El legislador del FPV advirtió sobre las consecuencias del decreto de necesidad y urgencia conocido ayer, dado que el pacto fiscal garantizaba el cobro del fondo de la soja. Planteó que se daría un incumplimiento de parte de nación del acuerdo firmado, que podría eximir a las provincias de las obligaciones contraídas. En términos políticos, la medida acelera el proceso de unidad del peronismo a fin de evitar un nuevo mandato de Mauricio Macri y consolidar una alternativa de gobierno.
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El Gobierno nacional convocó a audiencia pública para el día 4 de septiembre para tratar nuevos aumentos en la tarifa del gas. El mismo está estimado en un 25% y comenzaría a regir desde el 1 de octubre.
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El jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz informó sobre las reuniones mantenidas ayer con el equipo económico del Municipio de Ushuaia y la comunicación del ministro de Economía José Labroca con los Municipios de Río Grande y Tolhuin, ante el recorte del fondo de la soja, que significará una merma de recursos coparticipables de 160 millones para este año y de 300 millones para 2019. Apuntan además a consolidar un bloque patagónico para reclamar a diputados y senadores el rechazo al decreto de necesidad y urgencia. Más allá de las diferencias, “trataremos de estar en la misma mesa y realizar acciones conjuntas”, dijo.
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“No podemos permitir que el Gobierno nacional decida unilateralmente la aplicación de medidas de ajuste y de recorte de derechos en forma inconsulta y con una mirada totalmente centralista”, afirmó el jefe del Ejecutivo de Ushuaia.
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El concejal Paulino Rossi participó el domingo del informe de Periodismo Para Todos, en el que se expuso el presunto sobreprecio en la ruta que une San Sebastián con el Hito 1. Pidió “extremar los controles» en la provincia, porque observa los mismos actores tanto del sector político como empresario, vinculados con la corrupción de la gestión kirchnerista.
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Las legisladoras Angelina Carrasco y Marcela Gómez participaron del multitudinario encuentro de representantes patagónicos en la ciudad de Bariloche, donde asistieron diputados, senadores, legisladores provinciales, intendentes, concejales, rectores de las universidades patagónicas y referentes sociales y sindicales de toda la Patagonia, con el objetivo de delinear acciones para frenar el decreto 702/18 que recorta las asignaciones familiares en la región sur.
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