Categoría: Politica

La diputada de FORJA Mabel Caparrós tomó distancia de sus asesores de Leolabs, uno de ellos su ex yerno, y argumentó que son parte de un estudio jurídico y no tienen “dedicación exclusiva” como asesores de bloque. Por la información que recabó, afirmó que la empresa que instaló los radares “es norteamericana” y no vio inconveniente en el origen de los capitales para otro tipo de emprendimiento. Para el caso de temas sensibles, como los radares, consideró que deberá haber alguna legislación específica. “Yo confío en el Gobierno provincial, porque defiende a las Malvinas como nadie, y confío en el Gobierno nacional, porque ha hecho mucho por el Atlántico Sur”, subrayó, descartando que cualquiera de ellos tome alguna medida que

Así lo reprochó la representante del sector pasivo de la Caja de Jubilaciones, Patricia Blanco, criticando la suma fija de 25 mil pesos que otorgó el Gobierno de la provincia para quienes cobren hasta 350 mil pesos, suma que también alcanzará al sector pasivo. En este sentido recordó que “esta misma dirigencia que hoy otorga esta suma fija es la misma que criticaba al gobierno de Bertone cuando la ex Gobernadora daba un bono a los empleados públicos”. Resaltó que “la suma fija no sirve para nada, la tenemos hoy, el mes que viene ya no la tenemos, no hablamos ni del aumento de mayo, no hablamos de junio, no hablamos de aguinaldo, y aceptamos lo que aceptamos, la verdad que

En la segunda sesión ordinaria del año, la Legislatura de la provincia suspendió la aplicación de la Ley 1075 desde el pasado 22 de junio hasta el 31 de diciembre de este año, que entre otras cosas modificaba las potestades vinculadas al cobro del Impuesto Inmobiliario. Cabe recordar que tras años de litigio, la Corte ratificó el fallo del Superior Tribunal de Justicia, que ya había resuelto la cuestión defendiendo la posición oficialista. Esto motivó a que el conflicto regresara a su arena natural: la política. También sancionaron normas referidas a Educación, Código Fiscal y DDHH. Asimismo mediante una resolución, el hospital Ernesto Löffler de Río Grande, deberá garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que instrumenta