Después que los representantes de Textil Río Grande confirmaron que la empresa no pagará los haberes a los trabajadores suspendidos, los operarios confirmaron que evalúan las posibles acciones para reclamar por su situación. Son 60 familias que podrían perder sus puestos de trabajo, aún están esperando que la ministra de Producción, Karina Fernández, los atienda.
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