El gobierno nacional modificó el decreto 727 e incorporó a las entidades nacionales dentro de las posibles inversoras en obras de infraestructura. Con esto recorta la posibilidad a la provincia y a los municipios de hacerse del 40% del FAMP, y ahora deberán compartir esos recursos con inversiones nacionales. Para el contador Ramón Gallardo la medida es altamente positiva, porque bajo el paraguas de “ordenamiento territorial”, que es uno de los conceptos de inversión, se pretendía financiar pavimento o veredas, obras que deberían ser solventadas con fondos propios de la provincia y los municipios. El nuevo decreto no determina cuánto de ese 40% disponible para los sectores estatales quedará en manos de los fueguinos y cuánto se lo repartirán instituciones
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