En una semana dedicada al homenaje a los Héroes de Malvinas, el diputado Héctor Stefani planteó la incongruencia de que todavía esté instalado en Tolhuin el radar de Leolabs. No emitió opinión sobre la visita de Milei y de Laura Richardson, pero sí sobre el paso de Grabois por la Universidad de Tierra del Fuego, que a su criterio la tomó como “una base de adoctrinamiento de estudiantes”. Sobre el puerto en Malvinas, instó a mejorar la infraestructura propia para poder competir.

La vocal por los pasivos de la caja de previsión descartó de plano que vayan a existir inconvenientes para el pago de las jubilaciones, después de la aprobación de la ley de financiamiento a la OSEF y el DNU que quita los fondos de ANSES. Aclaró que solamente se percibió dinero del ente nacional en 2018, por lo cual no hay una quita y, en el caso del financiamiento a OSEF, aseguró que la caja no tiene déficit y traerá soluciones a los jubilados, que son los que más requieren de prestaciones médicas.

Las y los profesionales de los hospitales y CAPS están realizando asambleas informativas por la mañana y por la tarde. Es porque no se resuelve la cuestión salarial y sigue el éxodo de médicos y médicas. Reclaman ingresar a paritarias y advierten que les interesa “mucho el tema de la salud pública, nos interesa que la salud pública esté fortalecida en esta situación de crisis, donde vemos la transferencia de los pacientes, porque no pueden asistir al privado, pero tiene que haber una política y una política salarial”, remarcaron.

Liu Zhinjang, titular de pesquera Prodesur y del barco Tai An, está enfrentando una situación legal tras una multa de 115 millones de pesos que tuvo que pagar. El barco está amarrado en el puerto de Ushuaia y se espera la compra de la merluza negra para seguir operando. Aseguró que “hay dos empresas que están pescando en Malvinas, lo que es ilegal” y que su situación es solo una “infracción” por exceso de pesca. La cuota de merluza negra en Argentina está monopolizada por tres grandes empresas: Argenova, Estremar y Pesantar, que consiguieron que el Consejo Federal Pesquero (CFP) emitiera un acta en 2019 que dejó afuera a la compañía Prodesur y “habilitó” oficialmente la cartelización de la actividad,