El contador Ramón Gallardo analizó los alcances del decreto de prórroga para las empresas textiles y consideró que las empresas deberán analizar si es conveniente continuar con inversiones, con un horizonte que no alcanza para recuperarlas. Alertó sobre el tratamiento del presupuesto y la separata, que podría replicar para todas las empresas radicadas la reducción de beneficios plasmada en el Decreto 594/2023. También se modifica la integración de la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE) perdiendo su banca la Municipalidad de Río Grande y Ushuaia, aumentando el número de integrantes de 7 a 9, con más peso de parte del Estado nacional. Asimismo, las empresas tienen que estar al día con todas las obligaciones tributarias y previsionales, tienen que cumplir

El apoderado de CAFIN aseguró que se manejaron otros borradores mucho más perjudiciales, desde la no prórroga, hasta un plazo de dos años, por lo que el decreto publicado ayer es lo mejor que se pudo conseguir. Atribuyó al lobby empresario la demora en resolver esta situación y, con cinco años prorrogables por otros cinco, quedará en cada empresa radicada la evaluación de las inversiones a realizar. Respecto del aumento de la tasa de verificación de procesos productivos, lamentó que no existiera una convocatoria para analizar la situación e informó que algunas empresas han decidido judicializar esta decisión del Gobierno.