punto con una síntesis: «no es que se volvió a votar por una o por otra, simplemente se sostuvo la designación, la proposición que se había hecho, entendiendo que el rol del Consejo, si toma una decisión, no es revisable, salvo estas excepciones que te estoy diciendo, por el Superior Tribunal. No es que volvimos a hacer una votación simplemente para solucionar el conflicto que se había instalado, que era un conflicto institucional bastante avanzado. Desgraciadamente pudimos entender que la acordada, por lo que nos manifestó el Superior, los integrantes del Superior, requería mayores fundamentos y no era un rechazo por otras circunstancias, por otra circunstancia distinta, que no encontraban ellos los fundamentos para elegir una candidata sobre la otra. Fue la forma de resolver el conflicto que se consensuó en esa reunión, pero no hubo una nueva evaluación de las condiciones, ni mucho menos».
Con tres proyectos sobre la mesa, un plazo institucional que corre hasta diciembre y un antecedente reciente que dejó en evidencia las tensiones entre el Consejo y el Superior Tribunal, el desenlace de esta reforma va a definir, en los hechos, con qué reglas se van a elegir los próximos jueces de Tierra del Fuego.
