El Intendente de Río Grande y Gobernador electo Gustavo Melella salió a respaldar la modificación de la Ley Provincial 1.210. “Se ha dado un paso muy importante en la recuperación de los derechos de nuestros jubilados, un compromiso que asumimos junto a la Vicegobernadora electa, Mónica Urquiza, y a los legisladores electos que se hace realidad”, recalcó el mandatario.
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En la jornada del martes, se realizó un allanamiento en una vivienda de calle Los Ñires. Todo se inició cuando el pasado lunes ocasión en que una joven que se encontraba caminando por la zona céntrica de Río Grande fue abordada por un sujeto que apareció corriendo y la tocó en sus partes íntimas. El depravado llevaba puesto una gorra y un cuello de color negro. La víctima rápidamente opuso resistencia y pidió ayuda, sin embargo, el sujeto logró darse a la fuga.
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Así lo anticipó el candidato a Senador Nacional, Juan Carlos Arcando, quien integra la Mesa de Conducción de Consenso Federal. Este espacio decidió instar al Gobierno a poner en práctica un programa de Emergencia Alimentaria a raíz de la grave situación social que atraviesan millones de argentinos en todo el territorio nacional.
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El Gobierno provincial declaró –vía decreto 2446/19- asueto administrativo para todo el escalafón húmedo de la Administración Pública provincial, para el viernes 20 de septiembre, en el marco del Día Provincial de los Trabajadores de la Sanidad establecido por ley Provincial Nº 322 para cada 21 de septiembre.
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Se investiga a la empresa por el delito de “daños agravados, daño ambiental y a bienes culturales”, para el caso de los yacimientos arqueológicos. También fueron imputados los dos obreros que ingresaron con motosierras a talar árboles en la zona de Río Encajonado. El fiscal advirtió que “esto recién empieza” y que podría haber más derivaciones, a partir de la información que solicitó al Ministerio de Obras Públicas, la Secretaría de Cultura, la de Medio Ambiente y la Dirección de Bosques. Deberán entregar a la justicia el pliego de licitación, el contrato con la empresa, detalles de la traza, de la zona de desmonte, y los estudios de impacto. “La acusación puede ampliarse, puede haber la comisión de otros delitos,
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La presidente de la asociación Bahía Encerrada, Stella Maris Domínguez, recordó todas las observaciones realizadas al gobierno fueguino, que fueron desoídas, no sólo desde los ambientalistas sino desde los entes de control. Lamentó haber tenido que llegar a una denuncia penal, pero celebró que la justicia esté actuando y haya avanzado con las primeras imputaciones. Coincidió con la posición de la vicegobernadora electa de parar la obra y revisar todo lo actuado. “De parte de los funcionarios es la primera vez que escucho una posición clara, bien intencionada y queriendo hacer bien las cosas”, dijo.
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