El secretario de Gobierno de Río Grande denunció que la deuda provincial con el Municipio ya asciende a 18 mil millones de pesos y sostuvo que la retención de recursos responde a una decisión política del gobernador Gustavo Melella, vinculada al escenario electoral de 2027. Advirtió que el cronograma de transferencias de esta semana contempla un 25% menos de los fondos que corresponden a la ciudad y confirmó que, si la situación no se revierte, avanzarán con una presentación judicial. Además, alertó que la falta de recursos compromete el pago del aguinaldo, el premio vacacional, la discusión salarial y servicios esenciales como la potabilización del agua, el transporte público y la recolección de residuos. También cuestionó la suspensión del coeficiente de distribución que, según explicó, permitiría recuperar unos 600 millones de pesos para Río Grande.
Río Grande.- El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Río Grande, Gastón Díaz, profundizó sus cuestionamientos contra el Ejecutivo provincial por la demora en las transferencias de coparticipación y aseguró que la situación financiera del Municipio responde a una decisión política del Gobierno de Gustavo Melella de retener recursos que legalmente pertenecen a los vecinos de la ciudad.
El funcionario advirtió que “la deuda provincial continúa incrementándose, que las transferencias previstas para esta semana vuelven a ubicarse por debajo de los montos correspondientes y que el Municipio se encuentra ante un escenario que podría comprometer tanto sus obligaciones salariales como la continuidad y calidad de los servicios públicos”.
En ese contexto, confirmó que” la Secretaría de Gobierno acompañará a la Secretaría de Finanzas en las actuaciones administrativas y judiciales necesarias para reclamar los fondos, al considerar que el conflicto excede una diferencia económica y constituye una decisión política que perjudica directamente a Río Grande”.
“La cuestión económica y financiera que atraviesa el Municipio de Río Grande no está atada solamente a una cuestión de envío de recursos, sino también vinculada a una decisión política que ha tomado el Gobierno de la provincia de no enviar a Río Grande los recursos que le corresponden”, sostuvo.
La deuda ya alcanza los 18 mil millones y la Provincia enviaría un 25% menos
Díaz explicó que “el monto adeudado por el Ejecutivo fueguino registra un crecimiento sostenido, mientras las transferencias continúan sin normalizarse”.
Recordó que “inicialmente el intendente Martín Pérez había advertido sobre una deuda de 16 mil millones de pesos, que posteriormente se incrementó a 17 mil millones y que actualmente alcanza los 18 mil millones”, precisó.
El secretario cuestionó especialmente el argumento provincial de que existe un tratamiento igualitario hacia todos los municipios, al sostener que “las cifras recibidas por Río Grande muestran una situación diferente”.
En ese sentido, reveló que “el Ministerio de Economía provincial remitió el cronograma de transferencias correspondiente a la semana en curso, del cual surge una nueva reducción de los fondos que deberían ingresar a las arcas municipales, observamos que nuevamente va a haber un 25% menos de lo que nos corresponde”, afirmó.
Para Díaz, la situación plantea un interrogante central sobre el destino de los recursos que la Provincia recibe y que posteriormente debe distribuir entre los municipios y al respecto se preguntó “¿dónde están esos recursos que son de los riograndenses, que ya llegaron al Gobierno de la provincia, que evidentemente la Provincia les ha dado otro destino?”, cuestionó.
Desde su perspectiva, el incumplimiento no puede explicarse únicamente por las dificultades financieras provinciales, ya que “se trata de recursos que, según remarcó, tienen un destinatario establecido y no deberían utilizarse para atender otras obligaciones del Ejecutivo fueguino”.
Advirtió que están en riesgo el aguinaldo y el premio vacacional
Uno de los aspectos más preocupantes planteados por el funcionario está relacionado con la capacidad del Municipio para afrontar los compromisos salariales de fin de año.
Díaz reconoció que “la Municipalidad logró abonar los haberes correspondientes al último período, aunque admitió que fue necesario realizar un importante esfuerzo financiero y postergar pagos a proveedores”.
“Nosotros abonamos los sueldos la semana pasada, la verdad que con lo justo. Los gremios lo saben, porque nosotros los íbamos manteniendo al tanto, había preocupación, el intendente hizo todo el esfuerzo, lo garantizó de poder llegar a salarios”, explicó.
Sin embargo, aclaró que “el cumplimiento de esa obligación generó dificultades en otras áreas de la administración, hemos dejado de cumplir con otros proveedores, a los que también se nos está generando un cuello de botella”, reconoció.
En ese escenario, señaló que “resulta difícil avanzar en negociaciones de recomposición salarial cuando no existe certeza sobre la disponibilidad efectiva de los fondos presupuestados”.
“Lo que sí se pone en riesgo, si esto continúa, es el pago del aguinaldo y el pago del premio vacacional, lo cual va a ser responsabilidad directa del gobernador de la provincia y esa decisión política que ha tomado de ahogar económicamente a Río Grande”, advirtió.
El secretario insistió en que “la Municipalidad cuenta con previsiones presupuestarias para atender sus obligaciones, pero explicó que la autorización para gastar no significa necesariamente disponer del dinero”.
“Cuando uno hace un presupuesto, presupone lo que va a ingresar. Los funcionarios nos manejamos con el presupuesto, pero si en definitiva el recurso que uno presupuestó que va a llegar no llega, sería una irresponsabilidad de parte de un funcionario firmar un incremento o asumir un compromiso cuando el recurso no está entrando a la caja”, sostuvo.
En consecuencia, remarcó que “cualquier compromiso salarial debe estar respaldado por recursos efectivamente disponibles, por más que estemos autorizados presupuestariamente a gastarlo, si no está el dinero, no sería responsable firmar un incremento salarial”, agregó.
No obstante, Díaz aseguró que “el panorama podría modificarse si el gobernador decide que los recursos lleguen a Río Grande, los recursos que ya recibió, nosotros podemos discutir salario, podemos abonar premio vacacional y aguinaldo, podemos seguir dando servicios de calidad”, manifestó.
Servicios esenciales bajo presión: agua potable, transporte y recolección de residuos
El funcionario advirtió que las consecuencias de la falta de coparticipación no se limitan al pago de salarios, sino que “alcanzan directamente a los servicios públicos que la Municipalidad debe garantizar diariamente, entre ellos mencionó la potabilización del agua, el transporte público subsidiado, el tratamiento de residuos y el mantenimiento de las condiciones ambientales y sanitarias de la ciudad”.
Explicó que “la necesidad de concentrar recursos en el pago de haberes está generando dificultades para afrontar otras obligaciones indispensables, nosotros estamos abocando recursos a pagar salarios, pero tenemos obligaciones que generan responsabilidades en los funcionarios”, señaló.
En particular, indicó que “la prestación del servicio de agua potable constituye una preocupación dentro del gabinete municipal, debido a las consecuencias que podría ocasionar cualquier incumplimiento, porque si eso no fuera así, acarrea responsabilidades civiles, administrativas y penales”, explicó.
Asimismo, mencionó las dificultades para sostener el subsidio al transporte público y garantizar la continuidad de los servicios ambientales y al respecto dijo que “en relación con la recolección de residuos, reveló que durante el mes pasado el Municipio solamente pudo afrontar el 50% del pago correspondiente”.
“No es solo pagar salarios, es potabilizar el agua, seguir acompañando a que el transporte público tenga una tarifa subsidiada, poder brindar el cuidado del ambiente a través del relleno sanitario y del servicio de recolección de residuos, que el mes pasado lo abonamos en un 50%”, detalló.
Frente a este escenario, advirtió que “una profundización de las dificultades financieras podría tener consecuencias directas sobre la población, si se continúa con este ahogo, los servicios van a perder calidad y van a poner en riesgo la salubridad y el ambiente de los vecinos de la ciudad”, alertó.
Díaz vinculó la retención de fondos con el escenario electoral de 2027
En el plano político, el secretario de Gobierno sostuvo que el tratamiento financiero que recibe Río Grande está relacionado con las disputas y posicionamientos de cara a las elecciones provinciales de 2027.
Al ser consultado sobre la inclusión de la coparticipación municipal como gasto dentro del presupuesto provincial, recordó las críticas que el propio Gustavo Melella formulaba cuando se desempeñaba como intendente de Río Grande, señalando que “busquen las palabras del propio Gustavo Melella cuando era intendente de la ciudad y hablaba de un acuerdo político entre el Gobierno de la provincia y Ushuaia para perjudicar a Río Grande. Creo que hoy está haciendo exactamente lo mismo”, afirmó.
Díaz interpretó que “existe una preferencia política vinculada al próximo proceso electoral y que esa situación termina afectando la distribución de los recursos municipales, hay una preferencia política electoral en función de que se acerca el 2027”, sostuvo.
En contraposición, aseguró que “la gestión del intendente Martín Pérez mantiene como prioridad completar los proyectos municipales y finalizar su segundo mandato con las obras y servicios comprometidos”, sostuvo, al tiempo que agregó que “el año que viene va a ser nuestro último año con Martín como intendente de la ciudad, queremos cerrar este ciclo de ocho años de transformación de Río Grande de la mejor manera posible”, expresó.
Según su interpretación, existen sectores políticos interesados en impedir que la administración municipal concluya ese período en condiciones favorables.
“Aquellos que están mirando la cuestión electoral claramente quieren evitar que eso suceda”, consideró.
Por otra parte, rechazó que una eventual presentación ante la Justicia pueda interpretarse como una judicialización de la política, teniendo en cuenta que “vamos a hacer todas las instancias que tengamos que hacer, administrativas, judiciales y demás, y seguramente van a salir con la cuestión de judicializar la política”, anticipó.
Y respondió que “yo lo diría al revés: creo que no hay que utilizar la política para ahogar financieramente un municipio”.
Cuestionó la suspensión del coeficiente que permitiría recuperar 600 millones de pesos
Otro de los puntos abordados por Díaz fue la controversia sobre el coeficiente de distribución de recursos entre Río Grande y Ushuaia.
El funcionario explicó que “durante 2025 el Ministerio de Economía provincial dictó una resolución vinculada al cálculo del coeficiente, que contempla variables como la cantidad de habitantes y el aporte tributario de cada ciudad”.
Según relató, ese mecanismo fue “utilizado para la elaboración del presupuesto 2026 y terminó generando una diferencia favorable a Ushuaia, decían públicamente que Ushuaia recibe 600 millones de pesos de más que Río Grande porque hizo bien las cosas. En realidad, habían aplicado mal el coeficiente”, aseguró.
Frente a esa situación, el “Municipio de Río Grande presentó un recurso administrativo durante 2025 para cuestionar la distribución, el gobernador reconoció el planteo municipal y dispuso corregir el mecanismo, o sea, el gobernador en el 2026 nos dio la razón, dijo que hay que corregir el coeficiente y esos recursos son de Río Grande”, recordó.
Sin embargo, explicó que “cuando llega la hora de transferir los recursos a Río Grande, Ushuaia hace el planteo ante el gobernador de la provincia y el gobernador emite un nuevo decreto suspendiendo el decreto que nos daba la razón respecto del coeficiente”, detalló.
Para el secretario, esa “decisión constituye otra muestra de que el conflicto tiene un trasfondo político, claramente hay una cuestión netamente política de presión por parte de Ushuaia respecto del gobernador, y un acceso por parte del gobernador a esas presiones que terminan perjudicando a los riograndenses”, afirmó.
Precisó que “la diferencia representa aproximadamente 600 millones de pesos que, de acuerdo con el reclamo municipal, deberían corresponder a Río Grande”.
También aclaró que “el Ejecutivo provincial no revocó definitivamente el decreto que reconocía la corrección, sino que suspendió su aplicación”.
Intimaciones a funcionarios provinciales y advertencia de una denuncia penal
Respecto de las actuaciones legales iniciadas por el Municipio, Díaz defendió el envío de cartas documento a funcionarios provinciales responsables de la administración de los recursos.
Explicó que “la medida generó cuestionamientos dentro del Gobierno fueguino, particularmente por parte del Jefe de Gabinete, quien manifestó su desacuerdo con que las intimaciones estuvieran dirigidas al tesorero y al contador provincial”.
El secretario respondió que “la decisión se fundamenta en las responsabilidades que, según su interpretación, establece la Constitución de Tierra del Fuego, en primer lugar, tiene que leer la Constitución de la provincia el Jefe de Gabinete, nuestra Constitución lo que establece justamente es que la responsabilidad personal en la cuestión de la administración económica y financiera es del tesorero y del contador”, sostuvo.
Por ese motivo, señaló que “la Asesoría Letrada envió la carta documento haciendo la intimación a ellos, apercibiéndolos de hacer la denuncia penal. Es una cuestión constitucional, nosotros no la podemos pasar por encima”, manifestó.
Díaz insistió en que “el objetivo de las actuaciones no es trasladar una disputa partidaria al ámbito judicial, sino reclamar recursos que considera legalmente pertenecientes a Río Grande”.
La reunión del viernes 13 será determinante para definir la vía judicial
El secretario confirmó que el Municipio aguardará los resultados de la reunión prevista para el viernes 13 de noviembre en Tolhuin, entre el ministro de Economía provincial y los responsables de las áreas económicas municipales.
El encuentro aparece como una instancia decisiva para determinar si existe una respuesta concreta al reclamo por los fondos pendientes.
Díaz explicó que “el cronograma remitido por la Provincia contempla nuevamente una transferencia inferior a la que, según los cálculos municipales, corresponde a Río Grande, ellos nos proyectaron un 25% menos”, reiteró.
Ante la posibilidad de que esa reducción se concrete, aseguró que “el Municipio avanzará con una presentación judicial, tenemos otra herramienta más que hacer una presentación judicial que no tiene que ver con la cuestión política”, confirmó.
Aclaró que “la Asesoría Letrada será la encargada de fundamentar jurídicamente el reclamo y demostrar por qué los recursos deben ingresar a las cuentas municipales”.
“La cuestión política es la que yo estoy diciendo. Lo que hará Asesoría Letrada es el planteo judicial respecto de por qué esos recursos son de los vecinos de Río Grande y por qué deben llegar a los vecinos de Río Grande”, explicó.
También señaló que “los montos pueden contrastarse mediante la información pública sobre las transferencias nacionales, el cálculo no es muy difícil. Uno entra en la página del Ministerio de Economía, ingresa a coparticipación y va a ver cuánto envía la Nación día a día a las provincias. De ahí saca el porcentaje que le corresponde a cada municipio y sabe cuánto es lo que le debería llegar”, indicó.
Díaz sostuvo que las diferencias políticas entre los distintos niveles de gobierno no deben convertirse en un obstáculo para gestionar financiamiento destinado a la ciudad.
“La cuestión relacionada a qué sector político responde el Gobierno de la provincia, el Gobierno nacional, nosotros con nuestra identidad política, me preocupa muy poco si eso va a traer soluciones a los vecinos de Río Grande”, afirmó.
“Los recursos son de los vecinos de Río Grande y deben llegar a Río Grande”
Díaz reiteró que “el Municipio agotará las instancias institucionales disponibles para exigir el cumplimiento de las transferencias y evitar que el deterioro financiero termine afectando obligaciones esenciales”.
El secretario dejó planteado que “la discusión no se limita a una diferencia contable entre administraciones, sino que involucra recursos necesarios para garantizar salarios, compromisos con proveedores, obras de infraestructura y servicios públicos”.
Desde su perspectiva, la normalización de los envíos permitiría afrontar el pago del aguinaldo y el premio vacacional, recuperar margen para discutir recomposiciones salariales y sostener las prestaciones municipales.
En cambio, advirtió que “la continuidad de las retenciones profundizaría las dificultades económicas y obligaría al Ejecutivo de Martín Pérez a recurrir a la Justicia”.
“Los recursos son de los vecinos de Río Grande y deben llegar a los vecinos de Río Grande”, insistió Díaz, al ratificar la posición del Municipio frente al conflicto por la coparticipación.
“Hay programas que no se van a poder ejecutar por la falta de recursos”
El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, llevó la discusión financiera al impacto concreto que tiene sobre el funcionamiento de la ciudad.
Durante su exposición advirtió que “de los recursos presupuestados para el presente ejercicio, hasta el momento ingresó aproximadamente el 65%, con una proyección de alcanzar entre el 75% y el 80% hacia fin de año”.
“¿Qué significa ese 20% de recursos que no estarían llegando? Significa que hay programas que no se van a terminar de ejecutar en su totalidad o que directamente no se han podido llevar adelante”, afirmó.
El funcionario remarcó que “esta situación obliga a establecer prioridades y sostuvo que la gestión municipal concentrará sus esfuerzos en la atención sanitaria, la contención social y el sostenimiento de los servicios esenciales”.
“Las prioridades que nosotros observamos tienen que ver con la contención en materia de salud pública y con la cuestión social”, expresó, al advertir que la pérdida de empleos industriales también provoca que numerosas familias pierdan su cobertura médica y deban recurrir al sistema municipal de salud.
Díaz también se refirió al transporte público, donde se registra una caída cercana al 26% en la cantidad de usuarios. Confirmó que “se trabaja en un nuevo pliego de concesión para actualizar recorridos, frecuencias y herramientas tecnológicas, pero advirtió que la continuidad del acompañamiento económico municipal depende de contar con los recursos necesarios”.
“Queremos seguir teniendo una política de transporte con acompañamiento municipal, pero eso solamente lo podemos hacer si hay recursos”, señaló.
Sostener los servicios y la obra pública frente a la crisis
El Presupuesto 2027 establece como prioridades una inversión de $18.682 millones en salud, aproximadamente $6.670 millones para fortalecimiento alimentario, cerca de $38.986 millones destinados a servicios ambientales y más de $5.000 millones para el transporte público.
También contempla un Plan de Obras Públicas por $20.105 millones, distribuido en 37 intervenciones vinculadas con infraestructura, mejoramiento vial, saneamiento y generación de suelo urbano.
“La obra pública no solamente nos va a permitir terminar proyectos que están encaminados con recursos municipales, sino que también es motor de la economía, motor de crecimiento y generador de empleo”, destacó Díaz.
En materia tributaria, Capotorto explicó que “el proyecto propone una bonificación del 60% sobre la Unidad Fiscal, que llevaría su valor a $508 durante 2027, por debajo de los $537,72 actuales, además de beneficios para contribuyentes cumplidores y pagos anticipados, la política tributaria de Río Grande no es incrementar impuestos”, concluyó.
