Mediante el decreto 1988/18, la gobernadora Rosana Bertone declaró “de Interés Provincial” a la labor institucional que viene llevando adelante la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, a la vez que ratificó el acompañamiento de su gestión a las acciones emprendidas por los Veteranos de Guerra para sostener el reclamo soberano y la vigencia de la Causa.

En mayo pasado el fiscal federal de Río Grande Marcelo Rapoport, con asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, pidió por primera vez –y luego de una década– la detención y declaración indagatoria de 26 militares. Ahora Jorge Eduardo Taranto, uno de los imputados acusado de “estaquear” combatientes, pidió el cierre de la causa por considerar que los delitos ya prescribieron. El diario La Nación salió a respaldarlo. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia deberá decidir la suerte de este caso el 8 de agosto próximo.