Isidoro Aramburu destacó la decisión de la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, de asumir competencia y disponer una medida cautelar para suspender actividades hidrocarburíferas vinculadas al proyecto León Marino hasta que las empresas involucradas cumplan con las exigencias ambientales. Valoró la “firmeza” de la magistrada frente a la explotación de recursos que Argentina considera propios y sostuvo que el pronunciamiento adquiere mayor relevancia ante el escenario internacional. Al mismo tiempo, cuestionó duramente la política del Gobierno nacional respecto de Malvinas y afirmó que los pronunciamientos diplomáticos resultan insuficientes si no están acompañados por un plan de desarrollo, fortalecimiento económico, industrial, poblacional y de las Fuerzas Armadas. “Las palabras son tiras de papel que se las lleva el viento si no están acompañadas de conductas firmes”, sentenció.
Río Grande.- Isidoro Aramburu celebró la decisión de la Justicia Federal de Río Grande de intervenir en la controversia por la explotación hidrocarburífera en áreas vinculadas a las Islas Malvinas y destacó especialmente que la jueza Mariel Borruto haya asumido competencia y dispuesto una medida cautelar que, según explicó, suspende las actividades cuestionadas hasta que se cumplan las exigencias ambientales correspondientes.
En diálogo con FM del Pueblo, Aramburu explicó los motivos por los cuales desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación decidieron pronunciarse públicamente sobre la resolución y sostuvo que se trata de “un fallo digno de resaltar” por su significado jurídico, ambiental y soberano.
“Nos hemos expedido porque es un fallo digno de resaltar en los tiempos que vivimos”, señaló, y destacó que una jueza federal de Tierra del Fuego haya decidido intervenir sobre “un asunto y un hecho que se está produciendo en la cuenca Malvinas, más precisamente allí, en León Marino”.
De acuerdo con su descripción, en esa zona existen empresas extranjeras que pretenden avanzar en la explotación de hidrocarburos que Argentina y Tierra del Fuego consideran comprendidos dentro de sus derechos soberanos.
Aramburu vinculó esa posición con el artículo 124 de la Constitución Nacional y remarcó que, desde su perspectiva, los “recursos involucrados corresponden tanto a la provincia como a la Nación en el marco de las competencias respectivas”.
“Una convicción patriótica”
El dirigente judicial puso especialmente en valor que “Borruto no rechazara intervenir en la causa y calificó su decisión como una muestra de firmeza” y “convicción patriótica”.
“Esa firmeza, esa actitud, esa convicción patriótica al asumir la competencia y al seguir favorablemente la medida cautelar de suspensión de esas actividades, hasta que esas empresas no cumplan con los informes de impacto ambiental de la Ley 25.675, nos parece un hecho relevante”, afirmó.
Recordó además que “la intervención judicial surgió a partir de una presentación promovida por veteranos de guerra y abogados ambientalistas”, y señaló que “la discusión no se limita exclusivamente al cumplimiento de la legislación ambiental”.
Aramburu mencionó también las leyes nacionales 26.659 y 26.915, vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. Según explicó, ese marco contempla sanciones económicas frente a actividades desarrolladas sin autorización de las autoridades argentinas.
Por eso, sostuvo que “vemos con entusiasmo que distintas autoridades, como en este caso la doctora Mariel Borruto, hayan tomado el asunto con firmeza y aceptando la competencia que la Constitución y el pueblo de la Nación les exige”.
Una decisión que contrastó con otras respuestas judiciales
Durante la entrevista también fue consultado sobre la importancia de que la magistrada haya aceptado intervenir en lugar de declararse incompetente.
Aramburu consideró que “ese elemento resulta particularmente destacable frente a comportamientos que, según su mirada, se observan en otros ámbitos judiciales”.
“Estamos un poco en la Argentina de los tiempos que vivimos acostumbrados a esa situación”, expresó al referirse a jueces que evitan intervenir en determinadas controversias.
Utilizó incluso una expresión coloquial para describir esas conductas: “Esquivando el bulto por temores, vaya a saber de qué naturaleza los domina”.
Precisamente por ese contraste, explicó que “desde el sector gremial consideraron necesario pronunciarse, aun cuando no sea habitual hacerlo respecto de decisiones jurisdiccionales”.
“No acostumbramos a hacerlo, pero en este caso concreto nos pareció atinente revalorizar y poner en el tapete de la opinión pública la actitud de la jueza Borruto”, señaló.
Para Aramburu, la resolución adquiere además una dimensión especial por el “escenario geopolítico internacional y por las disputas existentes alrededor de los recursos naturales del Atlántico Sur”.
Habló de “tensiones internacionales” que generan incertidumbre en la Argentina y particularmente en esa región, y cuestionó el accionar de potencias extranjeras sobre recursos cuya soberanía reivindica el país.
De la resolución judicial a la política nacional
La entrevista avanzó luego hacia una evaluación más amplia de la política del Gobierno nacional respecto de la Cuestión Malvinas.
Aramburu sostuvo que “las recientes manifestaciones oficiales en defensa de los derechos argentinos representan, desde su perspectiva, un cambio respecto de decisiones anteriores de la administración nacional”.
“Ha habido en el Gobierno nacional un brote patriótico”, ironizó, y contrastó las últimas declaraciones oficiales con lo que considera una sucesión de políticas contrarias al fortalecimiento de la posición argentina al sostener que “los hombres se conocen por sus conductas”, afirmó.
A partir de allí, planteó que la política de recuperación de las Islas no puede limitarse a declaraciones diplomáticas o pronunciamientos ante organismos internacionales.
“Todas las conductas llevadas hasta acá, más allá de las palabras del Presidente en la ONU, indican que no estamos llevando adelante de manera oficial en el Gobierno nacional una política de restitución de las Islas Malvinas”, cuestionó.
“Con papelitos no vamos a triunfar esta batalla”
Uno de los conceptos más fuertes de Aramburu estuvo dirigido precisamente a diferenciar las declaraciones diplomáticas de una estrategia integral de soberanía.
“Con papelitos no vamos a triunfar esta batalla por soberanía contra el Reino Unido y Gran Bretaña”, afirmó.
Para el dirigente, la reivindicación argentina requiere un programa nacional que trascienda la política exterior y alcance el desarrollo económico, productivo, industrial, demográfico y defensivo del país.
“Tiene que haber un plan nacional de desarrollo completo, incluidas las Fuerzas Armadas”, planteó.
Según su análisis, una disputa de soberanía con una potencia como el Reino Unido requiere una “Argentina con mayores capacidades económicas y estratégicas”.
Desde esa perspectiva, consideró que “el debilitamiento productivo y social del país termina afectando también la capacidad de sostener el reclamo por Malvinas”.
Tierra del Fuego en el centro de la discusión
Aramburu trasladó ese razonamiento directamente a Tierra del Fuego y vinculó la cuestión Malvinas con la “situación económica y productiva provincial”.
Cuestionó las políticas nacionales que, según sostuvo, provocan “desindustrialización” y “despoblamiento” y mencionó específicamente la situación de Río Grande frente a las modificaciones arancelarias y el crecimiento de las importaciones.
Habló de “la baja de los aranceles y la invasión de productos chinos con los cuales no puede competir la industria electrónica fueguina” y consideró que el deterioro de la capacidad industrial de la provincia debilita también su posición estratégica.
Para Aramburu, “poblar, producir y sostener actividad económica en Tierra del Fuego no son cuestiones desvinculadas del reclamo soberano sobre el Atlántico Sur”.
En la misma línea, cuestionó la intervención nacional sobre el Puerto de Ushuaia y criticó que hayan operado allí embarcaciones con bandera británica, situación que calificó como una “humillación” para el pueblo fueguino y para la Argentina.
Oro, Hidrovía y Fuerzas Armadas
El dirigente amplió sus críticas a otras decisiones del Ejecutivo nacional que, según su interpretación, debilitan la posición estratégica argentina.
Entre ellas mencionó el traslado de reservas de oro al exterior y cuestionó la falta de información que, a su entender, existió alrededor de esa operación. Habló de “la remisión de las reservas de oro por parte del señor Caputo a Londres o a Suiza, sin explicación alguna y sin dar cuentas transparentemente de cuáles son las motivaciones”.
También cuestionó la política nacional respecto de la Hidrovía del Paraná y sostuvo que deberían atenderse las posiciones de especialistas que impulsan el desarrollo del Canal Magdalena como alternativa estratégica.
A ese panorama sumó la situación de las Fuerzas Armadas y sus condiciones presupuestarias y salariales, entendiendo que “la defensa nacional constituye una pieza inseparable de una estrategia de soberanía”.
Todas esas decisiones fueron enumeradas por Aramburu como parte de una misma lectura política, considerando que “un país debilitado en términos económicos, industriales, territoriales y defensivos encuentra mayores dificultades para sostener sus intereses frente a potencias extranjeras”.
“Todas esas conductas son contrarias a los intereses nacionales y debilitan de manera tremenda la posición argentina frente al imperio británico”, afirmó.
Una política de Estado más allá de los discursos
Sobre el final, Aramburu volvió a marcar la diferencia entre las declaraciones públicas y las políticas concretas.
Si bien valoró cualquier posicionamiento oficial que reafirme los derechos argentinos sobre Malvinas, insistió en que “la credibilidad de esos pronunciamientos depende de las decisiones adoptadas en otros planos de la gestión nacional”.
“Las palabras son tiras de papel que se las lleva el viento si no están acompañadas de conductas por parte de los hombres y los gobiernos firmes”, sentenció.
Para Aramburu, esa firmeza debería expresarse en una “política sostenida de desarrollo nacional que fortalezca la economía, la industria, la defensa y especialmente la presencia argentina en Tierra del Fuego y el Atlántico Sur”.
En ese marco, volvió a ubicar la resolución de la jueza Borruto como un “hecho que considera significativo, una decisión judicial que, a partir de una presentación de veteranos y organizaciones ambientalistas, intervino sobre actividades hidrocarburíferas vinculadas a Malvinas y estableció exigencias ambientales para su continuidad”.
Frente a ese antecedente, Aramburu reclamó que “la defensa de los derechos argentinos deje de depender de acciones aisladas y se transforme en una estrategia permanente del Estado”.
El objetivo, sostuvo, debe ser avanzar con políticas “firmes” y de carácter “patriótico” para fortalecer las condiciones necesarias para sostener el histórico reclamo argentino y, finalmente, “recuperar las Islas Malvinas”.
