“Necesitamos funcionarios sin dependencia del mundo de las drogas ilegales”

El legislador del MPF Pablo Villegas analizó las implicancias de la ley antidoping aprobada el viernes, como un paso importante en la lucha contra el narcotráfico. Planteó que no puede haber funcionarios que tienen responsabilidad de combatir este flagelo y mantienen contacto con el mundo de las drogas ilegales. Aun como meros consumidores, subrayó que al comprar las sustancias necesariamente se relacionan con quienes la trafican. Esta ley “es un mensaje de la Legislatura a toda la sociedad”, remarcó, y apuntó al objetivo de impedir que el narcotráfico se enquiste en los poderes del Estado.

Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas analizó por Radio Provincia las implicancias de la ley aprobada el viernes pasado que establece la obligatoriedad a todos los funcionarios de hacerse exámenes periódicos para detectar el consumo de sustancias ilegales.

“Durante 2016 y 2017 este proyecto tuvo tratamiento en la comisión de seguridad, pero no tuvo dictamen para tratarla en el recinto. Ese proyecto cayó, fue girado a archivo, y a principios de este año se presentó en forma conjunta con los distintos bloques y esto permitió que se aprobara por unanimidad”, dijo.

Definió a la ley como “un requisito de permanencia en el ejercicio de la función pública”, que consiste justamente en “carecer de adicciones a drogas ilegales”.

“Los funcionarios abarcados son de los tres poderes del estado, entes autárquicos y descentralizados y órganos de contralor. El examen “es un mecanismo de uso corriente para cualquier empleado que ingresa al sector privado -aseguró-, porque se hace una detección de metabólicos de drogas ilegales en orina o cualquier sistema que pueda dar la mayor certeza posible, como pueden ser estudios de sangre, y la ley prevé que se puedan utilizar otros mecanismos en función de tener una mayor efectividad”.

“Lo que me motivó en términos personales para acompañar este proyecto de ley es que un funcionario público que toma decisiones en representación del pueblo de la provincia, tiene que estar absolutamente libre y no tener ningún tipo de limitación ni psicológica ni física, ni psíquica, por una adicción a una droga ilegal. Esa libertad absoluta es garantía de una mayor idoneidad y, en los tiempos que corren, frente a este avance del narcotráfico en las distintas jurisdicciones provinciales, es una forma de marcar la cancha también”, enfatizó.

Mencionó en particular a “los funcionarios que se encuentran en áreas de seguridad, un funcionario policial, o del sistema penitenciario, también los propios funcionarios de la Secretaría de Seguridad, que no pueden estar de los dos lados del mostrador. O son funcionarios totalmente carentes de cualquier adicción a una droga ilegal o se tienen que ir de la función pública, porque no tiene sentido que quien elabora o ejecuta políticas públicas en la materia, esté sometido en su libertad psíquica, emocional y física a la adicción a una droga ilegal”, sostuvo.

Justicia incluida

Durante la sesión se estableció un cuarto intermedio y se acordaron modificaciones al proyecto, para incluir al Poder Judicial. Sobre este tema Villegas indicó que “originalmente abarcaba al Ejecutivo y Legislativo e invitaba al resto a adherir. Yo soy un hombre del derecho y se había redactado que se ‘invitaba’ al poder judicial a adherir, en función de la garantía de inamovilidad que tienen los jueces. Veía complicado en esos términos que la exigencia saliera automáticamente por ley, y también en función de la autonomía de un poder del Estado como el judicial. Al momento de la sesión hubo legisladores que opinaron de forma contraria y se terminó incluyendo la obligatoriedad del estudio a jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial”, dijo.

Dado que algunos adelantan que se va a cuestionar la constitucionalidad de la norma, porque se afectaría el derecho a la intimidad, Villegas contrapuso que “sinceramente a uno no lo tiene que escandalizar que eso suceda, porque es poner en juego el sistema republicano de gobierno. Toda ley que sanciona el Poder Legislativo puede ser sometida a un test de constitucionalidad, si un juez así lo entiende. Es una atribución del poder judicial que el constituyente se ha reservado para mantener el equilibrio de poder”, valoró.

“Personalmente tengo una opinión y creo que las garantías individuales o el derecho a la intimidad, en función del fallo Arriola de la Corte Suprema de 2009, ceden frente a la calidad de ser funcionario público”, argumentó, con algún antecedente favorable en un planteo análogo que se hizo en otra provincia.

El legislador expuso que “un funcionario público no es una persona cualquiera ni un mero empleado de la administración, sino que es el que tiene la potestad y atribución de tomar decisiones de carácter institucional y político, a la par de administrar recursos que no son propios, y esto puede generar consecuencias para toda la sociedad.Por eso los estándares de idoneidad y exigencia para un funcionario público tienen que ser mucho más altos que para cualquier particular, y eso sinceramente me convenció de acompañar este proyecto”.

Plazos para el examen

Consultado sobre el plazo de aplicación efectiva de la ley, dijo que “se estableció un plazo de 30 días de reglamentación a partir de la promulgación y publicación. El examen debiera realizarse en los cuatro meses siguientes. Se da un tiempo para que los distintos organismos puedan determinar ante quién y cómo se va a hacer ese procedimiento, que es de uso normal y corriente para cualquier empleado privado que debe hacer el test ocupacional para ingresar a trabajar”, reiteró.

Aclaró que el análisis “es mucho más amplio que una rinoscopía, que es un estudio médico que tiene por fin verificar el estado del cartílago de cada nariz, que se ve afectado cuando se consume determinado tipo de droga, como la cocaína. Pero la rinoscopía de por sí no determina que una persona consume drogas, sino que tiene una lesión que podrá o no ser producto del consumo de una droga ilegal. En esta ley se prevé un estudio superior, a través de la detección de metabólicos en orina, y deja abierta la posibilidad de que, si existe un estudio que dé mayor certeza y confiabilidad, como el de sangre, se pueda realizar”.

Agregó que el examen prevé la toma de dos muestras, una para un primer análisis y una segunda que se preserva en caso de apelación o que se requiera de un nuevo estudio. “La seguridad de las muestras es fundamental a los efectos de dar garantías al funcionario que se realiza el estudio, y también a la sociedad de que esto no va a ser objeto de ningún tipo de manipulación”, expresó Villegas, con la salvedad de que cada poder definirá cuál será su autoridad de aplicación.

“La ley prevé el sistema y lo demás lo determinará la reglamentación y cada órgano del estado tendrá que determinar ante qué autoridad se realiza el estudio. En el ámbito del Poder Ejecutivo la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud”, dijo del único caso que ya está definido.

En ejercicio y para ingresantes

Todos los funcionarios comprendidos deberán someterse al análisis y además todos los que ingresen a la función pública de ahora en más. “Esto es un requisito de permanencia y de ingreso”, remarcó el legislador.

“Cada poder del estado determinará la modalidad del estudio como condición de la designación. Es una condición de ingreso y de permanencia, y luego una vez al año se tiene que repetir el estudio”, apuntó.

Un mensaje de la Legislatura

Villegas concedió que “este tipo de leyes generan suspicacias y van a generar polémica, pero hay que tratar de impedir que el narcotráfico ingrese a los poderes del estado. No es la única, pero es una forma y un aporte, además de un mensaje que está enviando el Poder Legislativo a la sociedad”, enfatizó.

“Necesitamos funcionarios sin esta dependencia del mundo de las drogas ilegales, porque quien es adicto, más allá de que debe ser considerado como una enfermedad, de una u otra manera toma contacto con ese mundo ilegal de comercialización de estupefacientes, aunque tenga la droga para consumo personal. Evidentemente la tiene que comprar a quien la comercializa, y allí no hay dudas de que se trata de un delincuente”, sentenció, por lo cual como mínimo hay un acto de encubrimiento u omisión de denuncia de parte del funcionario que consume.

Por último se le preguntó sobre las razones de la demora en el tratamiento de este proyecto ingresado desde el inicio de la gestión. “Sin los dos bloques mayoritarios del FPV y la UCR-Cambiemos, no sale ninguna ley -respondió Villegas-. Nosotros no tenemos los votos ni siquiera para sacar un dictamen positivo, y siempre debemos tener la venia del bloque oficialista. Creo que esa respuesta la tendrían que dar los representantes de los otros bloques”, señaló.

Asimismo, se hizo eco de la repercusión nacional que tuvo esta ley, con la expectativa de que se siga replicando. “Hay muchos proyectos dando vueltas en distintas jurisdicciones, pero pocos sancionados. Tengo entendido que en la provincia de Tucumán hay legislación al respecto, en Chubut en su momento hubo un decreto que establecía la obligatoriedad de la rinoscopía. Esos son los antecedentes que he podido ver, pero me parece que para evitar que el narcotráfico se meta en la estructura del estado, aparte de la palabra hay que ponerle el cuerpo”, instó.

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