El presidente del CECIM La Plata, Rodolfo Carrizo, explicó el emplazamiento enviado al canciller Pablo Quirno para que informe en 72 horas qué acciones adoptó frente a la nueva ruta logística entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. Advirtió que un acuerdo presentado como privado involucra aguas territoriales argentinas y puede sentar “un precedente muy peligroso”. También cuestionó la falta de respuestas de Cancillería ante acciones británicas y de empresas que operan en el Atlántico Sur, denunció el avance de multinacionales y potencias extranjeras sobre los recursos estratégicos de la Patagonia y reclamó una defensa “enfática y contundente” de la soberanía nacional, con participación de Tierra del Fuego y Ushuaia.
Río Grande.- Rodolfo Carrizo, presidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, habló con FM La Isla sobre la carta documento enviada al canciller Pablo Quirno, mediante la cual la organización lo emplazó a informar, en un plazo de 72 horas, qué acciones llevó adelante frente a la ruta comercial y logística que vincula Punta Arenas con las Islas Malvinas.
Carrizo sostuvo que la presentación se realiza dentro del marco legal y cuestionó que la operación sea presentada como un acuerdo exclusivamente privado.
“Entendemos que crear una ruta entre Punta Arenas y las Islas Malvinas de carácter logístico que abastezca la isla implica también un proyecto muy confuso”, señaló.
Y remarcó que “acá estamos hablando de aguas territoriales que son del Estado argentino, de la Nación Argentina. Entonces, los privados deberían tener los acuerdos y los consensos de los Estados”.
Para el dirigente, la situación puede establecer un antecedente de gravedad y debe ser analizada en conjunto con otras acciones desarrolladas en el Atlántico Sur.
“Me parece que hay una combinación que nos preocupa muchísimo, porque esto puede generar un precedente muy peligroso”, advirtió.
Críticas a la política nacional
Carrizo cuestionó además la falta de respuestas de la Cancillería frente a distintas acciones británicas y empresariales en áreas vinculadas con el conflicto de soberanía y al respecto señaló que “no se puede decir libremente y construir un discurso patriótico y, a lo segundo, burlarse de lo que está sucediendo”, sostuvo.
En ese marco, consideró que “los recientes discursos sobre Malvinas constituyen una utilización política del sentimiento nacional”.
“El discurso de Milei (…) es nada más y nada menos que recurrir a algo muy profundo en el sentimiento de los argentinos, que es Malvinas”, afirmó.
El presidente del CECIM reclamó utilizar los “instrumentos jurídicos disponibles para limitar la actividad de multinacionales y cuestionó la orientación del Gobierno nacional, está claro que son pronorteamericanos y, obviamente, han habilitado y facilitan toda la acción de las multinacionales”, aseguró.
También denunció un avance sobre la Patagonia y Tierra del Fuego y al respecto dijo que “necesitan una Patagonia libre”, afirmó, y vinculó esa situación con proyectos vinculados a la propiedad de la tierra, los recursos naturales y la Base Naval Integrada, que, según sostuvo, “seguramente va a estar a disposición del Comando Sur”.
“Una fuerte e intensa defensa de la soberanía”
Carrizo insistió en que “el conflicto debe ser entendido como parte de una disputa por los recursos estratégicos y el territorio, hay que condenar estas acciones que atentan contra la soberanía nacional, que obviamente pretenden despojarnos de todos los bienes naturales, estratégicos”, afirmó.
En ese sentido, llamó a “una respuesta conjunta de organizaciones sociales, fuerzas políticas, universidades, empresas estatales y provincias, hay que ser enfático, contundente”, reclamó, y pidió que se realice “una fuerte e intensa defensa de la soberanía nacional y el territorio”.
También cuestionó que “Tierra del Fuego y Ushuaia no tengan una participación efectiva en las decisiones relacionadas con la Base Naval Integrada, pese a que la infraestructura estaría emplazada en territorio fueguino”.
La plataforma continental y la decisión de Borruto
Carrizo destacó además la decisión de la jueza federal Mariel Borruto de declararse competente en una de las denuncias presentadas.
“El argumento que ella sostiene nos parece que es muy importante, porque destaca que la infraestructura proyectada sobre los pozos submarinos, unidades de almacenamiento, se asientan directamente sobre la plataforma continental argentina”, explicó.
Según Carrizo, esto evidencia que “empresas extranjeras desarrollan actividades sobre espacios que Argentina considera propios, estas empresas actúan ahí en tu territorio, están haciendo un saqueo, porque no lo pueden hacer”, sostuvo.
Finalmente, vinculó esta situación con la “normativa internacional y el conflicto de soberanía aún pendiente con el Reino Unido, nadie puede actuar de manera unilateral en el contexto de que nosotros tenemos un conflicto con el Reino Unido y no está resuelta la cuestión de fondo, que es el problema de la soberanía”, concluyó.
