La secretaria gremial de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) en Tierra del Fuego, Camila Eva París, denunció que los trabajadores judiciales llevan más de 50 medidas de protesta desde marzo sin obtener respuestas concretas del Superior Tribunal de Justicia. Reveló que, de una propuesta salarial del 12% comunicada durante las negociaciones, únicamente se concretó un incremento del 4%, mientras la pérdida del poder adquisitivo continúa profundizándose y una encuesta gremial arrojó que nueve de cada diez empleados judiciales están endeudados. Cuestionó que los ministros del máximo tribunal no reciban a los representantes sindicales, advirtió sobre la distribución de la masa salarial y los ascensos concentrados en las categorías superiores, y reclamó una recomposición que priorice a los trabajadores de menores ingresos. Además, anticipó que los gremios definirán nuevas medidas de fuerza, aunque remarcó que la intención es alcanzar una solución antes de fin de año para evitar mayores complicaciones en el funcionamiento del servicio de justicia.
Río Grande.- La secretaria gremial de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) en Tierra del Fuego, Camila Eva París, trazó un preocupante panorama sobre la situación salarial de los trabajadores judiciales y cuestionó la falta de respuestas del Superior Tribunal de Justicia frente a un conflicto que se mantiene desde marzo y que acumula más de 50 medidas gremiales en lo que va del año.
En diálogo con el programa ‘Buscando el Equilibrio’, por Radio Provincia, la dirigente sindical advirtió que los incrementos salariales otorgados resultan insuficientes frente al avance de la inflación y el deterioro de los ingresos, situación que se refleja en el creciente endeudamiento de los empleados y en las dificultades para afrontar los gastos cotidianos.
“Como ya es de público conocimiento, venimos con una lucha desde el mes de marzo, abril, donde llevamos más de 50 medidas en lo que va del año, en lo que es retención de servicios, ruidazos, cese de actividades, paros”, manifestó.
París explicó que “las distintas modalidades de protesta tuvieron como objetivo conseguir respuestas de las autoridades judiciales, aunque aseguró que hasta el momento no lograron avanzar hacia una solución definitiva”.
“Esta semana también estuvimos con medidas, siempre tratando de hacer estas medidas con un fin específico, que es tener respuestas de parte del Superior”, sostuvo.
La dirigente remarcó que “el reclamo no se limita a la necesidad de una actualización salarial, sino que también apunta a corregir las desigualdades existentes dentro de la estructura del Poder Judicial, donde los incrementos porcentuales tienen efectos muy diferentes según la categoría y los ingresos de cada trabajador”.
De una propuesta del 12% solamente se concretó un aumento del 4%
Uno de los principales cuestionamientos de París estuvo relacionado con el incumplimiento de las expectativas salariales generadas durante las negociaciones.
Según explicó, durante la última movilización realizada en Ushuaia se les comunicó una propuesta de incremento del 12%, atribuida al Poder Ejecutivo, cuya distribución debía analizarse para lo que restaba del año.
Sin embargo, aseguró que “los trabajadores únicamente percibieron un aumento del 4%, porcentaje que resulta insuficiente para compensar la pérdida salarial acumulada”.
“En la última movilización que hicimos a la ciudad de Ushuaia nos habían llevado una propuesta donde nos habían dicho que había un 12 por ciento que ofrecía el Ejecutivo, donde se iba a trabajar para ver cómo se distribuía ese 12 por ciento hasta fin de año”, recordó.
Y precisó que “la realidad es que de ese 12 por ciento solamente tuvimos un 4 por ciento, donde también hoy estamos por debajo de lo que es la inflación”.
La representante gremial señaló que “ambos sindicatos habían realizado cálculos sobre el deterioro de los ingresos y que, antes de conocerse el nuevo índice inflacionario, estimaban una pérdida cercana al 7%”.
“Habíamos hecho una cuenta desde ambos gremios, donde teníamos una pérdida de casi el 7 por ciento. Hoy, conociendo el número nuevo de la inflación, obviamente eso va aumentando ese número”, advirtió.
En este contexto, sostuvo que “la continuidad de las medidas de fuerza responde a la ausencia de una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo y dar previsibilidad a los trabajadores judiciales”.
Nueve de cada diez empleados judiciales están endeudados
París reveló que uno de los datos más preocupantes surgió de una encuesta anónima realizada entre trabajadores judiciales para conocer su situación económica y el nivel de endeudamiento.
Los resultados, según explicó, sorprendieron a los propios representantes sindicales, ya que “nueve de cada diez participantes manifestaron mantener algún tipo de deuda”.
“Cuando un compañero te está diciendo que no está llegando a fin de mes, cuando lo consultás y decís que es una encuesta anónima, los resultados que arrojaron eran que nueve de cada diez empleados estaban endeudados”, señaló.
Para la dirigente, estos números permiten comprender el elevado acompañamiento que “registran las medidas gremiales en las distintas ciudades de la provincia, eso nos da un claro reflejo de la situación y del acatamiento que tienen las medidas, porque cuando nosotros estamos con nuestros compañeros en el medio de las medidas, nos damos cuenta de que se ve reflejada la encuesta que llevamos a cabo”, explicó.
Actualmente, de acuerdo con las cifras mencionadas por París, el Poder Judicial fueguino cuenta con “aproximadamente 1.000 empleados distribuidos entre Ushuaia, Río Grande y Tolhuin”.
En cuanto a los salarios de ingreso, indicó que “un trabajador de servicios generales percibe aproximadamente entre 600.000 y 700.000 pesos, dependiendo de su formación y de los adicionales que correspondan”.
La dirigente sostuvo que “estos ingresos deben analizarse frente al costo de vida provincial y a las obligaciones económicas que enfrentan los trabajadores, especialmente aquellos ubicados en los niveles inferiores del escalafón”.
Reclaman una recomposición diferenciada para las categorías más bajas
Otro de los ejes centrales de la entrevista fue la necesidad de modificar los criterios de distribución de los aumentos salariales dentro del Poder Judicial.
París explicó que “los gremios presentaron distintas alternativas para que la recomposición económica no se distribuya exclusivamente mediante incrementos porcentuales generales, debido a que esa modalidad amplía las diferencias en términos absolutos entre los salarios más altos y los más bajos”.
En ese sentido, señaló que “las organizaciones sindicales elaboraron entre dos y tres propuestas destinadas a priorizar a los trabajadores que atraviesan mayores dificultades económicas”.
“Llevamos ambos gremios distintas propuestas, entre dos y tres propuestas, donde la recomposición se hacía de cierta manera que implicaba solamente a las categorías más bajas”, explicó.
Precisó que “el objetivo era concentrar los esfuerzos salariales especialmente en los niveles de secretarios hacia abajo, donde consideran que existen mayores necesidades de recomposición, sobre todo haciendo un foco en secretarios para abajo, que son los que hoy están más complicados”, manifestó.
La dirigente señaló que “no resulta equivalente aplicar un mismo porcentaje de incremento a un trabajador ingresante que a un magistrado o funcionario con una remuneración considerablemente superior”.
Por ello, insistió en que “cualquier solución salarial debería contemplar las diferencias existentes dentro del escalafón y priorizar a quienes tienen mayores dificultades para afrontar sus gastos cotidianos”.
Funcionarios que rechazan ascensos o abandonan la Justicia por los salarios
París también se refirió a las dificultades económicas que atraviesan profesionales y funcionarios judiciales, particularmente aquellos que desempeñan tareas de gran responsabilidad en juzgados de primera instancia.
Según explicó, existen trabajadores que ingresaron al Poder Judicial, desarrollaron una carrera administrativa y aprobaron concursos para acceder a cargos superiores, pero finalmente deciden no aceptar los ascensos porque la remuneración no compensa las mayores responsabilidades y exigencias laborales.
“Hoy tenemos muchos compañeros que han ingresado como empleados, han rendido concurso y la verdad que no les cierra el número y se terminan yendo a litigar afuera, o bien no terminan aceptando la posibilidad de ascenso”, afirmó.
La dirigente describió que “la actividad jurisdiccional implica una carga laboral significativa, especialmente en organismos que deben atender situaciones urgentes o mantener guardias durante todo el año”.
Mencionó que los juzgados de Familia organizan turnos por determinados períodos, mientras que otros organismos, como los tribunales de juicio, juzgados correccionales y de ejecución, deben responder permanentemente a situaciones vinculadas con personas detenidas y otras actuaciones judiciales.
En ese marco, sostuvo que “las responsabilidades pueden extenderse más allá de la jornada habitual y exigir una disponibilidad permanente”.
También explicó que “algunos funcionarios buscan complementar sus ingresos mediante actividades docentes, pese a la carga de trabajo que ya enfrentan dentro del sistema judicial, hay muchos funcionarios que hoy, porque no llegan a cubrir los gastos diarios, están dando clases”, reveló.
Esta situación, según planteó, demuestra que las dificultades económicas no afectan únicamente a los empleados ingresantes, sino también a profesionales que desempeñan funciones de responsabilidad y que no encuentran una remuneración acorde con las exigencias de sus cargos.
Las medidas de fuerza también generan sobrecarga laboral
La representante de la UEJN reconoció que “las retenciones de servicios y los paros producen consecuencias en la organización cotidiana de los tribunales, especialmente sobre aquellos funcionarios y magistrados que deben continuar atendiendo determinadas tareas”.
Explicó que “muchos jueces y funcionarios comprenden el reclamo salarial y consideran legítima la protesta, pero al mismo tiempo manifiestan preocupación por la acumulación de trabajo y las dificultades que genera la prolongación del conflicto”.
“Los compañeros, los funcionarios y los jueces consideran que está bien nuestro reclamo, nuestra lucha, sienten que hoy hay una sobrecarga hacia ellos que no saben a quién reclamarle”, señaló.
Según París, algunos magistrados trasladaron directamente su preocupación a los ministros del Superior Tribunal, pero tampoco consiguieron respuestas definitivas.
“Hay jueces que mandan mensajes a los ministros y los ministros dicen: ‘Sí, estamos tratando de solucionarlo’, pero nunca viene la solución”, cuestionó.
La dirigente sostuvo que “esta situación se repite desde hace meses y que la falta de decisiones concretas termina afectando tanto a los trabajadores como al funcionamiento general del servicio de justicia”.
Cuestionamientos al Colegio de Abogados: “No tienen que desmerecer la lucha de los trabajadores”
Durante la entrevista, París también respondió a las críticas que surgieron desde sectores de la abogacía por la continuidad de las medidas gremiales y las demoras que estas generan en la tramitación de expedientes.
La dirigente aseguró que “la relación institucional con los colegios de abogados de Ushuaia y Río Grande ha permitido alcanzar acuerdos importantes para mejorar determinadas herramientas de trabajo”.
Entre esos avances mencionó la ampliación del horario del sistema de presentaciones electrónicas, que facilitó la actividad profesional de los abogados.
Explicó que, en ese contexto, también se “había planteado la posibilidad de reconocer económicamente a los trabajadores judiciales por las nuevas condiciones de funcionamiento del servicio”.
París hizo referencia a conversaciones mantenidas con el doctor Renán Uribe y representantes del Colegio de Abogados de Río Grande, y consideró que “algunas declaraciones críticas pudieron haber sido desafortunadas o interpretadas de manera diferente a la intención original”.
Sin embargo, aclaró que “posteriormente mantuvieron conversaciones y que la relación institucional continúa siendo buena, la intención no es pelear con nadie, nuestra lucha hoy es con el Superior Tribunal, respetamos mucho la opinión de los abogados”, afirmó.
No obstante, dejó planteada una advertencia respecto de los cuestionamientos dirigidos a los trabajadores judiciales.
“Sí me parece que no tienen que desmerecer la lucha de los trabajadores, que son muchas veces quienes ayudan y muchas veces hasta enseñan a los abogados el trabajo de la Justicia”, expresó.
La dirigente insistió en que “los problemas estructurales y salariales deben ser resueltos por las autoridades responsables de la administración judicial y no pueden trasladarse exclusivamente a los empleados o a sus organizaciones sindicales”.
“Los que tienen que resolver el problema son los ministros del Superior Tribunal”
Uno de los cuestionamientos más contundentes de París estuvo dirigido a la falta de diálogo directo entre los representantes gremiales y los integrantes del Superior Tribunal de Justicia.
La secretaria gremial aseguró que “ninguno de los dos sindicatos fue recibido por los ministros para abordar integralmente los reclamos salariales y las propuestas presentadas”.
“Muchas veces se les reclama a los empleados y a los gremios que den respuesta de esto, cuando en realidad los que tienen que venir a resolver el problema acá es el Superior Tribunal”, sostuvo.
Y agregó que “nosotros ni siquiera estamos siendo recibidos ninguno de los dos gremios por los ministros”.
París aclaró que “existen canales de comunicación con secretarios y funcionarios del máximo tribunal, quienes muestran predisposición para escuchar los planteos, pero advirtió que no cuentan con facultades para adoptar las decisiones que permitirían destrabar el conflicto”.
En ese sentido, recordó que “el Superior Tribunal está integrado por cinco ministros y consideró que todos deben involucrarse en la búsqueda de soluciones”.
Según relató, cuando los representantes sindicales mantienen reuniones con la doctora Battaini, reciben como respuesta que los planteos deben ser conversados con los demás integrantes del cuerpo.
“Si tenemos reunión con la doctora Battaini, te dice: ‘Sí, bueno, lo voy a hablar con los ministros, pero no puedo tomar la decisión sola’”, explicó.
Sin embargo, cuestionó que los restantes ministros no participen de encuentros directos con las organizaciones gremiales.
“Los secretarios tienen la mejor predisposición, pero no son quienes toman las decisiones”, remarcó.
En cuanto a las próximas instancias de negociación, indicó que no existe una reunión programada con los ministros, aunque anticipó que los secretarios del Superior Tribunal llegarían a Río Grande durante la semana siguiente.
La intención de los gremios es mantener un nuevo encuentro para conocer si existen respuestas a la presentación realizada el lunes anterior a la entrevista.
Presupuesto judicial: críticas por los ascensos y la distribución de la masa salarial
Otro de los temas abordados fue el proyecto de presupuesto del Poder Judicial para el próximo ejercicio y los criterios utilizados para distribuir los recursos destinados a remuneraciones.
París confirmó que “los gremios estuvieron analizando la documentación presupuestaria y que detectaron aspectos sobre los cuales solicitaron explicaciones, estuvimos revisando el presupuesto, estuvimos trabajando en ello, y la verdad que hay cosas que por ahí no nos cierran, pedimos nuestras explicaciones, pero la realidad es que tampoco nos hacen partícipes”, cuestionó.
La dirigente manifestó especial preocupación por los incrementos vinculados con las categorías superiores y por lo que considera una concentración de recursos salariales en determinados sectores de la estructura judicial.
“Uno ve el incremento de categorías más altas, los ascensos, la mayor parte de la masa salarial se va en los funcionarios”, sostuvo.
Sin embargo, aclaró que “sus cuestionamientos no se refieren principalmente a quienes desempeñan tareas en los juzgados de primera instancia, sino a los funcionarios que trabajan dentro del propio Superior Tribunal”.
“Podríamos decir, bueno, van en los funcionarios de primera instancia. No, ni siquiera eso, van en los funcionarios que trabajan dentro del Superior”, afirmó.
París señaló que “esta distribución genera malestar entre trabajadores y funcionarios de otras dependencias, particularmente entre prosecretarios y secretarios que desde hace años vienen reclamando reconocimiento por las tareas y responsabilidades que desempeñan”.
Explicó que “esos sectores también presentaron planteos junto con sus asociaciones, pero no consiguieron respuestas satisfactorias”.
Frente a este panorama, consideró que “existe una distancia entre las decisiones adoptadas en la conducción judicial y las dificultades que atraviesan quienes trabajan diariamente en los tribunales”.
“Yo no quiero decir que están alejados de la realidad, pero bueno, a veces pareciera que pasa eso”, expresó.
Los gremios definirán nuevas medidas, pero buscan cerrar el conflicto antes de fin de año
Sobre la continuidad del plan de lucha, París explicó que “las organizaciones sindicales mantienen reuniones periódicas para evaluar los resultados de las protestas y definir las próximas acciones”.
Indicó que “ambos gremios analizan el nivel de adhesión registrado en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, además de las particularidades de cada dependencia judicial”.
Señaló que las decisiones se adoptan de manera conjunta, teniendo en cuenta las experiencias de las retenciones de servicios, asambleas, ruidazos y paros realizados en las distintas ciudades.
“Vamos viendo cuáles son las mejores medidas que podemos llevar a cabo durante la semana”, anticipó.
La dirigente aseguró que “el acompañamiento de los trabajadores continúa siendo elevado en las tres ciudades fueguinas, lo que refleja la preocupación existente por la pérdida salarial y la falta de respuestas”.
Sin embargo, destacó que “la intención de las organizaciones sindicales no es prolongar indefinidamente el conflicto, sino alcanzar una solución que permita recuperar la normalidad del servicio judicial”.
En particular, expresó preocupación por la proximidad de una etapa del año caracterizada por una importante demanda de trámites vinculados con autorizaciones de viaje, permisos familiares y otras actuaciones previas a la feria judicial.
“Lo que queremos dejar en claro es que la intención es levantar las medidas, sobre todo ahora que se viene una época bastante fuerte dentro de tribunales, que son todas las autorizaciones de viaje, todo lo que conlleva los permisos de familia”, manifestó.
París sostuvo que “los trabajadores son conscientes de la carga laboral que representa ese período y que buscan evitar que el conflicto continúe acumulando dificultades para los empleados y los usuarios del sistema, sabemos que viene un trabajito bastante duro y queremos resolverlo lo antes posible y tener una previsión hacia fin de año y ya poder cerrar con todo esto de la mejor manera”, concluyó.
