“Es una medida arbitraria y centralista que no piensa en la Patagonia en su conjunto”, afirmó Bertone

Así lo aseveró la gobernadora de Tierra del Fuego, luego de que en el día de ayer se reuniera en el Senado nacional con el parlamentario Miguel Ángel Pichetto, los fueguinos Catalán Magni y Nato Ojeda y el ministro de Trabajo de la provincia, Claudio Carrera, donde el objetivo del encuentro fue acordar acciones para lograr la derogación del decreto nacional 702, que perjudica a los habitantes de las provincias patagónicas y de algunas regiones del norte argentino. Además adelantó que este miércoles 1 de agosto al mediodía se realizará una reunión con los senadores patagónicos en el salón Illia del Senado nacional.

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“Es un golpe económico y moral muy duro del gobierno nacional”

El intendente Gustavo Melella lamentó la necesidad de tener que volver a recurrir a la justicia, con una presentación contra el decreto de ajuste a las asignaciones familiares, como lo hizo ante el primer tarifazo de gas. Recordó que la gestión Macri decía tener “una mirada federal” y prometía “cambiar la historia”, pero “lo único que han demostrado es una gran centralización y una mirada al ombligo”, cuestionó. El intendente además dio a conocer negociaciones con Audivic, los trabajadores y el sector sindical, para no perder la fuente de trabajo. “Si el municipio tiene la certeza de que los trabajadores cobran y se va a reactivar la empresa, vamos a poner los fondos que se necesiten”, adelantó, sobre un crédito

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“Tenemos una variación de entre el 50 y el 75% en las distintas asignaciones”

El senador fueguino espera hoy más adhesiones al proyecto ingresado el viernes con la firma del jefe de bancada Miguel Pichetto y el senador Julio Catalán Magni. Boyadjián adelantó su acompañamiento y también otros parlamentarios del oficialismo. El miércoles habrá una reunión clave de senadores del oficialismo y la oposición, todos de la Patagonia, para resistir estos avances del gobierno nacional sobre la región.

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Los planes REDSOL superan los 3.500 y hay un número similar de módulos alimentarios

La ministro de Desarrollo Social de la provincia, Paula Gargiulo, informó sobre la profundización de la crisis, el aumento de la demanda, y la falta de respuesta del gobierno nacional respecto de la actualización de programas. Actualmente la nación aporta 188 pesos para la tarjeta social y el resto lo absorbe la provincia. También se busca dar contención a las familias metalúrgicas, que atraviesan situaciones críticas por despidos, además de continuar con tareas de promoción social, capacitación a emprendedores, entre otras. La funcionaria estimó “entre cinco o seis personas” que a diario buscan ayuda para pagar el alquiler o los servicios.

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