El abogado de las tres organizaciones que demandaron al gobierno por la obra de la ruta de la costa puso en duda que pueda iniciarse, hasta tanto no se realice el estudio arqueológico “como corresponde”. Explicó que la demanda original por intereses difusos se dividió en dos: el juez Fernández admitió su competencia en lo que atañe al relevamiento arqueológico, y paralelamente debe resolver el recurso de amparo para frenar la audiencia pública. Por otra parte, derivó al Superior Tribunal la competencia sobre la licitación en sí y el estudio de impacto ambiental. Hasta ahora se desconoce si habrá un pronunciamiento antes del 11 de diciembre.
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