El ministro de Finanzas Públicas Federico Zapata explicó las razones del proyecto del Ejecutivo que plantea extender la suspensión de la aplicación de la ley 1075, en lugar de la derogación. No renunciaría al cobro del impuesto inmobiliario sino que busca postergar el cumplimiento del fallo para no interferir con los presupuestos de cada municipio que se están ejecutando. A partir de 2024 la AREF sería la encargada del cobro y podría designar a los municipios como agentes de retención. Todo es materia de negociación pero, aunque se derogue la ley, la facultad de percibir los impuestos directos es de la provincia y así lo estableció el fallo judicial, subrayó.
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