Arroyo cuestionó la prórroga de la intervención del puerto

La secretaria de Coordinación Legal del Gobierno provincial aseguró que la resolución que extendió la intervención incorpora argumentos que calificó como “una fundamentación totalmente dibujada”. Sostuvo que de las nueve obras informadas por Nación como iniciadas, solamente una se encuentra actualmente en ejecución y afirmó que los trabajos restantes ya estaban contemplados en el plan de la Dirección Provincial de Puertos. También advirtió sobre la situación de los trabajadores cuyos salarios continúa pagando la Provincia.

Río Grande. -La secretaria de Coordinación Legal del Gobierno de Tierra del Fuego, María de los Ángeles Arroyo, confirmó que el Ejecutivo provincial prepara nuevas presentaciones judiciales y administrativas tras ser notificado de la prórroga de la intervención del puerto de Ushuaia. 

La funcionaria adelantó que “estamos, nos notificaron el día de ayer de esta extensión, esta prórroga de la intervención y estamos analizando y redactando las medidas dentro de la estrategia legal que tenemos en curso tanto en la Corte como en la cuestión administrativa por parte de la Dirección de Puertos. Estamos analizando diferentes estrategias. Claramente esto va a estar presentado en nuestra causa, la causa que presentó la Provincia en la que está tramitando la Corte Suprema, como un hecho nuevo y como un agravante más de esta intervención”, explicó en diálogo con FM del Pueblo.

Arroyo sostuvo que la resolución 69, mediante la cual se extendió la intervención, aporta nuevos elementos para cuestionar los fundamentos de la medida nacional. En ese sentido, recordó que “esta intervención se fundó en las supuestas, entre comillas, deficiencias en la infraestructura del puerto. Nosotros venimos afirmando que esto no es así y la prueba clara de esto es que el puerto siguió funcionando de manera normal, recibió la cantidad de recaladas que estaba dispuesta, no hubo ningún inconveniente en estas recaladas, ningún incidente, ningún accidente en referencia al estado de la infraestructura”.

En esa línea, cuestionó especialmente el contenido del plan de obras presentado por las autoridades nacionales para justificar la continuidad de la intervención. Según detalló, el documento divide los trabajos en dos categorías: obras en curso y obras proyectadas. Sin embargo, afirmó que la información incorporada al anexo contradice la situación real de los trabajos.

“De las obras que supuestamente están en curso, que son nueve obras, solamente una está en curso desde el mes de septiembre, que es un cambio en el frente del muelle comercial, en las defensas del muelle. Esta es la única obra que sí está en curso en este momento, por lo cual las siete restantes están programadas para diciembre del 2026, para enero del 2027, para enero de 2028 hasta diciembre de 2029. La reparación del sitio 1 está programada para enero, ninguna está en curso”, afirmó.

Para la funcionaria, esta situación representa una irregularidad de gravedad institucional, ya que las obras que Nación presenta como fundamento de la intervención ya estaban contempladas en la planificación del organismo provincial.

“Es grave que envíen esta información, es grave que mientan de esta manera en actos administrativos y la gravedad que implica que eso sea el fundamento de una intervención provincial y de una intervención hacia nuestro puerto y el apoderamiento de todos los ingresos que está recaudando el puerto de Ushuaia”, manifestó.

Arroyo explicó que, de acuerdo con el análisis realizado por el área legal, los expedientes correspondientes a esos trabajos ya se encontraban en trámite dentro de la Dirección Provincial de Puertos, con procesos administrativos vinculados a licitaciones y elaboración de pliegos.

“Todas estas obras estaban tramitando desde la DPP y hemos hecho un análisis de esto, están los expedientes en curso, por lo cual no era algo que la DPP estaba dejando de hacer, sino que estaban en trámite de licitación, realizando los proyectos de pliego y demás, y estaban totalmente previstas dentro del plan de obras de la Dirección Provincial de Puertos”, remarcó.

Además, sostuvo que “ellos tenían esta información cuando ellos hacen la inspección en el mes de septiembre, hace dos años, ellos se llevaron toda esta información, por lo cual estaban en conocimiento que eso estaba programado dentro de las obras, del plan de obra de la Dirección de Puertos para el puerto de Ushuaia, porque son experiencias a las que ellos pudieron acceder”.

 

Cuestionamientos al plan de obras y a la extensión de la intervención

 

Consultada sobre la posibilidad de que las fechas proyectadas hasta 2028 impliquen una intención de extender la intervención durante ese período, Arroyo manifestó su preocupación y cuestionó que la prórroga no esté respaldada por motivos debidamente fundamentados.

“Nosotros entendíamos que iba a extenderse, que iba a prorrogarse, porque en la resolución número 4 lo permitía, pero la resolución 4, cuando hablaba de la prórroga, disponía que debería ser por motivos fundados. Nosotros entendemos que no son motivos fundados hacer una proyección de obras, durante 10 meses no hicieron nada y ahora que hay que prorrogar, realizaron este plan de obra”, sostuvo.

También cuestionó la calidad técnica de la documentación presentada por Nación y consideró que “la verdad es que son bastante paupérrimos técnicamente. Yo tengo experiencia porque he trabajado en obras públicas, así que tengo experiencia en pliegos, en ver informes técnicos y demás, y esto lo puede hacer cualquiera con un par de fotos en inteligencia artificial, cualquiera de nosotros que esté hablando y escuchando esa nota lo puede hacer, porque es un mero relato de algunos trabajos que se podrían hacer tomando una foto como modelo”.

“No es un informe de una agencia que tiene la responsabilidad de inspeccionar todos los puertos de la Argentina, que debería tener un personal técnico, un equipo técnico que pueda desarrollar un plan de obra serio”, agregó. 

Por otra parte, se refirió a las notas que la Dirección Provincial de Puertos y otros organismos remitieron a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) para obtener información sobre las decisiones adoptadas durante la intervención.

“Nosotros desde la Dirección de Puertos, como otros organismos, han remitido notas a la ANPYN para que se informe, y la realidad es que no responde ninguna nota”, aseguró.

En ese contexto, consideró “sería importante que respondan tanto al Tribunal de Cuentas, a la DPP, sobre los fondos que están percibiendo, el destino de ellos”, expresó.

Asimismo, volvió a poner en duda la magnitud de los trabajos informados en el plan de modernización y señaló que la mayoría tiene plazos de ejecución reducidos.

“Te mencionaba que la mayoría de las obras son de uno o dos meses de extensión, en el plazo de ejecución, por lo cual son obras menores, claramente no es una modernización del puerto de Ushuaia, y además recalcar que estaba previsto en el plan y estaban iniciados los expedientes para hacer esos mismos trabajos”, explicó.

 

La situación de los trabajadores

 

Otro de los puntos abordados fue la situación del personal que quedó fuera de la estructura laboral tras la intervención y cuyos salarios continúa afrontando el Gobierno provincial.

Arroyo sostuvo que “cualquier intervención, si bien toma la administración, pero lo hace junto con todos sus trabajadores, realiza las transferencias, los pagos y demás dentro de las cuentas de los organismos que se intervengan. Nunca se desplazó de esa manera y se direccionó el curso de los ingresos de la institución o del organismo que se intervenga. La realidad es que es muy irregular toda la maniobra”.

En cuanto a los salarios de los trabajadores que quedaron fuera de la estructura, indicó que la gestión provincial asumió el compromiso de garantizar esos haberes, aunque advirtió que sostener esa obligación podría volverse cada vez más complejo si la intervención continúa extendiéndose.

“Respecto a los trabajadores, la gestión provincial ha tomado el compromiso de hacerse cargo de esos haberes. La realidad es que sí, si esa intervención excede, se complica hacernos cargo de que la Provincia se haga cargo de esos salarios”, señaló.

Finalmente, sostuvo que “entiendo que la mirada del gobernador es siempre una mirada social y de sostener a los trabajadores, por lo cual seguramente encontraremos alguna solución, pero la solución definitiva es que el puerto vuelva a la administración provincial”, concluyó.