El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dáchary, puso en duda la credibilidad del supuesto giro del Gobierno nacional sobre la cuestión Malvinas y advirtió que, durante la mayor parte de su gestión, Javier Milei impulsó una política de cooperación con el Reino Unido que, a su entender, terminó favoreciendo los intereses británicos en el Atlántico Sur. “El historial es completamente negativo”, sostuvo.
Río Grande.- El anunciado cambio de posición del Gobierno nacional respecto de la cuestión Malvinas despertó fuertes cuestionamientos desde Tierra del Fuego. El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dáchary, puso bajo la lupa las recientes declaraciones de Javier Milei y reclamó que cualquier modificación de la política exterior argentina hacia el Reino Unido sea demostrada con hechos concretos y sostenida en el tiempo.
En diálogo con FM del Pueblo, el funcionario provincial consideró que los últimos anuncios presidenciales implicarían, en caso de concretarse, “un giro de 180 grados” respecto de la política que la Cancillería desarrolló durante buena parte de la actual gestión.
Dáchary aclaró que cualquier decisión que efectivamente contribuya a impedir o dificultar la explotación de recursos naturales argentinos en el área de Malvinas será bienvenida. Sin embargo, advirtió que el problema central está en la credibilidad del cambio anunciado.
“Si esta reflexión es honesta, es real y a partir de ahora se quieren hacer las cosas bien, bienvenida sea. Pero es difícil creer cuando existen tantos antecedentes”, sostuvo.
Para el funcionario fueguino, el Gobierno nacional construyó durante años una política que “priorizó la cooperación con el Reino Unido y que terminó generando condiciones favorables para la continuidad de la explotación británica de los recursos del Atlántico Sur”.
Un historial que genera desconfianza
Dáchary enumeró distintos episodios que, desde su perspectiva, permiten explicar las dudas que existen frente al nuevo discurso presidencial.
Entre ellos mencionó la conocida admiración de Milei hacia Margaret Thatcher, figura central de la política británica durante la Guerra de Malvinas; el acuerdo conocido como Mondino-Lammy; la visita a la Argentina del entonces canciller británico David Cameron y la designación de Fernando Iglesias en una representación estratégica ante la Unión Europea.
A estos antecedentes sumó decisiones institucionales vinculadas con la cuestión Malvinas, como la desactivación del Observatorio Parlamentario sobre la Cuestión Malvinas y la paralización del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas.
También cuestionó declaraciones del propio Presidente relacionadas con la voluntad de los habitantes de las islas, entendiendo que ese tipo de posicionamientos se alejaron de la tradicional política argentina respecto de la disputa de soberanía.
Pero Dáchary puso especial énfasis en un episodio mucho más reciente como fue el ingreso de un buque británico al puerto de Ushuaia.
“No tenemos que irnos un siglo atrás para analizar las contradicciones. Hace una semana se celebró la presencia de un buque británico en Ushuaia”, cuestionó.
Para el funcionario, esa situación resulta difícil de compatibilizar con un discurso que ahora pretende mostrarse más firme frente a los intereses británicos en el Atlántico Sur.
“Eligió tres años cooperar”
La crítica de Dáchary apuntó directamente a la evolución de la política exterior durante la gestión de Milei. Según su interpretación, no se trata simplemente de una modificación puntual de una determinada decisión, sino de un cambio de rumbo dentro de una misma administración.
“Es la primera vez que tenemos una vuelta en el aire dentro de una misma gestión: eligió tres años cooperar, facilitarles las cosas a los británicos y, en su último año, tratar de complejizar un poco esa operatoria”, afirmó.
La definición sintetiza la principal objeción planteada por el funcionario provincial: el Gobierno nacional debería demostrar con acciones que el nuevo posicionamiento constituye realmente un punto de inflexión y no solamente una modificación discursiva.
Dáchary, de todos modos, dejó abierta la posibilidad de acompañar las nuevas medidas si efectivamente implican una política diferente.
“No hay ningún problema en acompañar si el cambio es real”, fue el planteo de fondo del secretario, quien insistió en que la cuestión central será comprobar si el supuesto giro se sostiene.
Sea Lion y el riesgo de consolidar la ocupación
Uno de los puntos centrales de la advertencia de Dáchary estuvo relacionado con el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado en el área de Malvinas.
Para el funcionario fueguino, el problema excede ampliamente la cuestión económica o ambiental. La explotación de hidrocarburos en aguas circundantes a las islas puede convertirse, según advirtió, en un elemento capaz de fortalecer financieramente la ocupación británica.
Dáchary explicó que la primera etapa del proyecto podría alcanzar una producción cercana a los 55.000 barriles diarios, con posibilidades de escalar posteriormente hasta unos 180.000 barriles diarios.
El impacto de semejante nivel de producción, sostuvo, modificaría sustancialmente la ecuación económica de las islas.
Su preocupación es que Malvinas deje de representar para el Reino Unido un costo económico y pase a convertirse en una fuente significativa de ingresos. En ese escenario, la explotación de los recursos naturales argentinos no solamente implicaría un perjuicio económico para el país, sino que podría fortalecer la posición británica y dificultar aún más cualquier negociación futura por la soberanía.
“Argentina tiene que complicarle las cosas al Reino Unido, no favorecerlo”, sentenció.
La frase resume la estrategia que, a criterio del funcionario, debería adoptar el país: utilizar todas las herramientas diplomáticas, jurídicas y políticas disponibles para impedir que la explotación de los recursos naturales contribuya a consolidar la ocupación.
Reclamo por una estrategia internacional más firme
En ese marco, Dáchary planteó la necesidad de recuperar herramientas del derecho internacional para cuestionar las actividades hidrocarburíferas desarrolladas por empresas vinculadas con la explotación de recursos en el área de Malvinas.
Entre las alternativas mencionó la necesidad de recurrir a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, avanzar ante los tribunales internacionales correspondientes y volver a llevar las denuncias argentinas a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Para el secretario fueguino, la discusión no puede quedar limitada a declaraciones políticas ni a gestos diplomáticos. La explotación petrolera representa, a su entender, una cuestión estratégica que requiere una respuesta sostenida del Estado argentino.
El desafío, sostuvo, consiste en evitar que el Reino Unido pueda avanzar en el aprovechamiento económico de los recursos naturales del Atlántico Sur mientras Argentina observa el proceso sin utilizar plenamente las herramientas que tiene a disposición.
Tierra del Fuego prepara una nueva herramienta legal
En paralelo con el reclamo hacia el Gobierno nacional, Dáchary confirmó que Tierra del Fuego trabaja en una nueva iniciativa legislativa para ampliar las herramientas de la provincia frente a las empresas que contribuyan con la actividad británica en las islas.
La norma, impulsada por pedido del gobernador Gustavo Melella, buscará sancionar a compañías que presten servicios, abastezcan o colaboren con Malvinas y, de esa manera, favorezcan directa o indirectamente la continuidad de la ocupación británica.
El proyecto apunta además a ampliar el alcance de las herramientas ya existentes a través de la Ley Gaucho Rivero, incorporando incluso a empresas que operen desde terceros países y que puedan participar de las cadenas comerciales o logísticas vinculadas con las islas.
La iniciativa representa, según Dáchary, una manera de trasladar la defensa de la soberanía desde el plano estrictamente declarativo hacia medidas concretas destinadas a dificultar la actividad económica británica en el Atlántico Sur.
“Recuperar urgentemente el tiempo perdido”
Hacia el final de su planteo, Dáchary insistió en que el principal desafío consiste en evitar que la cuestión Malvinas vuelva a quedar subordinada a los cambios de signo político de los gobiernos nacionales.
Para el funcionario fueguino, la soberanía sobre las islas debe constituir una verdadera política de Estado, sostenida independientemente de quién ocupe la Casa Rosada.
En ese sentido, consideró que si el reciente cambio de discurso del Gobierno nacional representa realmente un punto de inflexión, Tierra del Fuego estará dispuesta a acompañarlo.
“Si esto es un punto de inflexión y logramos mantenerlo, las cosas van a ser mucho más fáciles”, sostuvo.
Pero inmediatamente marcó la urgencia del desafío: “Tenemos que recuperar urgentemente el tiempo perdido y frenar el saqueo de nuestros recursos naturales”.
El planteo de Dáchary deja así planteada una condición concreta frente al nuevo discurso oficial: menos declaraciones y más hechos. Después de años en los que, según su lectura, el Gobierno nacional privilegió la cooperación con el Reino Unido, el funcionario entiende que la verdadera prueba será determinar si el anunciado giro se traduce en medidas capaces de frenar la explotación de los recursos argentinos y fortalecer nuevamente la posición del país en la disputa de soberanía.
Desde Tierra del Fuego, la advertencia es clara: cualquier cambio será acompañado si es genuino, pero los antecedentes de la actual gestión obligan, primero, a comprobar que el nuevo posicionamiento no sea apenas un cambio de discurso.
