Era una emisión de fondos destinados a infraestructura pero que se usaron para gastos corrientes. Se trata de un título bajo legislación estadounidense que vence en 2027. Quiere aplazarlo hasta 2030. Además, busca el consentimiento de los tenedores para cambiar los términos de pago de interés y capital. Desconcierto entre inversores por la jugada del gobierno provincial.
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