La Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra compañías, accionistas, ejecutivos y proveedores vinculados a actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina. Navitas y Rockhopper, impulsoras del proyecto Sea Lion, encabezan la lista. Por otro lado, empresas locales y extranjeras con base en Argentina expresaron su apoyo al decreto firmado por el presidente Javier Milei para aplicar sanciones a petroleras que operen en las islas Malvinas, bajo ocupación británica y cuya soberanía reclama el país suramericano.
Buenos Aires.- El Gobierno avanzó con procedimientos sancionatorios contra 45 empresas y personas vinculadas directa o indirectamente con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en medio de la escalada de la disputa por el desarrollo petrolero Sea Lion.
La medida alcanza a compañías que poseen licencias para operar en el área, pero también a accionistas, ejecutivos, inversores y proveedores de servicios relacionados con los proyectos hidrocarburíferos que la Argentina considera ilegales por no contar con autorización nacional.
En el centro de las actuaciones aparecen Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, las dos compañías que llevan adelante Sea Lion, el proyecto que prevé una inversión cercana a u$s1.800 millones para comenzar a producir petróleo en aguas próximas a las Malvinas en 2028.
El listado tiene, además, un alcance internacional. Incluye actores de Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Sudáfrica y Kazajistán, entre otros países.
Las empresas alcanzadas por las actuaciones
Entre las compañías señaladas aparecen Navitas Petroleum Development and Production Limited y Navitas Petroleum Atlantic Limited, vinculadas al desarrollo de Sea Lion. También figuran accionistas de Navitas, entre ellos Harel Insurance Investments & Financial Services, Migdal Insurance and Financial Holdings, Phoenix Financial y Meitav Investment House.
Por el lado de Rockhopper, el listado comprende a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Rockhopper Exploration (Oil) Limited, además de accionistas e inversores relacionados con la compañía británica.
Las actuaciones se extienden también a firmas relacionadas con otros desarrollos en el área, como Borders & Southern Falkland Islands Limited, JHI Associates y JHI Falklands. En este último caso aparece además Eco (Atlantic) Oil & Gas, accionista de JHI, junto con algunos de sus inversores.
Pero el alcance oficial no se limita a quienes poseen participación directa en los proyectos. Entre los nombres señalados también aparecen compañías vinculadas a la provisión de infraestructura, servicios o asesoramiento, como Noble Corporation, Netherland, Sewell & Associates (NSAI) y Fugro, además de inversores institucionales con participaciones en algunas de las firmas involucradas.
Sea Lion, en el centro de la disputa por Malvinas
Buena parte de la tensión se concentra en Sea Lion, un desarrollo petrolero ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Navitas Petroleum posee el 65% del proyecto y actúa como operadora, mientras que Rockhopper Exploration conserva el 35% restante.
Ambas compañías aprobaron a fines de 2025 la decisión final de inversión para la primera etapa, que contempla un desembolso de aproximadamente u$s1.800 millones, de los cuales cerca de u$s1.000 millones provendrían de financiamiento mediante deuda.
Las proyecciones apuntan a comenzar la producción durante 2028, con unos 55.000 barriles diarios en la etapa inicial. Navitas calcula que el yacimiento cuenta con reservas por 216 millones de barriles y recursos totales cercanos a 603 millones.
El Gobierno argentino rechaza el proyecto debido a que se desarrolla en un área cuya soberanía reclama el país y sin autorización de las autoridades nacionales.
Qué sanciones pueden enfrentar
La ofensiva argentina se apoya en la Ley 26.659, que establece restricciones para personas y compañías que desarrollen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.
De acuerdo a lo que expresa la ley, el régimen prevé principalmente:
- Multas equivalentes al valor de 15.000 barriles de petróleo como mínimo y hasta 1,5 millones de barriles como máximo.
- Inhabilitación de entre 5 y 20 años para realizar actividades en la Argentina.
- Decomiso de equipos y materiales utilizados en las actividades ilícitas.
- Reversión de concesiones y permisos hidrocarburíferos que la empresa pudiera tener en territorio argentino.
- En caso de reincidencia, las sanciones pueden agravarse.
Las consecuencias pueden extenderse más allá de las compañías que operan directamente en los yacimientos y alcanzar a empresas que les presten servicios o mantengan determinados vínculos con ellas. Entre las medidas previstas aparecen inhabilitaciones para operar en la Argentina y restricciones para acceder a permisos vinculados con la actividad energética.
El Gobierno reforzó recientemente este esquema y aceleró los procedimientos destinados a determinar responsabilidades entre los distintos actores relacionados con los proyectos.
La estrategia ya comenzó a tener repercusiones entre las grandes compañías internacionales de servicios petroleros. SLB, Halliburton y Baker Hughes marcaron distancia de Sea Lion y aseguraron que no participan del proyecto ni prevén involucrarse en actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.
Empresas en Argentina apoyan sanciones de Milei
Las energéticas Schlumberger (SLB), Halliburton y Baker Hughes; el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP); la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); y la Sociedad Rural Argentina (SRA) y más entidades empresariales publicaron comunicados en los que se manifestaron de acuerdo con la medida anunciada el jueves por el Ejecutivo argentino.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, busca acelerar los procedimientos para aplicar la ley 26.659, aprobada por el Parlamento argentino en 2011 y que establece las condiciones para explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
Esa norma establece sanciones para las empresas que realicen actividades sin la autorización de Argentina, país que considera a las islas Malvinas y a las aguas que la circundan como espacios comprendidos dentro de su plataforma continental.
SLB manifestó en su comunicado que «no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes».
Halliburton afirmó que no está participando del proyecto de exploración hidrocarburífera Sea Lion, que la británica Rockhopper y la israelí Navitas impulsan en la cuenca norte de Malvinas, Halliburton porque «respeta la soberanía de la República Argentina y reafirma su compromiso con Argentina, su pueblo, y el desarrollo responsable del sector energético del país».
Baker Hughes informó que la empresa «no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos e insulares circundantes».
En el mismo sentido se expresó el G6, conglomerado de entidades empresariales del país suramericano que integran la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).
En su comunicado, el G6 dijo que «la soberanía sobre las Islas Malvinas constituye una causa nacional, permanente e irrenunciable, que está por encima de las diferencias políticas y debe unir a todos los argentinos» y que reafirma la «necesidad de sostener con firmeza el reclamo argentino».
«La defensa del territorio, de nuestros recursos naturales y de los intereses estratégicos de la Nación es una responsabilidad de todos los argentinos y una política de Estado que debemos sostener unidos», agregaron las empresas.
La CICyP manifestó su «apoyo al mensaje del Gobierno Nacional referido a las iniciativas orientadas a preservar los intereses nacionales y los recursos naturales», mientras que la SRA afirmó que «la defensa de la soberanía nacional es una prioridad histórica».
Argentina ya había aplicado las sanciones previstas en la ley 26.659 a la petrolera británica Rockhopper, en 2013, y la israelí Navitas, en 2022, socias en el proyecto Sea Lion, a 220 kilómetros al norte de Malvinas, en el Atlántico sur.
La ley de 2011 no solo sanciona a las petroleras no habilitadas por Argentina, sino también a quienes tengan participación directa o indirecta en los proyectos o que presten para esos desarrollos servicios comerciales, económicos, financieros, logísticos, técnicos y de consultoría.
Todos estos podrían quedar inhabilitados por un plazo de cinco a veinte años para desarrollar actividades en Argentina.
En Malvinas operan, además de Navitas y Rockhopper, la petrolera británica Borders & Southern y la canadiense JHI, además de varias compañías que les proveen servicios e infraestructura.
