El concejal radical Paulino Rossi aseguró que la provincia pretende avanzar con el revalúo inmobiliario previsto en la ley 1075, que aumentaría la presión fiscal sobre los vecinos de Río Grande. Cuestionó la “falta de razonabilidad”, al complicar la situación de los vecinos en la coyuntura económica actual y recordó que esos fondos no vuelven en obras de la ciudad, sino que van a la caja de jubilaciones. Desde el Ejecutivo, el secretario Federico Runín descartó la posibilidad de reconocer al inmobiliario como un impuesto provincial y confirmó la presentación del recurso de queja a la Corte Suprema.

La concejal por FORJA criticó el accionar del gobierno provincial con respecto a la judicialización del cobro del Impuesto Inmobiliario aseverando que tenemos un Estado “provincial con resabios burocráticos y centralistas, como así también bastante irrespetuosos”. Resaltó que hoy todo el “arco político está hablando de esta irrespetuosa normativa que irrumpe en las autonomías municipales, pero nosotros como concejales debemos avanzar y defender los recursos del municipio”. Recordó que “esto fue aprobado en aquella noche ‘trágica’ en la provincia, donde la Legislatura dio muestras claras de su accionar genuflexo en el marco de su adicción al gobierno provincial”. Remarcó que el “Concejo Deliberante determinó en aquel momento presentar un proyecto de ordenanza en interbloque por el cual decidió no adherir