Es el lugar donde funcionaba un local nocturno y en 2012 se desbarató una red de trata de personas. Originalmente la propiedad iba a ser destinada a organismos estatales, pero un fallo de la Cámara de Casación Penal en 2018, estableció que se le debe dar prioridad al pago de un resarcimiento económico a Alika Kinán, una de las víctimas del caso que fue querellante contra sus captores.
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