El abogado y constitucionalista de la ciudad de Ushuaia tomó posición frente a la política tanto nacional como provincial que plantea la expulsión de extranjeros que cometen delitos. Afirmó que hay herramientas en la provincia, como la flagrancia, que permite juicios sumarísimos y la expulsión en cuanto se dicta la condena. La figura no existe a nivel nacional y, a su criterio, debería ser materia de abordaje en el Congreso nacional. También opinó sobre el aumento del narcotráfico en la Patagonia y en Tierra del Fuego en particular, y marcó como principal punto débil el puerto de Ushuaia, que todavía no cuenta con un escáner de contenedores. Recordó que está considerado por las agencias internacionales como un “puerto de alto
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