Las agencias de remises de Río Grande iniciaron una acción judicial contra la Ordenanza Municipal N° 4626, que busca incrementar controles en este servicio. La ordenanza entre otros puntos busca garantizar el trabajo al menos de 8 horas diarias de cada vehículo, y que las patentes no están en manos de empleados públicos, y este es uno de los puntos cuestionados. Consideran que los artículos son violatorios de garantías constitucionales.

Un informe interno de la Dirección de Tránsito del Municipio de Río Grande dio cuenta que, en 6 meses, desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre del 2023, se incautaron un total de 22 vehículos que llevaban adelante en el momento de ser infraccionados, la actividad de transporte de pasajeros mediante plataformas digitales como Uber. Solo uno de ellos fue judicializado, por lo que este año podrían entrar en curso nuevas apelaciones.