Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación, expresó su profunda preocupación por el cierre de Vialidad Nacional, calificándolo como una “catástrofe”. Aleñá enfatizó la falta de claridad en el decreto que ordena este cierre, señalando que no se especifica quién se encargará de la conservación de las rutas no concesionadas ni qué sucederá con los fondos recaudados del impuesto al combustible. Por otra parte, ayer la Justicia Federal de San Martín ordenó suspender por seis meses el decreto del gobierno de Javier Milei para impedir que avance con el cierre del organismo. La decisión judicial frena el desguace hasta que se determine la constitucionalidad del decreto que disponía su disolución. Río Grande.- En
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