La referente de la Cooperativa Renacer y legisladora (MC), visibilizó la profunda preocupación del sector industrial ante una presentación de las cámaras empresariales que busca reducir sustancialmente el valor agregado en la fabricación de aires acondicionados. Según expresó, la iniciativa generaría una pérdida masiva de puestos de trabajo directos en Río Grande y Ushuaia, afectando no solo a las grandes plantas sino también a las cooperativas y al comercio local. Además, enfatizó en la necesidad de unificar posturas entre el gobierno provincial, los sindicatos y las fuerzas políticas para frenar este avance contra la industria.
Río Grande – Durante la reunión del Área Aduanera Especial llevada a cabo el pasado 19 de agosto en la provincia, la Cooperativa Renacer hizo oír su reclamo tras tomar conocimiento de un pedido formal elevado por AFARTE y la Unión Industrial Fueguina ante la Secretaría de Coordinación Productiva de la Nación en el mes de junio. En sus declaraciones a Radio Provincia, Mónica Acosta detalló las consecuencias sociales, laborales y geopolíticas de modificar los estándares productivos vigentes bajo la Ley 19.640, advirtiendo sobre una drástica reducción del valor agregado local y la pérdida de soberanía en el territorio.
Al manifestarse sobre lo acontecido en relación a la nota presentada por la Cooperativa Renacer en la última reunión del Área Aduanera Especial, la referente social y cooperativista Mónica Acosta contextualizó el origen del malestar e indicó que tomó conocimiento de una presentación formal del 16 de junio rubricada por la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales Electrónicas (AFARTE) y la Unión Industrial Fueguina. Respecto del contenido de dicho escrito, Acosta dejó en claro que la propuesta del sector empresarial busca alterar de fondo la producción local al expresar que “la misma prevé un cambio en materia del proceso productivo de aires acondicionados que no es una mera simplificación tecnológica, lo que allí se presenta, ni mucho menos, tiene que ver con restar prácticamente el 70% del valor agregado y, por ende, profesiones, especialidades y una multiplicidad de puestos de trabajo de manera directa y la implicancia es casi similar al efecto de una bomba atómica”.
Al profundizar sobre el espíritu normativo vulnerado y el accionar de los actores involucrados, la entrevistada contrapuso la postura actual de los ejecutivos con las batallas que antes se daban en forma conjunta contra la administración central. Sobre este punto remarcó que “realmente no respeta en lo más mínimo a la ley 19.640, a la normativa reglamentaria y fue ocultada de una manera que para nosotros, obviamente, no sabemos muy bien qué fue lo que cambió en este último periodo porque con las empresas e inclusive con uno de los firmantes que fue dos veces ministro de la producción, Ramiro Caballero, y que es titular ejecutivo en este caso por parte de la Unión Industrial, veníamos dando la batalla y la pelea contra el centralismo porteño”. De igual forma, reflexionó acerca de la resistencia que históricamente mantuvo el sector frente a embates de tintes liberales, cuestionando que “ni a pedido de este gobierno nacional ni de ningún otro neoliberal que intentara erradicar principios rectores por los cuales la mayoría de las empresas están arraigadas hace tanto tiempo en la provincia. ¿Qué cambió? No sabemos”.
Consultada de manera implícita sobre los antecedentes legales que respaldan la postura del sector productivo y la validez de los beneficios fiscales, Acosta acudió al plano judicial e hizo alusión a la jurisprudencia sentado en la provincia. En ese sentido puntualizó que “hay antecedentes no solamente jurídicos muy importantes como por ejemplo el fallo de la doctora Mariel Borruto, jueza federal del juzgado de la ciudad de Río Grande, donde claramente habla de los beneficios y las exenciones fiscales y en este caso un cambio tan sustancial del proceso productivo conllevaría a no tener obviamente la posibilidad de por el otro lado recibir tales beneficios si se viola el instrumento de esta política pública que tiene finalidad geopolítica, demográfica, territorial, que está destinada a compensar la insularidad, a promover el poblamiento y asegurar la presencia soberana argentina en la región”. En concordancia con los términos fijados por la magistrada, subrayó que “los beneficios fiscales y aduaneros son considerados medios para alcanzar esos objetivos y no fines en sí mismos”.
Respecto de la repercusión de este escenario sobre el entramado laboral y la situación económica que atraviesan los municipios de Río Grande y Ushuaia, Acosta vinculó la controversia de los procesos productivos con la ola de cesantías que golpea a las fábricas fueguinas. Sobre este impacto social aseveró que “toda esta situación agudiza y profundiza no solamente el sufrimiento, sino las perspectivas de los derechos que nos fueron conferidos, no por nuestras lindas caras, sino para cumplir una cantidad de requerimientos, como el de poblar, como el de desarrollar”. Asimismo, advirtió sobre el alcance generalizado de la medida al afirmar que “esto también le va a afectar al comercio y creo que era importante en esta etapa no pasar inadvertido, porque las empresas más chicas también dependemos de que esto no avance. Tanto la cooperativa Audivic como Renacer también son alcanzadas y todas las fábricas que tienen a este producto, en principio, como el principal dador de mano de obra de toda la industria fueguina”.
En cuanto a las responsabilidades operativas y al margen de negociación institucional que queda por delante para impedir la puesta en marcha de los cambios, la dirigente cuestionó las pretensiones del Poder Ejecutivo Nacional y exigió respuestas concretas sobre el destino del régimen. Refiriéndose a las contradicciones entre las declaraciones públicas de los actores y sus maniobras ante la administración central, manifestó que “la realidad es que se dice una cosa, después se hace otra y pareciera que desde afuera van a venir a llevarnos puestos a todos en un momento en donde el desempleo ha crecido brutalmente, donde claramente hay filas de personas esperando una vianda de comida”. Ante este panorama, insistió en pedir respuestas al Gobierno Nacional para transparentar las intenciones de fondo y enfatizó que “quisiéramos saber, que es algo que todavía nadie nos quiere decir, qué pretenden hacer desde el Gobierno Nacional con nuestra industria”.
Finalmente, al indagar sobre la postura del Ministerio de la Producción de Tierra del Fuego y los acercamientos con representantes de La Libertad Avanza para buscar frenar el conflicto, Acosta señaló que las gestiones técnicas o del área provincial no bastan por sí solas si no hay un frente común. Al evaluar las estrategias de las multinacionales y la diversificación de sus inversiones en la provincia, sostuvo que “nos ponemos contentos cuando las empresas quieren invertir y diversificarse en otros rubros, pero esos intercambios no pueden significar que en su lugar de origen nos declaren a todos como una zona de sacrificio”. Concluyó haciendo un llamado transversal a toda la clase política al afirmar que “no importa esto si uno es de derecha o de izquierda, tendríamos que estar todos discutiendo contra Nación frente al avance de este proceso desindustrializador, que va a exponernos a cientos y yo diría hasta miles de personas de manera directa”.
